Buenos Aires (EP) 05 de Junio. – Un informe de la SRT da cuenta de este fenómeno, que instó a una reforma en la ley estableciendo una instancia administrativa por medio de comisiones médicas, dejando la instancia judicial para los casos más complejos.

El último informe de Judicialización en el Sistema de Riesgos del Trabajo 2010-2015, publicado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo da cuenta de un fenómeno llamativo: en dicho período cayeron los siniestros laborales pero se duplicaron los juicios.

En el mes de Octubre de 2016, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo puso en funcionamiento el Registro Nacional de Litigiosidad (RENALI), que había sido establecido por la Resolución SRT 198/2016. La creación del RENALI hizo posible la recopilación de datos para el monitoreo de distintos aspectos de la judicialidad, algunos de los cuales no eran de notificación obligatoria por parte de las ART hasta fines de 2015.

No obstante este cambio, el Registro de Actuaciones Judiciales (RAJ) implementado entre 2010 y 2015 –a partir de la Instrucción SRT 4/2010–, brinda información que permite dar cuenta de la evolución de la judicialización en materia de riesgos del trabajo a lo largo del último lustro.

Consultado por el Cronista, Jorge Colina, presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), explica las causas del fenómeno: “Hasta 2012 existía la doble vía, es decir, el empleado podía reclamar a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) una indemnización por un accidente laboral y, en caso de considerar que el importe abonado no era suficiente, ya que la ART pagaba en función de un cuadro tarifario establecido en la Ley De Riesgos del Trabajo, accionaba ante la justicia demandando a su empleador para que éste le pague un resarcimiento por la misma causa”.

Punto de quiebre

En 2012 se eliminó la posibilidad de la doble vía, lo que dividió las aguas entre sectores que vieron con buenos ojos la reforma, como la UIA y otros que se opusieron, como la CGT y la CTA, lideradas en ese entonces por Hugo Moyano y Pablo Micheli respectivamente.

“A partir de ese momento, mayormente se optaba por demandar a la ART y el empleador no era notificado, esto era utilizado por los abogados como argumento ya que tranquilizaban al empleado aduciendo que su empleador no se enteraba”, remarca Colina.

Según Colina, “este mecanismo funcionó hasta que en los últimos años las ART subieron las alícuotas a las empresas debido a los elevados índices de litigiosidad, de los cuales no siempre estaban al tanto. En algunos casos se pagaba más de ART que el importe descontado por obra social”.

“Los sectores con mayor litigiosidad son el de la construcción, industria y agricultura”, afirma Colina.

“La litigiosidad está concentrada en cuatro jurisdicciones. Si en ellas se registrara la misma tasa de judicialidad que en las restantes, el total de juicios de todo el país se reduciría en un 50%. En otras palabras, si el Poder Judicial de Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba actuara parecido al del resto del país, se tendría la mitad de los juicios que se tiene en la actualidad”, analiza el informe de IDESA.

Una nueva modificación a la Ley de Riesgos del Trabajo

El Congreso de la Nación reaccionó frente a esta situación sancionando una nueva reforma sobre la LRT en febrero pasado. El punto más importante es el que reafirma la aplicación de reglas objetivas y de aplicación automática para dimensionar el daño en la integridad física del trabajador y cuantificar las indemnizaciones.

Para evitar demoras y discrecionalidad se ratifica que el órgano público responsable de aplicar estas reglas sean las Comisiones Médicas. La meta es que la mayoría de los casos se resuelvan en este ámbito administrativo, reservando la intervención judicial sólo para controversias atípicas que ameriten análisis más complejos. Para reforzar la legalidad de este procedimiento administrativo, la norma prevé que cada provincia adhiera a la ley. La primera jurisdicción que sancionó a través de su Legislatura la adhesión a la ley nacional es Córdoba.

Fuente El Cronista