Mendoza (EP), 24 de agosto 2021. Desde 1994 se comprobó que se contaminó un acuífero clave. Pero nunca se responsabilizó a nadie. Pasaron décadas de dilaciones y ahora para la justicia eso debe ser considerado un delito. Un proceso que incomoda a funcionarios y a una empresa relevante.

«Nafta ecológica». Así comenzó a decirse popularmente, y de manera incorrecta, a los combustibles cuando se eliminó el plomo y se bajaron algunas concentraciones de emisiones de gases peligrosos. Lo que no se sabía era que mientras se promocionaba la limpieza del aire, se contaminaba, al menos en Mendoza, el agua de una manera dramática al producir esos combustibles.

«No se toma», dice tajantemente la señora, caminando por la zona del barrio Costa Flores, que tiene como vista la montaña y la refinería de Luján de Cuyo. Allí donde todos beben con desconfianza el agua de pozo y es frecuente ver camiones cisterna para suplir esa fuente de agua. Ella ya tiene un juicio propio sobre lo que pasa, porque conoce el conflicto desde el inicio: una parte del acuífero subterráneo de la margen derecha del río Mendoza está contaminado con productos derivados de la producción de combustibles. Se trata de uno de los eventos de impacto ambiental más probados y graves que se conozcan y que, luego de atravesar un laberinto judicial y político, puede terminar con un juicio a los responsables.

Como explicó MDZ, hay dos «manchas» que tiene el río subterráneo del acuífero de la subcuenca El Carrizal. Una tiene 3 kilómetros de largo y tiene concentraciones de BTEX (benceno y otras sustancias peligrosas). La otra pluma tiene ya 8 kilómetros de extensión y allí el agua está contaminada con MTBE, justamente una sustancia que se introdujo en los combustibles para reemplazar al plomo.

Casi en simultáneo, desde que se incorporaron los nuevos procesos comenzó a detectarse que había impacto ambiental nocivo en el agua. Pero todo se manejó bajo reserva y con una demora en la ejecución que amplificaron el impacto. Luego de un engorroso proceso judicial, que incluyó cajoneos previos, la Fiscalía de Delitos no Especializados apunta a acusar a la cadena de funcionarios políticos y exdirectivos de YPF que tuvieron responsabilidad en la contaminación y, sobre todo, en la falta de respuesta ante el problema.

En los documentos judiciales figuran como posibles responsables los superintendentes de Irrigación, desde el 2000, y también exgerentes de YPF de la época en que la empresa era propiedad de la española Repsol. Incluso figuran los documentos que tenían carácter reservado y que alertaban desde 1994 que se estaba contaminando el agua con productos químicos derivados de la producción de combustibles. Desde entonces, hasta que entró en plena vigencia el plan de saneamiento, pasaron casi 30 años. Y pasarán cuatro décadas, si sale bien, para terminar el proceso.

Detrás, hay una compleja trama política y judicial que ayudó a tapar el problema primero y luego, a dilatar las soluciones. Lo que la gestión logró para que la repercusión pública sea menor, la física no pudo: las causas judiciales se demoraron y los funcionarios no tuvieron problemas. Pero la «mancha» de contaminación creció.

Repsol – YPF detectó, a través de informes reservados del CRAS – INA, la contaminación en 1994, un año después de que se comenzara a usar MTBE en los combustibles. Irrigación lo advirtió oficialmente 6 años después, en el 2000. Pero recién en 2011 se concretaron los actos administrativos para ejecutar el plan de remediación final. Desde la petrolera explican que siempre se actuó con la tecnología disponible en cada momento. En el 2020 se implementó por completo ese plan, cuyo resultado aún está en análisis. En el medio, hubo un largo proceso para contratar a una consultora, validar métodos y ejecutar pruebas. Esa demora es la que tiene en cuenta la justicia para acusar. La mitigación comenzó antes, cuando se detectaron los dos focos de contaminación y comenzó a cambiar la tecnología de manejo.

Aunque el hecho estaba probado, no se habían mencionado responsables. La denuncia judicial que se presentó se archivó dos veces sin que se investigara. La aparición de posibles consecuencias de esa contaminación generó nuevas causas judiciales y el tema se reactivó. Por eso hay cuatro causas en las que si investiga si los problemas de salud de personas que viven en la zona aledaña a la refinería tienen alguna relación de causalidad con la contaminación o no. Allí ya se formó un comité de expertos que analizará los casos. Pero el expediente madre tiene probado que hubo un delito original, y ahora buscan los responsables. La fiscalía de Delitos no Especializados, con los fiscales Tichelli y Laura Rouselle, retomó el tema y logró superar la barrera administrativa por el cambio de sistema (la causa originalmente era investigada por un juez de instrucción, y ahora son los fiscales los responsables de la pesquisa).

