Buenos Aires (EP) 23 de Feb. – Cambiemos presentó este jueves un proyecto de ley para juzgar por delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito a dirigentes sindicales -elevando las penas- y establece la obligatoriedad para que presenten declaraciones juradas de bienes.

La iniciativa, impulsada por el radical mendocino Luis Petri, vio la luz un día después de que el sindicalismo diera una muestra de fuerza en las calles con más de 400.000 personas en la 9 de Julio contra las políticas de ajuste del Gobierno de Mauricio Macri.

El proyecto, que también lleva la firma de Graciela Ocaña y una veintena de diputados oficialistas, equipara las sanciones que los representantes gremiales pueden recibir por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito a las de los funcionarios públicos y propone penas de entre 3 a 10 años para el primero y de 4 a 10 años para el segundo.

La comisión de ambos delitos también supone la inhabilitación especial perpetua, y en el caso particular de enriquecimiento ilícito se establece una multa de entre el 50% y el 100% del monto obtenido ilícitamente.

En diálogo con ámbito.com, Luis Petri sostuvo: “Creemos que los sindicalistas no pueden estar al margen de la ley cuando se trata de hechos de corrupción. Es necesario que los sindicalistas no solo rindan cuentas de la evolución de sus patrimonios, si no que eventualmente puedan ser juzgados cuando reciban sobornos o cuando se enriquezcan injustificadamente”.

El diputado destacó que la iniciativa “lucha por los trabajadores” y advirtió que los sindicatos son clave por los “millonarios montos que administran, que son fondos de terceros, de sus afiliados”.

El proyecto también contempla que quienes tengan intenciones de integrar los órganos de dirección de los gremios deban presentar una “declaración jurada patrimonial integral” dentro de los 30 días hábiles desde la asunción, y otra actualizada una vez que abandonen el cargo.

Otro punto importante es que impide a un dirigente que tenga inhibiciones civiles o penales, liderar un gremio o dirigir una obra social.

“El sindicalismo tiene que hacer una fuerte autocrítica de lo que viene sucediendo y esto los tiene que interpelar a hacer una renovación. Lo que estamos buscando es transparentar la actividad”, destacó el diputado.

Esta no es la primera vez que tras una masiva marcha opositora surgen resoluciones o proyectos oficialistas tendientes a limitar o poner un freno a los gremios, en lo que ya se convirtió en un ida y vuelta dialéctico y fáctico en el enfrentamiento entre el Gobierno y los dirigentes sindicales.

Tras el primer paro general a Macri el 6 de abril de 2017, la disposición 7-E/2017 del Ministerio de Trabajo dispuso una serie de controles a los sindicatos entre los que se destacaron el uso de la boleta electrónica, el rechazo de candidatos “inhibidos” judicialmente y el respeto del cupo femenino en las listas, entre otras cuestiones.

En tanto, tras la marcha de la CGT, CTA, ATE y movimientos sociales que tuvo lugar el 29 de noviembre pasado al Congreso, el Gobierno avanzó con una resolución firmada por la Directora Nacional de Asociaciones Sindicales para eliminar “sellos de goma” creados durante el kirchnerismo y dar de baja más de 450 gremios, que no cumplieran con los requisitos previstos en la ley de asociaciones gremiales.

Finalmente, la disposición 17-E/2017 de la cartera laboral quedó suspendida tras un fallo del Juez nacional Raúl Horacio Ojeda, a cargo del Juzgado N° 72, a raíz de una presentación realizada por el Sindicato de Guardavidas de Buenos Aires.

En este sentido, Petri negó que este proyecto se inscriba en un contexto de fuertes cruces entre el Gobierno y el sindicalismo. “Nadie pueda tomar este proyecto como una persecución sindical, al contrario. Estas normas van en favor de los trabajadores. Si un sindicalista se enriquece, un trabajador se perjudica. Nadie se tiene que sentir aludido por este proyecto si hace las cosas bien”, concluyó.

Gentileza Ambito Financiero