Río Negro (EPatagonicas) 20 de Junio. – La Senadora Nacional Magdalena Odarda, Interbloque Fap-Unen-CC-ARI, y el Legislador Jorge Ocampos, Bloque CC-ARI, enviaron un pedido de informes al Ministro de Agricultura Ganadería y Pesca de Río Negro, Marcelo Martín, “con el fin de conocer detalles acerca de la estructura y funcionamiento del área que tiene a su cargo la protección de los bosques nativos”, consignaron.

La presentación busca recaudar información relativa a los recursos humanos y materiales en las dependencias del Estado que deben hacer cumplir la legislación que protege las masas forestales en Río Negro.

Cabe destacar que en la región andina es donde se encuentra la mayor cantidad de bosques nativos, que constituyen una importante reserva de biodiversidad.

En el caso del Área Natural Protegida Río Azul, Lago Escondido, con 80 mil has aproximadamente de bosque nativo, se requiere de equipamiento y de personal suficiente para la tarea de fiscalizar, controlar y atender denuncias.

Odarda y Ocampos solicitaron que “se informe el organigrama de autoridades relacionado con la protección de los bosques nativos en la provincia, quién es el funcionario responsable de la Dirección de Bosques y cuál es el financiamiento dispuesto para las áreas correspondientes”, precisaron.

En tanto respecto al Servicio Forestal andino de El Bolsón y de Bariloche, la Senadora y el diputado provincial solicitaron “detalles de la planta de personal permanente y contratado en el área técnica y en el área de Guardabosques”.

Consultaron también acerca de “los recursos materiales que se cuenta para realizar su tarea”. Respecto al Área Natural Protegida Río Azul- Lago Escondido en El Bolsón, pidieron explicaciones al funcionario de agricultura sobre “qué cantidad de personal está afectado para realizar el control de las actividades allí, y quienes realizan su trabajo en el cerro Perito Moreno”. Además, requirieron que se informe “la cantidad de talas ilegales en el cerro Perito Moreno, remitiendo las actas de infracción”.

“En los últimos años ha disminuido la capacidad operativa de los organismos que deben controlar y regular las actividades en los bosques andinos. Por un lado, se propone la protección de los bosques con la ley nacional y la provincial, pero por otro vemos que el gobierno no fortaleció a los organismos públicos que deben aplicar las leyes, muy por el contrario, creemos que están casi desmantelados. Todo eso, colabora con el descontrol, las talas ilegales, y la violación a las leyes vigentes”, afirmaron Odarda y Ocampos.