Santa Cruz (EP), 19 de agosto ‘25. Para referentes gremiales, la cuenca carbonífera está bajo amenaza por la intención del gobierno nacional de privatizar la empresa carbonífera. Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas. Con 2.030 trabajadores en plantilla, el futuro de la empresa y de toda la cuenca carbonífera está bajo una amenaza directa: el cierre o reconversión de la compañía en una sociedad anónima, propuesta que, según advierten los gremios, implicaría despidos masivos y la pérdida de derechos laborales. Matías Delgado, dirigente de ATE, minero y trabajador con 17 años de experiencia en la mina, fue contundente, en declaraciones a Radio Vanguardia: "Si hay despidos, vamos a una catástrofe social en Río Turbio, 28 de Noviembre y Julia Dufour. Ya lo vivimos en 2018, cuando se perdieron mil puestos de trabajo. No vamos a permitir que vuelva a pasar". La inquietud no es infundada. Desde el partido oficialista nacional, La Libertad Avanza, se ha planteado abiertamente el cierre del yacimiento. Delgado asegura que en febrero de este año, durante reuniones en Buenos Aires, percibió que la decisión política nacional iba en ese sentido. Desde entonces, los gremios -ATE, Luz y Fuerza, La Fraternidad y APS- trabajan junto a los gobiernos local y provincial para frenar cualquier intento de reducción de personal. El sindicalista admitió que actualmente, no se han producido despidos en YCRT, a diferencia de lo ocurrido a nivel nacional con 65.000 empleados estatales cesanteados de otros organismos. Pero la preocupación es permanente. Para los sindicatos, la prioridad es mantener cada puesto de trabajo antes de discutir cualquier plan de transformación de la empresa. La tensión se agravó por declaraciones del director del PAMI Santa Cruz y futuro candidato a diputado nacional por LLA, Jairo Guzmán, quien calificó a los empleados de "ineficientes" y a YCRT como "caja política". Delgado le respondió con dureza: "Un sueldo de dos millones no es un lujo para un minero que baja siete kilómetros bajo el cerro sin saber si volverá. Que venga a la mina y vea lo que producimos". Además del frente gremial, se busca una salida productiva, dijo Delgado. Hay 60.000 toneladas de carbón sin vender, y ATE ha propuesto al gobierno provincial y al interventor la búsqueda de compradores para generar ingresos genuinos. También se presentó una demanda judicial para frenar el cambio de figura legal que despojaría a los trabajadores de su convenio colectivo. Por ahora, la estrategia es el diálogo, evitando medidas de fuerza que puedan ser utilizadas como argumento para cerrar la mina. Sin embargo, Delgado advierte que "el conflicto está a un paso si se tocan los puestos de trabajo".
