Neuquén (EP), 31 de Dic 2020. Una denuncia reactiva las sospechas ambientales en Vaca Muerta. La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas dijo que recopiló información desde 2014 para hacer la presentación judicial que originó un allanamiento en la empresa que debía sanear el basurero petrolero de Neuquén.

El jueves pasado, la fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales recibió una denuncia penal en contra de Comarsa. La presentación, que se hizo vía mail, acusaba por contaminación a la empresa de tratamiento de residuos peligrosos. Así, una vez más, la mirada se volcó hacia lo que algunos llaman “el lado B de Vaca Muerta”.

“Residuos petroleros ultra contaminados, producto de la perforación de pozos mediante la técnica del fracking en la formación Vaca Muerta, se están acumulando a niveles escandalosamente peligrosos en “plantas de tratamiento” que no funcionan o sólo lo hacen en apariencia. Los establecimientos no sólo están dentro de los ejidos municipales de las ciudades de Neuquén y Añelo —contraviniendo las regulaciones ambientales—, sino que, además, funcionan en terrenos fiscales”, afirma la denuncia presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAAA).

No apuntaron únicamente contra Comarsa, sino también hacia las empresas petroleras generadoras, entre ellas Chevron, Shell y Exxon, por el principio “de la cuna a la tumba”. “También son responsables por los residuos que producen, independientemente si después fueron trasladados para su tratamiento”, señaló uno de los integrantes de la organización, Rafael Colombo.

Además, en la presentación se señala la responsabilidad penal de los funcionarios públicos, por no fiscalizar a las compañías que se dedican al tratamiento de tales residuos peligrosos. “Las autoridades gubernamentales concedieron casi 50 hectáreas de tierras fiscales para que la empresa Comarsa disponga de zonas liberadas entre Neuquén y Añelo para contaminar descontroladamente y generar un desastre con un pasivo ambiental valuado aproximadamente en 5 mil millones de pesos”, sostiene la exposición.

En la denuncia acusan a los tres actores – la empresa de tratamiento, las firmas petroleras productoras de residuos y funcionarios públicos- por: contaminación, incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y asociación ilícita. Exigen la “clausura inmediata de las plantas de Comarsa del Parque Industrial de Neuquén y de Añelo” y que “se ordene el saneamiento inmediato, completo y definitivo”.

Tras hacerse de la extensa exposición, que según informaron desde la AAAA consta de 160 carillas, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid ordenó el lunes pasado que se allanara la planta ubicada en la capital neuquina y la sede que Comarsa tiene en Añelo. El Ministerio Público Fiscal comunicó que, durante las diligencias, se secuestró diferente documentación que puede servir a la causa. Sin embargo, no dieron mayores precisiones.

Anteriormente a los allanamientos, el funcionario judicial solicitó informes sobre el funcionamiento de la compañía a la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia. Desde la cartera indicaron que contestaron a los requerimientos del fiscal jefe de inmediato, el viernes pasado, tan sólo un día después de que se presentara la exposición penal en la Justicia.

Según afirmaron fuentes del área, quienes no pidieron información al organismo fueron los integrantes de la AAAA. “No conocemos a los abogados, pero sabemos que no son de Neuquén”, remarcaron y agregaron que “nunca” se presentaron a solicitar los expedientes. Desde la cartera indicaron que no tuvieron acceso a la denuncia penal y que se hicieron eco de la noticia a través de los medios.

Respecto a la denuncia en contra de la gestión del gobierno provincial, se mostraron muy seguros, pues señalaron que han hecho las fiscalizaciones correspondientes. “Hemos exigido estudios de sondeo verticales, que se hacen al nivel del subsuelo para ver si el hidrocarburo se está infiltrando. Ellos dan cuenta de que no hay infiltración. Está funcionando perfectamente”, recalcaron.

La presentación penal de la AAAA desempolvó la denuncia por contaminación contra la empresa Treater presentada en diciembre de 2018 y archivada en 2019. En ese entonces, la fiscalía solicitó que se analizaran las muestras de la planta de tratamiento.

Los resultados arrojaron valores normales, por debajo de los límites establecidos por la Ley, por lo que el caso no prosperó, ya que según explicó Breide Obeid en su momento, no había delito contra la afectación de la salud. Sin embargo, hace 10 días atrás se realizó una audiencia en la que la jueza Ana Malvido dispuso que se active la investigación y se desarchive la causa.

En mayo de este año, además, el mismo ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié, avivó las dudas respecto a la contaminación que producen los yacimientos no convencionales. “Es inconcebible lo que está pasando en Vaca Muerta”, aseveró durante una exposición que brindó a mediados de mayo en la comisión de Ambiente del Senado.

Aunque sostuvo que una inspección de su cartera había revelado que eran “alarmantes” los residuos que deja la actividad hidrocarburífera, con los que las empresas se manejaban con “total impunidad”, Breide Obeid desmintió que el funcionario haya presentado una denuncia formal en la Justicia.

Tras los dichos del ministro, la Subsecretaría de Ambiente elevó los informes sobre el funcionamiento de las plantas de tratamiento de residuos peligrosos a la cartera nacional. Además, invitaron al equipo de Cabandié a recorrer las instalaciones de las firmas: “Los pasamos a buscar y los llevamos hasta la planta. Ellos mismos redactaron las actas de la inspección, donde asentaron que no había irregularidades”.

Siete meses después, la contaminación en Vaca Muerta vuelve a reflotar tras una extensa denuncia que presentaron abogados ambientalistas. Queda esperar a la investigación que ya inició la fiscalía de Delitos Ambientales. Los denunciantes analizan constituirse como querellantes para contribuir con las averiguaciones.

