Buenos Aires (EP), 15 de septiembre 2020. Para el movimiento ecológico, la crisis sanitaria mundial que el nuevo coronavirus hizo estallar es una confirmación -en un único, brutal golpe- de algo que venía sucediendo en cuentagotas y que la ciencia anuncia desde hace al menos 20 o 30 años: hay dos colapsos ambientales que se dan al unísono y se retroalimentan: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad (que no es sino una manera de llamar a la extinción de especies y ecosistemas planetarios). Y, aunque no parezca evidente a simple vista, están detrás de enfermedades de origen animal -zoonóticas- que saltan al humano justamente por la forma problemática, difícil hasta lo inviable, en que se producen bienes y se extraen recursos de la naturaleza para alimentar a casi 8000 millones de industriosos seres humanos. El salto lo dio el virus luego bautizado Sars-CoV2, pero pudo haberse dado antes. Lo que es peor, puede volver a darse.

En ese contexto, una vez más la Argentina está en condiciones de pensar qué tipo de desarrollo quiere, en virtud de una cada vez más onerosa cuenta ambiental local, resumida en quemas que destrozan islas y sofocan poblaciones, en un aumento de enfermedades prevenibles por agroquímicos, zonas enteras perdidas por la explotación minera intensiva y, sobre todo, la cada vez menos abstracta oposición de las poblaciones, hoy más amplia que una mera vanguardia verde. El último ejemplo de una larga cadena es la resistencia que ha generado un proyecto para instalar decenas de granjas porcinas para exportar a China (país donde estos animales sufrieron la peste porcina africana, que obligó a sacrificar más de un millón de cerdos), comunicado de forma equívoca por el Gobierno. El modo en que se maneja la información acerca de cuánto será producido (¿9 millones o 900.000 toneladas de carne?), quién hará la inversión inicial (¿2800 millones de dólares?) y en qué lugares (¿25 ciudades?) no hace sino aumentar las suspicacias de ecologistas y movimientos ciudadanos, que ven aquí a los mismos protagonistas que introdujeron la soja transgénica en la década de 1990. Pero se trata de un ejemplo, el más reciente y candente, de algo que trasciende.

“Hay que pensar un modelo de desarrollo donde siempre esté incluido el ambiente. Desarrollo sin ambiente no es desarrollo”, dice Julián Monkes, licenciado en Ciencias Ambientales por la UBA y miembro del colectivo La vuelta al mundo (lavueltaalmundo.com.ar), que busca discutir lo ambiental desde lo social y político (o viceversa). “Se vuelve a dar una gran improvisación. Eso es lo que más discuto del tema de los cerdos, la falta de planificación”, afirma.

“¿China necesita cerdos? Hacemos un memorándum. Pero hace falta mucho más: un plan de desarrollo con todos los sectores involucrados, zonificación, evaluación de impacto ambiental; si no, pasará lo mismo que con la soja transgénica”, advierte Monkes. Y señala otro punto sensible: Vaca Muerta. “Allí también falta ordenamiento de la frontera extractivista para que no se lleve puesto a la gente que ya vive ahí y a todo el valle que produce peras y manzanas”.

Todo en un escenario nacional que los ambientalistas conocen e incorporan en sus análisis; es decir, en medio de lo que los economistas llaman restricción externa y que podría resumirse en la expresión “faltan dólares”, tanto para generar desarrollo como para pagar deuda.

Además de obtener licencia social (que la gente acepte localmente los emprendimientos), Monkes cree que se debe poner a trabajar a los técnicos y científicos que tiene el país para ordenar y fiscalizar.

Algún movimiento en ese sentido parece haber. Al menos, así lo explicó el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, en una entrevista con miembros de la Red Argentina de Periodismo Científico. “En litio, en la extracción de petróleo y en las actividades agropecuarias estamos estableciendo una mirada transversal. La idea es que la producción tiene que ir de la mano del cuidado del ambiente”, dijo.

El acuerdo con China

Respecto del acuerdo con China, agregó: “Participamos de reuniones en Casa Rosada. Vamos a armar una comisión que dé los protocolos y la información necesaria para la bioseguridad y el manejo de los residuos. La Argentina va a tener un proyecto en porcinos que siga las normas y estándares internacionales de manejo de residuos y bioseguridad en escala”. Salvarezza dijo que hay un trabajo conjunto de su cartera con los ministerios de Ambiente, Agricultura, Cancillería y Producción.

La pregunta es si se alcanzarán los estándares internacionales más altos. Dada la cantidad de cerdos contemplada en el proyecto, el riesgo es el hacinamiento, que puede generar enfermedades y heces en tamaños inmanejables, potencialmente dañinos para los cursos de agua. Como en los asuntos farmacéuticos, la cuestión es la dosis que el medio ambiente no puede tolerar y que genera daños no incluidos dentro de la ecuación meramente económica.

