Santa Fé (EP) 11 de Octubre. – El proyecto de ley para establecer un sistema de certificación de la eficiencia energética de las construcciones ya ingresó en la Legislatura de la provincia de Santa Fe. La idea es extender la práctica a nivel nacional.

La provincia de Santa Fe es la primera del país en desarrollar y llevar a la práctica un sistema aplicativo para determinar un “índice de prestación energética” para clasificar la eficiencia de las viviendas, de un modo análogo al que ya poseen las heladeras o los equipos de aire acondicionado.

El proyecto de la Ley de Etiquetado de Viviendas que ya fue presentado en la Cámara de Diputados provincial apunta a que cada vivienda tenga un certificado que brinde información al usuario sobre su eficiencia en el consumo de energía, y que éste sea un instrumento de decisión adicional a la hora de alquilar o comprar una propiedad.

La primera semana de octubre se presentaron los primeros resultados de la prueba piloto que se inició el abril. En ese contexto, autoridades de la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética del Gobierno Nacional anunciaron la intención de extender el programa a todo el país.

Los datos del relevamiento de 516 viviendas en la ciudad de Rosario se usarán para ajustar detalles del aplicativo y validar el sistema de implementación. La investigación y el desarrollo del aplicativo está a cargo de profesionales de la Secretaría de Estado de la Energía de Santa Fé y, junto al aporte del INTI y el apoyo del Gobierno nacional, sirvió como base técnica para el proyecto de reforma de la norma IRAM 11.900 para el cálculo de las envolventes térmicas y el etiquetado de edificios, que en estos días salió a discusión pública.

El ingeniero Roque Stagnitta, asesor técnico de la Secretaría, fundamentó el interés de la provincia en esta iniciativa. “El 28% de la demanda de energía proviene del sector residencial, el cual concentra un gran potencial de mejora”, señaló. Y explicó que, para lograr la eficiencia energética en un sector de consumo tan atomizado y diverso, el Estado debe encarar el tema como una política pública, es decir, conformar un sistema normativo que pueda acompañar y conducir el comportamiento de los individuos.

El equipo de trabajo se concentró en desarrollar tres aspectos fundamentales para que el proyecto tenga sustento. En sus aspectos técnicos, buscaron el consenso de la comunidad científica respecto a cuáles son los procedimientos adecuados para decir que un inmueble es mejor que otro en términos de eficiencia energética. A su vez, para ganar el reconocimiento legal, la etiqueta estará asentada en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente. Por último, el proyecto de Ley se enfoca en generar un instrumento que sea fácilmente adoptable por el mercado, para lo cual se creará un sello distintivo y buscarán simplificar la tarea del profesional que realice la certificación y la gestión para el propietario del inmueble. El plazo de vigencia sería de 10 años y, al principio, solo para viviendas.

Fuente: Clarín