Buenos Aires (EP), 14 de Octubre 2020. Productores rurales, desarrolladores inmobiliarios, la Sociedad Rural y Juntos por el Cambio apuestan a suspender la modificación de la ley del fuego que comenzará a debatirse en Diputados.

Juntos por el Cambio, la Sociedad Rural y los desarrolladores inmobiliarios parecen haber constituido una suerte de unión transitoria de intereses, algo similar a las uniones transitorias de empresas que se arman para avanzar en grandes construcciones vinculadas a la obra pública. Pero en este caso, con el fin de construir el andamiaje político necesario para defender negocios millonarios y frenar el avance de leyes que fomentan la protección del ambiente y el desarrollo sustentable. Bajo esa misma lógica el macrismo logró frenar en 2013 y en 2016 la sanción de una ley de humedales.

Con una mayoría a construir en Cámara de Diputados, el oficialismo intentará avanzar con una modificación a la ley de fuego para detener el ecocidio que sufre la Argentina año tras año. Hace poco más de una semana, el titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja, Máximo Kirchner, presentó un proyecto para modificar el artículo 22 de la norma y establecer una prohibición por 60 años para modificar el uso de las superficies afectadas por incendios en “bosques nativos, áreas naturales protegidas y humedales”. Un tiro de gracia para los desarrolladores inmobiliarios que utilizan los incendios como el primer eslabón de su negocio y para los productores agropecuarios que queman los campos para producir el rebrote de los pastos.

La intención del oficialismo es convocar a reunión de la Comisión de Ambiente y emitir dictamen esta semana, probablemente este jueves, para dejar al texto en condiciones de ser tratado en el recinto en la próxima sesión.

El texto impulsado por Kirchner cosechó rápidamente adhesiones de distintas bancadas. La iniciativa, al momento de su presentación, contó con el apoyo de Eduardo Bucca (bloque Justicialista), Graciela Camaño (Consenso Federal) y José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal), entre otros.

Juntos por el Cambio no sólo decidió no acompañar el proyecto. En consonancia con la Sociedad Rural (el presidente de la entidad, Daniel Pelegrina, se manifestó “preocupado por el avance” de las leyes de Humedales y Bosques, lo que mereció el repudio de Greenpeace) y desarrolladores inmobiliarios planteó cuestionamientos basados en “la producción”. En esa línea, la senadora Laura Rodríguez Machado, una de las espadas más filosas del núcleo duro del macrismo, no dudó en minimizar los incendios. “Hay que dejar de lado toda esa historia que queman para urbanizar. En esos lugares no hay nada”, sentenció.

Fue Alfredo de Angeli, el dirigente de Federación Agraria devenido en senador, el encargado de defender a los productores y señalar que ellos tampoco son responsables de los incendios. “Los productores agropecuarios no tienen responsabilidad alguna, por el contrario son los más perjudicados”, aseguró. De Angeli, junto al exministro del Interior, Rogelio Frigerio, son los dos hombres señalados por el Frente de Todos como los responsables de cajonear la ley de humedales en 2016. “Frigerio es un empresario inmobiliario del Delta del Paraná. Es socio por lo menos en dos empresas que se dedican a esos negocios y convirtió su campo en Villa Paranacito, que era una humedal, en una barrio privado”, denuncian desde el bloque de diputados del oficialismo.

“Juntos por el Cambio es el único bloque de Diputados que no apoya el proyecto para frenar el fuego y eso tiene una sola explicación, apoyan los negocios que prenden fuego nuestros bosques y nuestros humedales”, acusa Leonardo Grosso, diputado del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Ambiente. “Se muestran preocupados por el medioambiente, pero cuando hay que decidir entre proteger el ecosistema y los negocios, ellos siempre eligen los negocios”, denuncia.

En línea con la idea de que Juntos por el Cambio funciona como la pata política de las corporaciones dentro del Congreso, se verifica que comienza a acomodar su discurso para dar el debate en contra de la modificación de la ley del fuego, como también de la ley de humedales. Fue Mario Negri, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, el que anticipó por las redes sociales que el debate “no será fácil”. “Tenemos el país bajo las llamas y un Gobierno que subestima el problema. En las previsiones hechas en el Presupuesto 2021 para la lucha contra el fuego todos los gastos se reducen a la mitad”, denunció en su cuenta de Twitter. “Negri sabe que ese dinero está en otro ítem, por eso en la comparación baja. Pero se dedica a chicanear, desviar el debate e inventar argumentos para votar en contra”, denuncian desde el FdT.

Lo cierto es que, más allá de intereses sectoriales, la alianza opositora también actúa en defensa propia, como queda claro al repasar la cantidad de dirigentes y productores rurales que compitieron por las distintas boletas que presentó el macrismo desde 2009 en adelante. Y ahora, las investigaciones por los incendios intenciones los empiezan a tener en la mira. Es el caso de la familia Passaglia en San Nicolás. Ismael Passaglia es un dirigente histórico de la ciudad, su hijo Manuel es el actual intendente y, otro de sus hijos, Santiago, es diputado bonaerense. Ambos representan a Juntos por el Cambio. Una de las investigaciones por los incendios en el Delta del Paraná tiene en la mira al diputado provincial de Cambiemos, dueño de 877 hectáreas ubicadas en las Islas de Gualeguay, frente a las costas de San Nicolás, que fueron incendiadas.

Con el fuego azotando catorce provincias como escenario y con estos actores en el plano político, el oficialismo impulsará esta semana el debate para sancionar una modificación a la ley del fuego que permita, de cara al futuro, detener los negocios que crecen de las cenizas.

Fuente: Página 12