Carolina Vera, jefa de gabinete en el ministerio de Ciencia y climatóloga de renombre mundial, afirma: “En la producción porcina hay que ver la escala, el uso del agua y los desechos; es mejor cuanto más pequeña es la escala y se puede hacer en regiones del país con animales a campo y cerca de zonas donde se producen granos. Y con tratamiento de efluentes, que pueden convertirse en biogás, en un proceso económica circular”. Durante un encuentro online de la ONG Sustentabilidad Sin Fronteras la semana pasada, afirmó: “Toda producción puede hacerse de manera sustentable”.

Otro funcionario involucrado en las conversaciones señaló que la inquietud nace de Jefatura de Gabinete. “El pedido es que se trabaje lo productivo y lo ambiental en mesas amplias con miradas divergentes. Ni todo lo que propone el inversor, como en minería, pero tampoco no hacer nada, como quizás algunos sectores plantean. Son mesas que no abundan en la Argentina y no tenemos entrenamiento”, se lamentó. Sin embargo, por ahora no se ha invitado a las ONG.

Cada país encuentra su manera propia de desarrollarse. Europa y los Estados Unidos, y también la relativamente efímera Unión Soviética, lo hicieron a expensas de exprimir sus recursos naturales para industrializarse, con un costo que aún tiene consecuencias globales. La quema de combustibles fósiles, sobre todo carbón, para alimentar la revolución de las máquinas afectó a sus poblaciones entonces y todavía genera el efecto invernadero que deriva en el cambio climático. El tardío Japón y los casos de Corea del Sur y China, entre otros, resultan difícilmente extrapolables al contexto sudamericano. El hecho de que el crecimiento se ha pagado y se paga con aire literalmente irrespirable en muchas de sus ciudades no es un dato menor: el gobierno chino en ocasiones pide que su población no salga de sus casas porque estar al aire libre significa incorporar aire venenoso.

“Compramos un GPS nuevo pero le pusimos la misma dirección de siempre”, dice María Marta Di Paola, directora del área de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que generó un documento con la información acerca del acuerdo porcino y sus riesgos e incertidumbres.

Efecto invernadero

“Lograr esas 900.000 toneladas de carne porcina implicaría incrementar el stock de animales en casi 10 millones, sumar más de 2.200.000 toneladas de maíz y unas 750.000 toneladas de soja para la alimentación del ganado, lo que implica sumar casi 290.000 y cerca de 250.000 hectáreas cosechadas de uno y otro grano; eso duplicaría las emisiones de gases de efecto invernadero del sector porcino y demandaría unos 12.000 millones de litros de agua potable a lo largo de toda la producción, sin contabilizar el agua para la limpieza”, reseña el documento.

“Estos últimos anuncios, de reactivación de Vaca Muerta, de búsqueda de atraer inversiones para gas también a través de plataformas offshore, el acuerdo con China sobre megafactorías de cerdo, los incendios, el no tratamiento de la ley de humedales. es todo lo mismo, pero peor”, grafica el escrito.

Para Di Paola, hay un debate que el país se debe: pensar un modelo agropecuario que tienda hacia “una agroecología que ponga en valor saberes ancestrales, que permita internalizar los beneficios ambientales y sociales de este tipo de actividades; la generación de energía accesible para la población, que no esté centralizada en el petróleo y el gas, que va en contra de compromisos ambientales generales. Ir hacia lo local, más hacia adentro”, propone.

Como Monkes, ella cree que la planificación es una de las claves. “China planifica mínimo a diez años, acá cuatro años es largo plazo y en ambiente cuatro años no es nada. Es apenas un mandato de gobierno, por eso las políticas resultan débiles”. Di Paola niega que el movimiento ambientalista en sentido amplio “ponga trabas” al desarrollo.

“Todo depende de cómo el paquete genera beneficios económicos, sociales y ambientales de manera armónica. No que lo económico se lleve puesto todo”, dice. Y presenta como esencial la idea de licencia social: los pobladores de donde se extraiga el agua y el maíz que necesitarán los cerdos deben dar su consentimiento informado, para usar otra expresión de la industria farmacéutica y los ensayos clínicos.

Ese punto, justamente, el de la licencia social, es el que esgrime el colectivo Jóvenes por el clima, organización nacida como una de las versiones argentinas del movimiento mundial que encabeza la militante sueca Greta Thunberg, de rutilante estrellato. La aparición de los jóvenes como un actor político deja claro que, aún con presentes espinosos, las previsiones marcan que el peligro mayor está en el futuro; ya no en el siglo XXII, sino en un tiempo que es el que van a vivir las y los Gretas del mundo, con fenómenos climáticos extremos frecuentes, con provisión de alimentos más difícil, con regímenes hidrológicos modificados, entre otras amenazas.

