Neuquén (EP) 30 de Nov. – En algunas ramas los niveles de actividad cayeron un 90%. El congelamiento fue el punto de partida. Desde Ceipa, que nuclea a 75 firmas neuquinas, reconocieron que los problemas en la cadena de pago se agudizaron y pueden ser determinantes.

La crisis en Vaca Muerta se insinuaba desde hace semanas pero terminó de hacerse carne con el anuncio de 700 despidos por parte de las empresas de servicios petroleros, la mayoría de ellas de capitales internacionales. El sindicato de Petroleros insinuó una efímera rebeldía al dejar correr 12 horas para acatar la conciliación obligatoria que la secretaría Trabajo lanzó para neutralizar el paro. Sin embargo, la actividad en los yacimientos neuquinos, con o sin huelga, no se recuperará hasta el primer trimestre del año próximo.

En el medio del conflicto, uno de los sectores más afectados son las pymes locales. Desde Ceipa, la cámara que nuclea a unas 75 firmas neuquinas, aseguraron que en algunas ramas, como los servicios vinculados a la perforación y fractura, la actividad se redujo hasta un 90%. Para la mayoría de los prestadores la merma superó el 20% y, para la minoría, se mantuvo el nivel de ocupación.

Las fuentes consultadas aseguran que el congelamiento, vía decreto presidencial 566/19, fue el principio de la crisis. Las compañías petroleras trasladaron los costos de la medida con un brutal freno en las operaciones y mantuvieron la extracción de hidrocarburos en los desarrollos que solo necesitaban mantenimiento. Esto se tradujo en la finalización de contratos sin renovación y el freno a nuevos convenios.

Para las empresas de servicio, el segundo escalón en la industria petrolera, fue una gran oportunidad de reestructurarse a la espera de nuevas reglas de juego. Aprovecharon el parate para repatriar equipamiento, reducir sus planteles y redimensionar su posición a la espera de un nuevo comienzo.

En el último escalón del sector, el de las pymes locales, se encontraron sin nuevos contratos y con una cadena de pagos al límite que, por su “espalda” financiera, las deja muy cerca del fuera de juego. “Cuando se aprueba la facturación, las pocas operadoras que siguen en marcha, pagan a 30 días. El resto a 90 y 120 días, esto para una pyme es insostenible”, consideró una de las fuentes consultadas.

Desde Ceipa confirmaron que la expectativa en el sector se fijó en marzo del año próximo. Los presupuestos se están armando a partir de esa fecha.

Hasta entonces anticipan un panorama muy complicado con posibles despidos y cierres de compañías, que no pueden hacer frente a los plazos de una industria con actores internacionales.

Las pymes neuquinas esperan por un auxilio del presidente electo Alberto Fernández quien comprometió un paquete de medidas fiscales para el sector (ver página 14).

La preocupación trascendió las fronteras del sindicato que dirige Guillermo Pereyra, que apuntó a una maniobra política (ver aparte), y llegó al gobierno provincial. El gobernador Omar Gutiérrez no hizo declaraciones públicas sobre el tema, sin embargo sigue de cerca un tema que parece no parece despertar la beligerancia pública de otras crisis de menor impacto en las fuentes laborales.

Los que se refirieron directamente al tema fueron los legisladores nacionales del Frente de Todos. La senadora Silvia Sapag planteó que “algunas petroleras aprovechan como excusa el desastre que hizo (Mauricio) Macri para presionar y condicionar a nuestro próximo Gobierno, aún antes de asumir. No tienen ningún reparo en jugar con la vida de los trabajadores, las pymes y la paz social de los neuquinos”.

Por su parte el diputado Darío Martínez fue en el mismo sentido al asegurar que existe una intensión por parte de las compañías para presionar a la próxima gestión. “Alberto (Fernández) ya expresó que nuestra política para los hidrocarburos va a estar basada en dar estabilidad a las reglas de juego. Pero esa estabilidad no es solo para beneficio de las empresas. Es también para trabajadores y pymes locales”.

En números

1800 operarios llegaron a estar suspendidos por la baja en la actividad que se profundizó después del congelamiento.

700 fueron los despidos calculados ayer por el Sindicato de Petroleros Privados.

90 días duró el decreto 566/19 que puso un techo al precio del barril y creó un tipo de cambio paralelo. Finalizó el 15 de este mes.

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