Neuquén (EPatagonicas) 22 de Mayo. – El proyecto establece la zona de desastre en diversos departamentos de Neuquén y Río Negro.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación emitió ayer el dictamen del proyecto de ley que declara la emergencia económica, social y productiva en la región afectada por la erupción del volcán Calbuco, por lo que quedó habilitado para su tratamiento en la sesión de la Cámara Alta del próximo miércoles. La iniciativa aprobada en comisión fue el resultado de la unificación del proyecto presentado por Lucila Crexell, senadora Nacional por Neuquén, con los impulsados por otros senadores en el mismo sentido.

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“Más allá de que se ha avanzado mucho en materia del restablecimiento de la normalidad en las localidades damnificadas, es necesario contemplar los efectos perjudiciales que este proceso ha ocasionado en las economías locales y asistir al sector productivo que se ha visto afectado”, señaló Crexell. El proyecto declara zona de desastre y emergencia económica, social y productiva por el término de 180 días -prorrogables por igual término por el Poder Ejecutivo Nacional- a los Departamentos Los Lagos, Lácar, Huiliches y Collón Cura en la Provincia de Neuquén; y Bariloche, Pilcaniyeu, Ñorquinco y 25 de Mayo en la Provincia de Río Negro; aunque se faculta al Ejecutivo Nacional a ampliar la zona geográfica delimitada.

La iniciativa establece que el Poder Ejecutivo Nacional deberá destinar una partida especial para afrontar las acciones de asistencia y reconstrucción de las economías afectadas, y se le encomienda la ampliación de los fondos destinados a la cobertura de planes sociales durante la vigencia de la emergencia en el ámbito geográfico de la misma. Además, ante el eventual deterioro de obras públicas, se prevé que el gobierno nacional proceda con carácter de urgencia, a la asignación de partidas con la finalidad de llevar a cabo la reparación y/o construcción de las mismas que hayan resultado afectadas.

En materia de ayuda a las actividades económicas damnificadas, la iniciativa faculta al Ejecutivo a adoptar diversas medidas de asistencia económica, técnica y financiera especial que se ajusten a la situación individual de cada explotación afectada, como por ejemplo la reprogramación de plazos de cancelación de deudas y el otorgamiento de créditos en instituciones bancarias nacionales –oficiales o mixtas-.