Santa Cruz (EP), 12 de julio 2022. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal reclamó también datos a la secretaría de Energía y a la UTE a cargo de las construcciones

La justicia federal avanza con su investigación sobre las represas hidroeléctricas del río Santa Cruz, luego que se registrara una grieta en el área donde se construye la represa “Cóndor Cliff”, renombrada “Presidente Néstor Kirchner”, que llevó a reformular la obra, y analiza el posible impacto de los movimientos sísmicos sobre las construcciones.

La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le dio 20 días al Estado Nacional y a la UTE que construye las represas para que dieran información “concreta y circunstanciada” del estado actual de avance de las obras. Lo hizo ayer, con un fallo firmado por los jueces Clara María Do Pico, Rodolfo Facio y Liliana María Heiland. Ellos le pidieron al Ministerio de Economía, a la Secretaría de Energía y a la UTE –un consorcio chino que integra la empresa Electroingeniería- que brindaran información sobre la obra “sin remisión a los estudios técnicos que eventualmente pretendan acompañar”.

Los jueces solicitaron que a la explicación técnica le sumen una copia digital del documento expedido por la Inspección de la Obra, un informe técnico producido por la Unidad Ejecutora de Represas, dependiente de la Dirección de Obras y Proyectos, y también de la Adenda X del contrato involucrado, que fuera mencionado en un informe presentado por el Estado Nacional en la causa en diciembre pasado, sin que haya quedado precisado su alcance.

Según lo que consta en la causa, los desplazamientos de suelo -que dieron origen a una grieta que frenó la obra- se registraron en octubre de 2018, aunque la noticia trascendió un año después. Entre el 13 y el 15 de octubre de 2021, en El Calafate se registraron eventos sísmicos; el mayor, con una magnitud de M 5.4. Los camaristas requirieron ahora que el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) informara si los eventos de esa fecha afectaron el área de las obras, en particular la de la represa Cóndor Cliff, que se encuentra más cercana a esta ciudad. “En caso afirmativo, indique, en forma concreta y detallada, cuál fue el impacto de esos eventos sobre dichas obras”, precisa el fallo.

Para la fecha de los sismos, el Inpres no contaba aún con estaciones sísmicas en la zona. Se instalaron después del evento por requerimiento del gobierno provincial y ante la alarma de la población local. Los magistrados aclararon en su fallo que es posible que requieran medidas adicionales en la causa.

En 2018 se detectaron los primeros deslizamientos de suelos en las márgenes del río Santa Cruz donde se está construyendo la represa ahora renombrada “Néstor Kirchner”, pero como el hecho recién trascendió un año después, fue solo entonces cuando Ieasa informó sobre la situación y frenó la obra principal. Se anunció además que se había requerido el asesoramiento de un panel de expertos internacionales para la reformulación de la obra. Desde entonces, la obra central solo avanzó con tareas menores.

A partir de ese momento, la coalición de ONG Río Santa Cruz Sin Represas, conformada por Aves Argentinas, Banco de Bosques, FARN y Vida Silvestre, presentaron una medida cautelar solicitando que se frenara la obra, sin embargo el pedido no prosperó en primera instancia, y la decisión fue apelada, pero quedó demorada por la pandemia. En octubre pasado, tras los sismos, la causa se reactivó y el gobierno nacional presentó un informe de más de 500 hojas con el detalle de lo que sería el rediseño de la obra.

En paralelo, la Corte Suprema de Justicia analiza otro expediente: un pedido para que se declaren nulos los estudios de impacto ambiental que permitieron las obras sobre el último río glacial del continente y una medida cautelar para que se frene la obra.

El estado de las obras

El proyecto hidroeléctrico que avanza sobre el río Santa Cruz se caracterizó por una sucesión de marchas y contramarchas. Las obras fueron licitadas durante el segundo mandato de Cristina Kirchner y ganó el consorcio conformado por China Gezhouba Group Limited-Electroingeniería SA e Hidrocuyo SA. Fueron frenadas por una cautelar de la Corte y revisadas durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando además de rediseñar la potencia de las represas, recuperaron sus nombres originales: Cóndor Cliff y La Barrancosa, tras haberse llamado por cinco años Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, respectivamente. Con el gobierno de Alberto Fernández volvieron a renombrarse.

Los últimos datos oficiales indican que las obras tienen un avance de obra cercano al 28%, en el caso de la Jorge Cepernic, y de 18%, en el de la Néstor Kirchner. Ante el incumplimiento en los plazos de la obra, el financiamiento entró en suspenso. Finalmente, la Argentina y China llegaron a un acuerdo, que fue publicado el 26 de mayo pasado en el Boletín Oficial.

Se trata de un acuerdo de enmienda y restablecimiento del contrato de línea de crédito, cuyo monto original asciende a los US$4714 millones. Desde que se firmó el contrato, China envió fondos por US$1350 millones hasta que, el año pasado, cortó el financiamiento.

Fuente: La Nación

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