Buenos Aires (EPatagonicas) 28 de Marzo. – El zapato le empezó a apretar a la mayoría de gremios, donde ya hablan abiertamente de «recesión» y se ven obligados a salir a la calle para hacer reaccionar al Ejecutivo. El ajuste llegó a Atucha y sacudió incluso a Hugo Moyano. En tanto, los funcionarios sólo atinan a relativizar las cifras.

¿Al Gobierno no le importa el desempleo? ¿O es que lo tiene asumido como un costo a pagar en esta fase del plan económico? Esas son las preguntas que circulan en estos días en el ambiente empresarial y sindical, luego de constatar las reacciones de los funcionarios ante la ola de despidos en el sector privado.

Hasta ahora, cada vez que se plantea el tema, las respuestas han oscilado entre tratar de relativizar las cifras de pérdidas de puestos de trabajo que manejan las consultoras y justificar la situación como parte de la «pesada herencia» en economía, mezclada con un mal contexto internacional.

Este miércoles, el Presidente intentó incluso capitalizar la visita de su par de Estados Unidos, Barack Obama, al señalar que aspiraba a seguir su camino en materia laboral.

«Lo quiero felicitar porque durante 72 meses viene generando empleo en su país», dijo durante la conferencia que mantuvieron en Casa Rosada.

Más allá de las intenciones, por el momento no hubo, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros rubros, señales de una política decidida para aplicar medidas urgentes. Y, conforme pasan los días, el estupor inicial va dando paso a inequívocas señales de enojo en los sectores a los que el propio Gobierno había convocado para un «pacto social».

«A (Guillermo) Moreno lo puteaban porque ponía el fierro sobre la mesa, pero nos cuidó a todos. Eso no lo pueden desconocer los industriales». Con ese recuerdo del polémico ex funcionario, un dirigente de Smata se quejó de lo que cada vez más el sindicalismo intuye como una actitud pasiva del Gobierno ante los despidos masivos en las empresas.

Es que el zapato le empezó a apretar a la mayoría de los gremialistas sin que hiciera falta un desborde salarial, como había pronosticado el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, cuando advirtió que el empleo se vería afectado si los sindicatos superaban la pauta oficial del 25%. En rigor, antes del inicio de las paritarias, ya hubo más de 100.000 trabajadores despedidos, según cifras privadas.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, reconoció el deterioro del mercado laboral. Consultado por iProfesional, describió un escenario de «mucha tensión» como para aplicar la doble indemnización reclamada por las CGT.

No obstante, minimizó los despidos en el sector privado al afirmar que la pérdida de puestos estaba siendo compensada por la creación de empleo.

En contraste con el optimismo oficial, en los cuarteles sindicales se encendieron las luces de alerta y sus dirigentes comenzaron a reevaluar la paz social decretada tras las elecciones.

No es para menos. El achique no sólo redujo plantillas y el volumen de las cuotas sindicales. También impactó en las primeras negociaciones salariales, con el desdoblamiento de acuerdos y arreglos a la baja.

Así, de una postura expectante al principio, la cúpula gremial pasó a ponerle foco al clima «recesivo» con pérdida de empleos y caída del poder adquisitivo. En la misma línea, los sindicatos industriales ratificaron su preocupación en la reunión mantenida días atrás con el titular de la cartera laboral, tal como lo confirmó Triaca.

El ajuste golpeó incluso al principal aliado sindical del Gobierno. Recientemente, el Sindicato de Choferes de Camiones, liderado por Hugo Moyano, inició protestas en Vokswagen Córdoba para contener 200 despidos en el sector de logística.

No fue el único gremio cegetista que tuvo que salir a la calle. También lo hicieron la UOM de Antonio Caló y la Uocra de Gerardo Martínez, que registró más de 54.000 despidos en la construcción.

Ante la creciente conflictividad, Mauricio Macri salió a pedirle a los empresarios que generaran puestos de trabajo, durante un discurso reciente en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Previamente, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, había hecho lo propio en persona con los directivos de las terminales automotrices y el titular de Techint, Paolo Rocca.

Sin embargo, el «diálogo» no alcanzó para disuadirlos. Luego de reducir sus plantillas en verano, varios peso pesado profundizaron en marzo las medidas de ajuste en la industria, con más suspensiones, y se espera la caída de al menos 4.000 contratos.

Al norte de Buenos Aires, el parate de las obras en las centrales nucleares Atucha III y IV desató una crisis social en Zárate.

Los trabajadores cortaron la Panamericana, tras paralizar las plantas, en rechazo a los telegramas masivos enviados por decenas de contratistas luego de que el Gobierno recortara los fondos asignados.

«Este es un enclave importantísimo para el desarrollo energético. Y se habla de alrededor de unos 3.000 obreros despedidos entre UECARA y UOCRA. Esto impacta en toda la comunidad, en la gastronómica, la del transporte, etc», explicó el intendente de Zárate, Osvaldo Caffaro.

A raíz de las medidas de fuerza, el Ministerio de Trabajo empezó a recibir a gremios como Uecara y UOCRA, según pudo saber iProfesional. En tanto, el Consejo Deliberante y la CGT regional mantienen tratativas a la que se sumarán los comerciantes también afectados por la recesión.

«Estamos shockeados, no esperábamos que en 100 días tuviéramos semejante cachetazo. Somos trabajadores de las contratistas, el constructor no es ñoqui», dijo a este medio el secretario adjunto de la Uocra Zárate, Ariel Puebla.

Los problemas de empleo no se limitan a la zona norte de Buenos Aires. También se extienden a los cordones industriales de la zona sur y oeste de la provincia, a Santa Fe, Córdoba, San Luis y la Patagonia.

Las grandes empresas optaron por reducir costos laborales ante el desplome de las ventas al exterior, la contracción del mercado interno y el parate de la obra pública. Aducen que el «corrimiento de precios» erosiona los beneficios de la devaluación, lo que sumado a la apertura de las importaciones favorece el cierre de plantas y la sustitución de producción local.

Pero, al igual que el Gobierno, minimizan la destrucción de empleos. «Me preocupa más que la gente no llegue a fin de mes y el impuesto a las Ganancias. No conozco despidos», dijo a este medio Héctor Méndez, ex titular de la UIA.