Buenos Aires (EP) 07 Ene. – La decisión ya había explicitada en el presupuesto 2019 y en el Consenso Fiscal firmado con las provincias, pero lo que hizo ahora la Secretaría de Energía fue no contemplar ningún valor diferencial en los precios de referencia de la potencia y el precio estabilizado de la energía para el período comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2019.

El gobierno oficializó la eliminación de la tarifa social eléctrica como subsidio nacional. A través de la resolución 366/2018, que fijó los nuevos precios de referencia de la potencia y el precio estabilizado de la energía para el período comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2019, la secretaría de Energía derogó la resolución 1091/2017 que fijaba precios diferenciados para los beneficiarios de la tarifa social. La decisión ya había sido explicitada en el presupuesto 2019 y en el Consenso Fiscal firmado con las provincias. Lo que aún no queda claro es cuántos de los 4,1 millones de beneficiarios de la tarifa social serán efectivamente absorbidos por cada una de las jurisdicciones provinciales y de CABA.

Cuando el gobierno de Mauricio Macri comenzó a incrementar el precio mayorista de la energía eléctrica a partir de febrero de 2016, estableció en el artículo 7 de la resolución 6/2016 precios diferencias para los beneficiarios de la tarifa social eléctrica.  Esa misma política se ratificó también a través de la resolución 1091/2017 y sus modificatorias. Sin embargo, cuando a comienzos de septiembre del año pasado el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó el proyecto de Presupuesto 2019 dejó en claro la intención oficial de reducir los subsidios económicos y adelantó que para lograrlo continuarían con los incrementos tarifarios de luz y dejarían de subsidiar la tarifa social eléctrica, la cual debería quedar a cargo de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de entonces se abrió una negociación con los gobernadores que quedó plasmada en el Consenso Fiscal suscripto el 13 de septiembre de 2018, aprobado mediante ley 27.469, donde finalmente se acordó que a partir del 1 de enero de 2019 cada jurisdicción definiría la tarifa eléctrica diferencia en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios residenciales. Finalmente, el 3 de septiembre del año pasado el secretario de Energía, Javier Iguacel, estableció a través de la resolución 122/2018 que el régimen de tarifa social sería definido a través de los mecanismos que se establezcan en cada una de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

En el informe Nº 116 presentado ante el Congreso en diciembre por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se informó que, al mes de septiembre, y de acuerdo a la información provista por el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, CAMMESA y la Secretaría de Energía, se registraban 4,1 millones de beneficiarios de la tarifa social eléctrica (ver cuadro), habiéndose erogado alrededor de 10.000 millones de pesos a octubre de 2018.

Lo que hizo el 27 de diciembre la secretaría de Energía, con la firma del todavía secretario Javier Iguacel, fue oficializar esa decisión al no contemplar ningún valor diferencial para beneficiarios de la tarifa social en los precios de referencia de la potencia y el precio estabilizado de la energía para el período comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2019.

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