Buenos Aires (EP) 5 de Abr. –  El fundador del Grupo Indalo quiere recuperar el control de la petrolera. Ignacio Rosner impulsa el cambio de accionistas para evitar la quiebra. Los interventores de Oil Combustibles piden la apertura de un mecanismo de cram down y abrir un proceso de venta

Depués de haber salido de la cárcel y mientras estudia las variantes para volver a tomar el control de Indalo, Cristóbal López le declaró la guerra a quienes había designado como sus sucesores en el grupo.

Es decir, a los dueños del fondo OP Investments, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, con quienes había firmado un contrato de venta de su holding antes de haber sido enviado a la cárcel de Ezeiza acusado de maniobras fraudulentas contra la AFIP.

Si bien ambos financistas decidieron dar un paso al costado y abandonar sus puestos en el grupo al que hasta llegaron a rebautizar como Ceibo, todavía no concretaron su salida y estarían impulsando una especie de salvataje de Oil Combustibles S.A (OCSA), la petrolera del conglomerado de activos creado por López bajo el amparo del anterior gobierno kirchnerista.

La iniciativa busca aplicar un mecanismo llamado «cram down». Se trata de una figura comercial que consiste en brindar una solución preventiva para evitar la quiebra de una compañía que fue incorporado por la Ley 24.522 de concursos y quiebras, en el artículo 48. El instrumento le impide al juez del concurso decretar la quiebra de la sociedad y lo obliga a abrir un registro por cinco días en el cual deberán inscribirse posibles interesados en la compra de la empresa, incluso los acreedores y hasta el propio deudor y los mismos trabajadores.

De hecho, los actuales interventores de OCSA acaban de pedirle al juez del concurso, Javier Cosentino, que autorice la aplicación de un cram down en este proceso, argumentando que es la única alternativa para no decretar la quiebra de la petrolera y el consiguiente prejuicio que este camino tendría para sus 400 trabajadores.

Lo hicieron con un escrito en el cual describen la delicada situación financiera por la que atraviesa Oil y que replica muchos de los reclamos que Rosner y Dellatorre hicieron al juez en su momento con el objetivo de que se les permita incorporar un socio estratégico que aporte capital y flujo de fondos a las operaciones de la compañía.

Los interventores aseguran que Oil tiene una deuda preconcursal inicial de $8.000 millones y una post concursal por otros $1.800 millones y que a la vez su pasivo post concursal supera los $460 millones.

También hablan de «parálisis» de la actividad de Oil y de ingresos inexistentes y de una «nueva cesación de pagos» en la que otra vez cayó la firma. Por eso advierten que la empresa no podrá abonar su endeudamiento post concursal y que no visualizan cómo podría cancelar el pasivo pre concursal en 12 cuotas de $1.000 millones cada una.

Advierten además que cualquier acreedor podría actualmente solicitar la quiebra y que Oil no tendría liquidez para evitarlo ya que tampoco tiene chances de superar la crisis financiera que atraviesa.

Si se decreta la quiebra, los interventores advierten que los actuales accionistas Cristóbal López y Fabián De Sousa serían «desapoderados» del patrimonio de la sociedad y los bienes serían incautados.

Y para justificar el pedido de cram down aseguran que los únicos activos que tiene la empresa son una cartera de cheques por $90 millones y un stock de gasoil y fueloil por otros $300 millones.

Aseguran además que si se aplicara el cram down y la empresa fuera comprada «se interrumpiría el deteríoro» de OCSA. Y le piden al juez Cosentino que se convoque de manera urgente a una asamblea de accionistas de Oil «a fin de considerar la grave crisis de la sociedad y la implementación de eventuales soluciones inmediatas».

Se trata de un pedido que Rosner y Dellatorre estarían de acuerdo en que se impulse, mas allá de que de manera directa ambos financistas no realizaron una propuesta similar. De hecho, en estos momentos se encuentran estudiando con sus abogados todas las alternativas de salida procurando colaborar con los interventores para preservar la continuidad de la empresa y de los puestos de trabajo.

Del lado opuesto, López y De Sousa están en contra de un posible traspaso accionario de Oil mediante el uso del cram down. Así se lo hicieron saber al juez federal Julián Ercolini, quien investiga desde el fuero penal las maniobras fraudulentas que ambos habrían cometido con el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC).

El abogado de ambos empresarios, Carlos Berardi, envió un escrito al magistrado con una advertencia sobre la posibilidad de que Rosner y Dellatorre soliciten el cram down. Según fuentes judiciales que siguen de cerca el caso, el temor de los fundadores del Grupo Indalo es la apertura de este proceso los pueda llevar nuevamente a la cárcel. Si bien el cram down evitaría la quiebra de Oil, también implicaría un cambio de accionistas, de lo cual Cristóbal López se quiere proteger.

Creen que se los podría volver a acusar de una violación a la inhibición que pesa sobre las acciones. En tanto, el juez Ercolini remitió el pedido a los interventores, a los fiscales, a la AFIP y a su colega Javier Cosentino.

La proximidad de los feriados de Semana Santa y del 2 de abril, seguramente enfriará el enfrentamiento, por lo menos hasta el martes próximo, cuando la disputa promete volver a calentarse.

Gentileza I Profeional