Mendoza (EP) 08 de Junio. – El Máximo Tribunal debe decidir ante una nueva demanda de La Pampa. Qué mendocinos que defenderán el uso del agua en la provincia.

La Corte Suprema convocó a una audiencia pública para debatir la demanda de la provincia de La Pampa contra Mendoza por la utilización de las aguas del río Atuel y el presunto incumplimiento de convenios para regular el uso del curso hídrico.

Fuentes judiciales confirmaron hoy que el debate público está previsto para el miércoles en el cuarto piso del Palacio de Tribunales, Talcahuano al 500, y tendrá carácter de audiencia de conciliación.

La Corte convocó a los representantes de las provincias de La Pampa y Mendoza, y al Estado Nacional, y autorizó la participación de la Facultad de Derecho de la UBA, además de técnicos, productores agropecuarios, pueblos originarios y universidades de ambas provincias.

El máximo tribunal aceptó a la Universidad Nacional de La Pampa, al hidrogeólogo Carlos Juan Schulz y pueblos indígenas pampeanos como «amicus curiae».

Además, aceptó la participación por Mendoza de Sergio Leandro Marinelli, superintendente del Departamento General de Irrigación, de la Universidad Nacional Cuyo y la Federación Agraria Argentina de General Alvear.

El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, aseguró hace unos días que sólo conciliará «si hay agua del Atuel» en territorio pampeano, al adelantar la posición de la provincia en la audiencia convocada por la Corte.

«Me preguntan si estoy dispuesto a conciliar, yo estoy dispuesto a conciliar sólo si hay agua del Atuel en la provincia, no me vengan con el cuento de que me van a derivar agua del Grande», sostuvo en declaraciones a la prensa.

El conflicto por las aguas del río Atuel se remonta a 1947, cuando se inauguró el embalse El Nihuil en el departamento de San Rafael, en el sur de Mendoza, que modificó el curso del agua y generó perjuicios al oeste pampeano.

En 1987, durante el primer juicio por el corte del río Atuel, el máximo tribunal estableció el carácter «interprovincial» del curso hídrico y reguló la utilización del agua de forma compartida.

En mayo de 2014, La Pampa demandó a Mendoza ante el máximo tribunal por el daño ambiental, económico y cultural ocasionado por el corte del río y por el incumplimiento del fallo de 1987 que obligaba a negociar y celebrar convenios para regular el uso del curso hídrico.

Mendoza, por su parte, sostiene que «no le cabe responsabilidad alguna por el estado ambiental actual del territorio pampeano, sino que ese escenario se derivaría de razones naturales y de las omisiones en materia de políticas públicas en las que habrían incurrido la actora y el Estado Nacional».

Fuente Los Andes