Por la ley del Ministerio Público, antes de imputar a funcionarios los fiscales deben hacer «consultas» a sus superiores. Eso ya ocurrió. La fiscal Laura Rouselle elevó dos informes al fiscal adjunto Héctor Fragapane, quien debe emitir su opinión: si se avanza en la acusación o no. La causa no ese sencilla e incomoda a los actores en juego. Es que están mencionados ex funcionarios radicales, como Lucio Duarte, y peronistas como Eduardo Frigerio (que tuvo que renunciar a Irrigación) y José Luis Álvarez. Pero además, está el sello de YPF.

La Provincia tiene una relación ambigua históricamente con esa petrolera por la dependencia que tiene a nivel productivo, económico y energético. Por eso pasa de la tensión, a la demanda.  Ocurrió en la crisis del 2002 con pagos a cuenta, con hechos sospechosos obviados y hasta con planes de inversión. En ese año, como parte de la estrategia de reestatización, el Gobierno de Mendoza destapó hechos de contaminación ocurridos en la provincia y denunció a Repsol, generando antecedentes jurídicos. Todo lo que no se había controlado antes, se ejecutó en ese momento. En las denuncias nunca se incluyó tampoco a funcionarios políticos que tenían a su cargo el control, por ejemplo.

Luego de que se conociera el caso, la Cámara de Diputados trató el tema por pedido de Jorge Difonso. Pero no hubo medidas ejecutivas y, por ejemplo, la zona de los alrededores de la refinería sigue dependiendo el agua de pozo.

La historia

El agua está contaminada con productos nocivos como BTEX (principalmente benceno) y MTBE, un aditivo ligero que generó un grave problema. Está probado ese suceso y ahora se analiza científica y judicialmente el alcance de las consecuencias. En primer lugar las fincas aledañas tuvieron que dejar de usar el agua de pozo «cruda» porque tenía hidrocarburos. YPF tuvo que financiar la instalación de filtros y hasta compró fincas aledañas. Una de las soluciones que se halló para mitigar el impacto fue la construcción de barreras hidráulicas que «captan» el agua, la limpian y la distribuyen. Ese plan comenzó a ejecutarse, pero no era suficiente. Por eso se construyó la tercera barrera hidráulica que consta también de la extracción de agua en volúmenes mayores para ser tratada y luego la reinyección en el acuífero.

La planta Fambén está en medio de la zona productiva y apunta a evitar la expansión de la «mancha» subterránea de contaminación y la limpieza. Más de 88 toneladas de contaminantes fueron extraídos y el cálculo matemático de la empresa que audita el proceso indica que, si sale bien, en 2032 podría sanearse el acuífero.

En la investigación se menciona que la demora hizo que no solo se perdiera tiempo para limpiar el agua, sino que hizo que se expandiera más la contaminación a zonas que antes no tenían impacto, sobre todo hacia el sureste y esta de la refinería, donde se afectó zonas que estaban libres de esas sustancias. Así lo detectaron en los pozos  1001 y 906, que están próximas al Barrio Costa Flores. Ese barrio se abastece con agua de pozo y (aunque son otros) y se investiga si fueron impactados o no.

Cómo sigue

Desde que se puso en marcha el plan de remediación hay monitoreos internos y externos para evaluar el resultado. El INA audita todo de manera externa y desde el 2019 hubo preocupación por la posibilidad de que haya nuevos focos.

El alerta comenzó con los informes de auditoría presentados por el INA, sobre todo desde el Informe Número 2. «Se puede observar un aumento general de las concentraciones de benceno en los pozos muestreados», dice el informe de auditoría del INA. Pero alerta sobre las diferencias de mediciones y otras inconsistencias que «no permiten tener una clara comprensión acerca de este comportamiento». Justamente el pozo S6A es el que más concentración de ese compuesto tiene. Y alerta sobre las diferencias en las mediciones entre lo registrado por la UNCuyo y el laboratorio contratado por YPF. «La DETI informa un valor de 20mg/l de benceno, mientras que en el texto se cita un valor de 9,92 mg/l», describen desde el INA.  «Este grupo auditor encuentra muy importante que se expliquen las diferencias», advierten. Respecto al MTBE también se alerta sobre el aumento de algunas concentraciones. «En cuento al área de foco, es notable el aumento de las concentraciones de MTBE registrado en los pozos S3, S6A y S8, Tal como se idicó anteriormente…este comportamiento debería ser considerado en alerta», menciona la auditoría del INA.

Fuentes cercanas al proceso de saneamiento aseguran que las anomalías en las mediciones tienen que ver con la dinámica propia del acuífero y negaron que haya focos nuevos de contaminación detectados. Incluso aseguran que el proceso de saneamiento está funcionando y que «la mancha» no se expandió y que disminuyeron las concentraciones de sustancias.

La causa judicial ahora está a la espera de la decisión política del Ministerio Público Fiscal. En paralelo, el INA e Irrigación deben audita el proceso de saneamiento del acuífero. Todo ocurre en un contexto complejo: Mendoza atraviesa una sequía histórica y se avecina otro año sin agua de deshielo, por lo que todas las fuentes de ese recurso toman una importancia mucho mayor.

Fuente https://www.mdzol.com/