Denuncian una “asociación ilícita” entre el estado y las empresas

La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas impulsó una denuncia de 160 carillas que incluye mapas, datos, fotos e imágenes satélites, junto con más documentación. El integrante de la organización Rafael Colombo remarcó que brindaron pruebas suficientes para develar las “fraudulentas maniobras” detrás de un “negocio millonario” que gira entorno a las compañías de tratamientos de residuos peligrosos, las empresas productoras de petróleo y el Estado neuquino.

La presentación judicial indica que existe una “comunidad ilícita” entre los tres actores, a quienes les compete responsabilidades penales.

El abogado ambientalista sostuvo que detrás de la denuncia hay un exhaustivo trabajo de investigación que se inició en 2014. Como antecedente, recoge el informe “20 mitos y realidades del fracking”, un trabajo realizado por Pablo Bertinat, Eduardo D´Elia, el Observatorio Petrolero Sur, Roberto Ochandio, Maristella Svampa y Enrique Viale. “Es una publicación que recoge testimonios de ingenieros, abogados, sociólogos, con aportes de las organizaciones de la sociedad civiles y de multisectoriales que deriva, entre otras acciones, en la presentación de esta denuncia”, señaló Colombo.

El letrado recalcó que la presentación tiene tanto “sustento”, que el mismo fiscal autorizó dos allanamientos contra Comarsa 48 horas hábiles después.

Aunque desde la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén aseguraron que la AAAA “nunca” solicitó los expedientes, Colombo afirmó: “Ya los tenemos. Los hemos acompañado en la causa, junto a las ordenanzas municipales, decretos del gobernador y resoluciones. Todo lo que a nuestro modo deber revela el montaje de una ingeniaría legal en favor de Comarsa, para que actúe en condiciones de absoluta impunidad e ilegalidad”.

“Pedimos que se investigue a los funcionarios que avalan a una empresa que dice que está tratando los residuos, pero en realidad los está acumulado indiscriminadamente, sin bioseguridad e impermeabilización, con efectos dañosos en el aire, la tierra, el agua y la salud”, enfatizó el abogado ambientalista.

La Subsecretaría de Ambiente aseguró que Comarsa siempre fue monitoreada

Desde la Subsecretaría de Ambiente se desprendieron de la responsabilidad que les fue adjudicada en la denuncia presentada por la AAAA. Aseguraron que Comarsa ha sido monitoreada desde que se asentó en la localidad en 2008, cuando comenzó con el tratamiento de aceites usados.

Indicaron que en cada fiscalización la empresa no presentó inconveniente, hasta el avance de las urbanizaciones en 2015. En abril de ese año la Subsecretaría suspendió a la compañía por el mal funcionamiento del horno de desorción hasta mayo, cuando acreditaron mejorías.

Luego, en noviembre se dictó el Decreto 2263/15 que regula toda la actividad. En la norma se establece que las plantas de tratamiento y disposición final deben ubicarse a 8 kilómetros de las urbanizaciones.

Según un informe enviado por la Subsecretaría, tras el decreto, Comarsa solicitó tierras fiscales en Añelo y comenzó a tramitar la habilitación para una nueva planta de tratamiento de residuos especiales en el Ecoparque de la ciudad.

En agosto de 2016 la firma inició un plan de cierre y abandono de la planta, tras las demandas de los vecinos que vivían a pocos metros de la sede en Neuquén. “Vimos que no estaba cumpliendo con los plazos en el cronograma. Pidieron prórrogas, no se las dimos y los llenamos de infracciones”, afirmaron desde el área.

“Los expedientes hablan por sí solos. No podemos vulnerarlos y podemos dar cuenta de todas nuestras actuaciones. La puerta está abierta para todo el mundo, le dimos toda la información al fiscal”, aseguraron fuentes del organismo y remarcaron: “La función del organismo como autoridad de aplicación la podemos dar acabadamente”.

Por otro lado, desde la Subsecretaría señalaron que las plantas de tratamientos de residuos peligrosos son necesarias para el desarrollo de la industria hidrocarburífera. “Como el tratamiento siempre es tercerizado, hay que incentivar las inversiones con un esquema jurídico claro, como lo es el decreto, y después, como en cualquier actividad, se otorgan tierras fiscales”, explicaron.

Datos de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas

-La Planta de Comarsa del Parque Industrial de Neuquén está ubicada a 25 metros de viviendas, a sólo 500 metros de un barrio muy poblado y a 50 cuadras del centro de la ciudad.

-Allí hay acopiados 330.000 metros cúbicos de recortes de perforación. Equivale a 594.000 toneladas y 33 manzanas urbanas de 1 metro de altura.

-En Añelo la planta de tratamiento alberga 71.500 metros cúbicos de materiales contaminantes, lo que equivale a 128.700 toneladas.

-Las dos plantas de Comarsa tienen una superficie total de 46,5 hectáreas, el equivalente de 24 Plazas de Mayo con residuos peligrosos.

-Acumulan un total de 401.000 metros cúbicos de material altamente tóxico, equivalente a 722.700 toneladas o 500 piletas olímpicas.

-La denuncia es por: contaminación, incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y asociación ilícita.

-Exigen la “clausura inmediata de las plantas de Comarsa del Parque Industrial de Neuquén y de Añelo” y que “se ordene el saneamiento inmediato, completo y definitivo”.

Fuente: Diario Río Negro