La Pampa (EP) 04 de Jul. – El gobierno mendocino y la empresa local, que se asoció con un gigante chino, actúan en sintonía. Dicen que un nuevo estudio de impacto ambiental demorará tres años y eso impactará en la generación de empleo.

La única oferente en la licitación de la obra de Portezuelo del Viento salió a desmentir favoritismo de parte del gobierno mendocino. También se alineó en la presión de Mendoza sobre el presidente Alberto Fernández, advirtiendo que la demora de la obra frena la generación de empleos e inclusive amenazando con un litigio judicial si se modifican las conclusiones del estudio ambiental del pliego de la licitación.

Mendoza siguió adelante con el proceso de licitación de Portezuelo del Viento a pesar del rechazo de las provincias que comparten la cuenca. También hizo oídos sordos a las manifestaciones de otras empresas que sospechan de un pliego armado para favorecer a la constructora que, finalmente, se convirtió en la única oferente.

Este último viernes concretó la apertura de sobres de la licitación. La única oferente fue la UTE liderada por el gigante chino Sinohydro en alianza con Impsa, CEOSA y Obras Andinas.

Las empresas competidoras habían manifestado un favoritismo hacia Impsa, a partir de las condiciones de armado de los pliegos que le otorgaban una clara ventaja por ser la única fabricante de turbinas del mercado local. La desconfianza generada, incluso tras la rebaja de precios de los pliegos de 300 mil a 100 mil dólares, hizo que no hubiera más oferentes.

En diálogo con La Política Online, el CEO de la empresa mendocina, Juan Carlos Fernández, negó preferencias y aseguró que cualquier empresa extranjera podría subcontratar pymes locales para cumplir el requisito de componentes nacionales.

“El pliego considera y prioriza no sólo el trabajo mendocino sino el argentino también. Entonces si alguien viene con el 100% de las turbinas de afuera, nosotros tenemos preferencia, pero si subcontratan en Argentina como hacemos nosotros, no. Nuestra porción es menos del 20%, el 50% lo hemos subcontratado con 50 empresas pymes”, declaró.

En ese sentido, defendió la protección a la industria nacional siempre y cuando sea competitiva. “Nosotros somos número uno en todo el mundo y sin embargo en Alemania no nos dejan competir. Pero por presión de Merkel se le adjudicó la obra de Aña Cuá a Voith cuando presentó una oferta 20% más cara que la nuestra, con una turbina de menor calidad y sin contenido local”, destacó.

Fernández sostuvo que el hecho de que hayan sido los únicos oferentes no garantiza la adjudicación de la represa, ya que en sus 40 años en la industria vio caer a muchas licitaciones de único oferentes porque no cumplían con cuestiones técnicas.

“Eso sí, estamos muy confiados en que tenemos una oferta muy competitiva. Hemos trabajado durante diez meses con cien personas full time y llevamos gastados más de dos millones de dólares en esto”, aclaró.

Tras la presentación de antecedentes de este viernes, Mendoza aseguró que el 11 de agosto se recibirá la oferta técnica y el 16 de noviembre la propuesta económica.

Sin embargo, el desacuerdo de las provincias puso en manos del presidente Alberto Fernández el laudo para resolver la cuestión. En LPO deslizan que podrían generarse “complicaciones legales” con la UTE ganadora “en caso de modificarse las conclusiones de los estudios de impacto ambiental”.

Como no hubo unanimidad en la cumbre de los cinco gobernadores, le tocará a Alberto Fernández determinar el futuro de la presa con un laudo presidencial que podría demorar varios meses.

La estrategia mendocina pasa por mantener las fechas pautadas originalmente y sostienen que la idea es adjudicar la obra para fin de año y comenzar a construirla a principios del 2021.

“Hacer todo el trabajo de planificación y los estudios de impacto ambiental de nuevo demoraría otros tres años. Lo lógico por la situación de falta de empleo es empezar cuanto antes”, declaró el ministro de Economía de la provincia vecina, Enrique Vaquié.

Fuente El Diario de La Pampa