Buenos Aires (EP), 01 de Agosto 2020. La diputada provincial de la Unión Cívica Radical (UCR – FPCyS), Silvana Di Stefano presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo impulsar la gestión integral de pilas en desuso en todo el territorio de la provincia, además de la creación de una planta para su tratamiento, y el uso de baterías recargables.

“De esta manera estamos ayudando a resguardar y preservar la salud humana, el ambiente y los recursos naturales de la contaminación generada por las pilas, además de propiciar su tratamiento, clasificación y el reciclado o la disposición final en lugares de eliminación de residuos peligrosos. También se impulsa el uso de baterías recargables, y concientizar sobre la importancia de su correcto descarte”, explicó Di Stefano.

Con la nueva ley, los consumidores tienen que separar las baterías de los residuos sólidos domésticos para su entrega en puntos de recolección, y seguir las instrucciones de manejo seguro, pero también se imponen obligaciones para quienes las fabriquen o las vendan.

“Aunque las pilas constituyen un muy bajo porcentaje de la composición de los residuos sólidos urbanos son, junto a los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos, los que aportan mayor peligrosidad”, señaló la legisladora del bloque de la UCR, presidido por Maximiliano Pullaro.

“Este proyecto busca evitar que los residuos de pilas sean desechados junto a los domiciliarios con el fin de impedir que los mismos contaminen el medio ambiente y que ingresen a un circuito de recolección y tratamiento diferenciado”, propuso.

Queda alcanzadas por las disposiciones de la presente la gestión de pilas eléctricas de uso común AA, AAA, AAAA, C, D, N, prismáticas 9V, y de tipo botón, tanto no recargables como recargables.

Responsabilidad extendida

Otra parte novedosa de la ley, es que extiende la responsabilidad a los productores o comercializadores de pilas. El programa establece que quienes las produzcan e importen, deben elaborar y ejecutar programas de gestión de pilas en desuso, con la finalidad de reducir al mínimo su peligrosidad y de evitar su eliminación con los residuos urbanos.

En ese marco, toda persona que produzca o importe pilas eléctricas comercializadas en la provincia deberá presentar un programa de gestión de baterías en desuso, y asumir la responsabilidad de recolección.

En tanto, deberán disponer envases recolectores en sus locales comerciales, y cumplir con las obligaciones que le sean específicamente asignadas por la autoridad de aplicación que será el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de la provincia.

Funciones de la provincia

Desde la provincia se deberán establecer los lineamientos de los programas de gestión y tratamiento de pilas en desuso, evaluar y aprobar los programas, controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas, aplicar las sanciones pertinentes, realizar campañas propiciando el consumo de baterías recargables, asesorar a las municipalidades y comunas y a todos los sectores que participen acerca de los programas gestión de pilas eléctricas en desuso.

También tiene que desarrollar campañas de difusión brindando información relacionada a la implementación de los programas, y orientar a los consumidores acerca de su correcta separación y depósito en los contenedores habilitados a tales efectos, e implementar un sitio web con toda la información relevante para los consumidores.

Planta piloto

El proyecto de Di Stefano propone crear una Planta Piloto de Tratamiento de Residuos Recuperables de Pilas Eléctrica, cuyo principal objetivo será la recuperación de metales y reducir la presión sobre los recursos naturales.

Para tales efectos, se habilitará el uso de un predio para la puesta en marcha de la planta piloto, y se autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar las erogaciones necesarias a los efectos de ponerla en funcionamiento.

Además, se crea una Comisión de Asesoramiento, compuesta por el ministerio y conformada por investigadores científicos, representantes de organizaciones ambientalistas, sociales, no gubernamentales (ONGs), de defensa del consumidor, organismos ambientales provinciales y municipales, y Universidades Nacionales con sede en la provincia.

Fuente: El Litoral