Otra perspectiva

“A nadie le gusta que el mundo esté camino a un colapso, y tendemos a matizar y ver qué parche o qué se puede hacer para solucionarlo, pero lo que muestra la tendencia en relación a emisión de gases es que no podemos enfrentar la crisis en la magnitud en que es necesaria. Es un fracaso de todos los países”, dice Ana Julia Aneise, licenciada en economía y miembro de Jóvenes por el clima. “La Argentina necesita una perspectiva ambiental para todas sus decisiones de política económica y pública. Lo ambiental no es algo secundario, una evaluación previa. El mundo está atravesado por una crisis que cambia los patrones de comercio y producción, y moldea el futuro. La Argentina está en situación complicada por la deuda, la pobreza y la crisis del coronavirus, que profundiza todo. Es necesario planificar, no solo en relación con este acuerdo porcino sino también en todo lo productivo con una visión sistemática, porque los problemas afectan primeros a los de menores ingresos. El objetivo ambiental debe ser menos pobreza y desigualdad”, dice Aneise, de 24 años, que tiene claro que, si las generaciones hoy a cargo no encaran la transición, van a sufrir las nuevas generaciones.

En un contexto internacional que demanda productos primarios, la transición hacia una producción con respeto al ambiente puede no ser opcional sino obligatoria, incluso en el marco de una globalización ralentizada o de pactos internacionales como el Acuerdo de París, en vías de cumplirse. Hay muchos mercados que comenzarán a cerrarse si los productos no vienen con una huella ecológica y hasta el FMI o el Banco Mundial consultarán por acciones ambientales antes de ir a lo financiero. Así de potente es la agenda.

La clave es la transición hacia lo más limpio, lo más amigable y menos fósil posible. “Entiendo que hay actividades productivas en curso y no se puede de un día para el otro hacer una modificación brusca. Pero es necesario pensar ya la transición. Y planificar, no tomar medidas en virtud de las urgencias”, dice Aneise. Señala que desde el ambientalismo no se plantean dejar Vaca Muerta y la soja la semana que viene, sino que analizan que ese sistema es insustentable y que hay que modificarlo con cierta urgencia, y que esa proyección no se discute. “Lo piensan como secundario”, se lamenta.

En ese contexto, con los sectores de agricultura y deforestación como los más emisores del país, sumar miles de cabeza de ganado solo podría añadir más puntos al incumplimiento de los compromisos climáticos. “La Argentina tiene capacidad para producir tecnología. Un ejemplo ilustrativo es el litio, un recurso estratégico para las baterías eléctricas. En sí misma, la exportación de litio no trae ingresos, no compite con la minería tradicional. Si el país tuviera un proyecto para construir las baterías, un objetivo que Bolivia tenía, un plan para valorar algo más que materia prima, sería mejor como modelo de desarrollo”, dice Aneise.

Intereses en pugna

Son discusiones, las ambientales, que suelen tener como principal foro el Congreso. Allí se suceden, desde hace más de una década, luchas y disputas por distintas leyes que regulan y restringen la explotación indiscriminada. Lo insólito es que una vez sancionadas solo se cumplen de manera parcial, como la ley de bosques, que ordenó territorios pero nunca obtuvo, en más de una década, el presupuesto que la propia norma establecía.

Hoy la disputa es por la ley de humedales, ecosistemas imprescindibles para mantener la salud de personas y ambientes, cuya sanción podría afectar intereses inmobiliarios y agropecuarios particulares en función del interés general. “Es difícil y hace falta energía y tensión social para sancionarla, pero diversos ámbitos se empiezan a hacer eco de estas demandas. Hay terreno para profundizar”, sostiene Aneise.

Su grupo se anotó una participación clave en la ley de cambio climático, sancionada hace casi un año; “una ley que jerarquiza e institucionaliza” a actores que buscan limitarlo, según explicó Mariano Villares, de Sustentabilidad sin Fronteras, en el evento citado. Allí afirmó: “Lo que favoreció su aprobación es el hecho de que es una ley que no afecta intereses de sectores económicos, a diferencia de la ley de humedales, que se trabajó en paralelo, pero no fue sancionada aún porque establece un inventario nacional de humedales que restringe actividades productivas y afecta intereses. La ley de cambio climático no fija plazos ni establece obligaciones a sectores económicos”, reconoció.

Como se ve, todavía conspiran la imposibilidad de las autoridades de considerar el largo plazo así como egoísmos y posiciones insostenibles e insustentables. Si nada cambia, la próxima pandemia podría estar a la vuelta de la esquina.

Fuente: La Nación