Buenos Aires (EP) 29 de Jun. – En la central sindical toma forma una convocatoria urgente al Consejo del Salario, el organismo que actualiza el nivel del ingreso mínimo. Aunque el último acuerdo rige hasta diciembre, se plantea la necesidad de revisión por el efecto inflacionario. El tema podría chocar con recomendaciones del FMI.

La relación entre el Gobierno y el sindicalismo podría verse alterada de nuevo.

Luego del paro del lunes, se aceleraron las presiones dentro de las centrales obreras para exigir la convocatoria inmediata al Consejo del Salario, encargado de actualizar el ingreso mínimo de toda la economía, hoy fijado en en $9.500.

La tentativa gremial choca, sin embargo, con la agenda del Ministerio de Trabajo, que definió el año pasado una suba del 24% hasta el próximo 31 de diciembre, y hasta con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que pidió moderar los aumentos como parte de una reforma laboral más amplia.

La discusión empezó a tomar temperatura al calor del reordenamiento de la CGT, que concluirá según lo previsto con la renovación de su conducción el 22 de agosto, y de la revisión de los acuerdos salariales autorizada por el Ejecutivo para negociar aumentos adicionales con un tope del 5% en el sector privado.

En medio de esas tensiones, el triunviro Héctor Daer le puso plazo a la cartera laboral para convocar al órgano tripartito, conformado por la CGT y las dos CTA, las cámaras privadas y funcionarios de Trabajo. «Tiene que ser el mes que viene (por julio)», dijo a iProfesional, aunque sin precisar si desde Azopardo ya cursaron la solicitud formal.

El titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, elevó el correspondiente pedido a fines de mayo pasado, semanas después de la corrida cambiaria que terminó de enterrar la pauta inflacionaria del 15% y elevó las expectativas salariales hasta un 30%.

Un estudio difundido en las últimas horas desde esa central mostró que el salario mínimo cayó un 6,3% interanual en el primer trimestre del 2018, el nivel más bajo desde 2005.

Para Micheli, el nuevo mínimo -tal como lo indica la ley- debería cubrir el costo de vida, que según la canasta familiar del INDEC gira en torno a los $18.800. Esto supondría un aumento del 97%.

Pero los planteos de las centrales chocan con los planes de Triaca. Cerca del funcionario reconocen que «aún no hay fecha» para convocar al Consejo del Salario, que además tiene entre sus funciones determinar el monto de prestación por desempleo, pautas de productividad y el valor de la canasta del salario mínimo.

En rigor, el último aumento definido el 27 de junio del año pasado fue por 18 meses, con lo cual rige hasta fines del 2018. En una decisión inédita, Triaca lo resolvió en aquella ocasión de manera unilateral: decretó un 24% en tres tramos (llevándolo así a $8.860 en julio, $9.500 en enero pasado, y $10.000 a partir de julio de este año).

Del otro lado, el compromiso con el Fondo

La situación tiene otro componente que complica más el panorama: una actualización del piso salarial podría generar ahora un conflicto con el Fondo Monetario, con el que el Gobierno viene de acordar un plan de ajuste fiscal a cambio de un préstamo de u$s50.000 millones.

En su informe de diciembre pasado, previo al acuerdo, el organismo recomendó a la Argentina reducir el costo de las indemnizaciones, limitar la cobertura de los convenios colectivos y atar el salario mínimo a las pautas de inflación, alegando que el nivel actual «es probable que sea un incentivo a trabajar en el sector informal».

Según el organismo, el salario mínimo representa un 45% de la mediana salarial y cubre a un tercio de la fuerza laboral y la mitad de los trabajadores informales. Por ello, «indexar el salario mínimo a objetivos de inflación habilitaría un mejor balance entre alentar a trabajadores a entrar al mercado formal a la vez que se protege a los pobres», reza el documento.

De aplicar esos cambios, los incrementos serían definidos de manera automática, haciendo innecesaria la existencia el ámbito de discusión que representa el Consejo del Salario.

El Gobierno ya aplicó una modalidad similar a la sugerida por el Fondo en enero pasado en el ámbito educativo. Fue por medio de un decreto firmado por Mauricio Macri que suprimió la paritaria nacional docente, al otorgar un incremento del 20% de manera automática para el salario mínimo de la actividad.

El DNU, además disminuyó la representación proporcional de CTERA, la central de educadores con mayor cantidad de afiliados, que ahora llamó a un paro nacional para el lunes, en respuesta a la represión a los maestros de Chubut y en reclamo de paritarias libres.

La puja por el salario mínimo también fue reavivada por el exabogado de la CGT y actual diputado kirchnerista, Héctor Recalde. En su espacio, exigen la reapertura de paritarias, la convocatoria inmediata del Consejo del Salario y un aumento de urgencia para los jubilados.

«El FMI le exige a Macri que elimine el Consejo de salario mínimo», advirtió Recalde. En su cuenta de Twitter señaló que «La CGT debería pedir su inmediata convocatoria por la profunda pérdida de poder adquisitivo. La ley lo faculta. Hay sectores sumergidos y ni hablar de los trabajadores en negro», señalan.

Si bien el tema no volvió a aparecer mencionado en el reciente memorándum enviado por el Gobierno a Washington, las autoridades avanzaron con varios de los puntos que sigue de cerca el organismo conducido por Christine Lagarde.

Por caso, el cambio en las indemnizaciones sugerido figura en uno de los tres proyectos de reforma laboral que está trabado en el Senado y que ahora Triaca busca renegociar con el ala dialoguista de la CGT.

La convocatoria del Consejo del Salario dependerá también de las elecciones previstas en Azopardo. Hasta que no se defina el nuevo consejo directivo, no está claro quiénes integrarán la comitiva designada para integrar el órgano encargado de definir el salario mínimo.

Con todo, la sensación compartida dentro del sindicalismo peronista es que después del contundente paro del lunes hay un mayor margen para obtener concesiones del macrismo e incluso cuestionar las directivas del Fondo.

«Las recomendaciones del FMI van a estar todas peleadas, hay un panorama distinto y ahora se va a pedir la reapertura de todas las paritarias», señalaron cerca de Antonio Caló, el líder del gremio metalúrgico.

Ese es justamente el escenario que buscaba evitar Triaca con el decreto que publicó antes del paro para reencauzar la discusión salarial dentro de una nueva pauta salarial del 20%.

Ahora, en un contexto de una inminente recesión pronosticada por las propias autoridades, los sindicatos del neumático, del subte, aeronáuticos y trabajadores de la alimentación buscan seguir el mismo camino de Camioneros, que obtuvo un 25%, e incluso ir por un 30% de aumento.

Gentileza I Profesional