Santa Cruz (EP) 2 de Ago. –  Tres días después del reinicio de la actividad judicial tras la feria de invierno, el juez federal Claudio Bonadio libró 34 allanamientos y ordenó una veintena de detenciones por una causa que investiga el supuesto pago de coimas a contratistas de obra pública durante el gobierno de Cristina de Kirchner, a quien citaron a declarar para el 13 de agosto por esta causa.

Los operativos se realizaron en distintos puntos de la Capital y la provincia de Buenos Aires y finalizaron con exfuncionarios del Ministerio de Planificación de Julio De Vido y empresarios detenidos. Hasta el momento unas 12 personas fueron apresadas, pero en total se buscarían a 20 involucrados, según relataron fuentes judiciales al canal de noticias C5N.

Entre los exservidores públicos aprehendidos figuran Roberto Baratta (secretario de coordinación del Ministerio), Hugo Martín Larraburu (exsubsecretario de Legales), Walter Fagyas (expresidente de ENARSA), Nelson Lazarte (secretario de Baratta), Rafael Llorens (director de Asuntos Jurídicos de Planificación) y Oscar Centeno, el chofer de Baratta, quien orginó la investigación.

La exmujer de Centeno fue quien habría llevado al diario La Nación unos cuadernos donde el remisero anotaba en detalle todos los movimientos de los funcionarios. Según los ocho cuadernos ahora en poder de la Justicia, el chofer de Baratta dejó anotado los supuestos recorridos de los bolsos repletos de dinero que el exfuncionario y sus colaboradores realizaron desde 2010 a 2015. Horas, fechas, lugares, nombres, todo habría quedado registrado a puño y letra.

Entre los empresarios detenidos, aparecen:

Armando Losón, presidente del Grupo Albanesi, prestador de servicios de transporte y provisión de gas natural y suministro de energía eléctrica.

Carlos Mundín, dueño de la firma BTU, especilizada en proyectos de ingeniería de los sectores Energía, Oil & Gas y Vías de Comunicación.

Gerardo Ferreyra, dueño de la constructora Electroingeniería, dedicada a grandes obras y servicios electromecánicos, civiles, de arquitectura, viales, de saneamiento, de conducción de fluidos, entre otros.

Héctor Javier Sánchez Caballero, ex CEO de IECSA la constructora que Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, adquirió a la familia presidencial, y que ya fue vendida al grupo Pampa Energía.

Jorge Guillermo Neira, exdirector del Grupo Eling S.A., formado por el crecimiento de Electroingeniería y propiedad de Ferreyra. El grupo incluye empresas radicadas en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y España.

Claudio Javier Glazman, director de Sociedad Latinoamericana de Inversiones S.A., vicepresidente del Grupo Mck del Plata S.A., accionista en Premium Apartments S.A., Glator S.A., Emprendimientos Las Barrancas S.A., Emprendimientos de La Imprenta S.A. y Niceto Vega 5765 S.A.

Pero además, se busca a:

Carlos Wagner, de la empresa Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.

Francisco Valenti, de Industrias Pescarmona.

Juan Goicoechea, de Isolux

Oscar Thomas, ex director ejecutivo del Ente Binacional Yacyretá

Hernán Gómez, ex asesor del ministerio de Planificación.

Fabián García Ramón, ex director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética.

Según informó el canal C5N, habría otros dos involucrados en el caso, de los que todavía no se conoce la identidad. Fuentes judiciales, en caso de que no puedan dar con los imputados se dictarán órdenes de captura nacional e internacional.

Inquietud en Córdoba y Santa Cruz por las obras que gestiona la empresa de uno de los detenidos

Las represas hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa que se construyen en la provincia de Santa Cruz, sobre el río del mismo nombre, y los gasoductos en Córdoba son las principales obras que tiene en ejecución Electroingeniería, la empresa cordobesa con fuertes vínculos con el kirchnerismo, cuyo vicepresidente, Gerardo Ferreyra, quedó detenido en la causa de los cuadernos de las coimas.

Las represas, que se reactivaron en febrero, son las obras más importantes de Electroingeniería; para ejecutarlas conformó una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con Hidrocuyo y con China Gezhouba Group Company. Es el proyecto más grande de generación hidroeléctrica nacional que se está construyendo totalmente en suelo argentino.

Luego de las detenciones de Ferreyra y de su director comercial, Jorge Neira, Electroingeniería confirmó extraoficialmente que estaban en sus domicilios particulares en Buenos Aires; ante la consulta de los medios, la empresa descartó hacer declaraciones, pero enfatizó que” toda la documentación” de la que dispone está “a disposición de la Justicia”.

Las derivaciones del caso revelado ayer por LA NACION impactaron de lleno en todo el espinel empresario, y junto con el rol de Electroingeniería fueron el tema que más interés generó entre los empresarios convocados en Córdoba por la Cámara Argentina de Comercio. La pantalla de televisión del bar del hotel donde se desarrolló el evento fue permanentemente consultada por los asistentes. En ese ámbito, el vicepresidente de la Cámara, Guillermo Dietrich, pidió denunciar a los que piden coimas (ver aparte). Y el intendente de la capital cordobesa, Ramón Mestre, dijo que se dio un paso importante. “Que caigan todos los que deban caer en la Argentina y en nuestra Córdoba”.

Con Ferreyra ya detenido, sus colegas comentaban que “era esperable” que “cayera” la empresa cordobesa, que en su momento sorprendió cómo creció, pero que en los últimos tiempos eran “conocidos” sus lazos “con el poder, a todo nivel”. El comentario se relaciona con que no solo ejecuta trabajos licitados por el kirchnerismo, sino también en el ámbito provincial.

La pregunta más repetida entre los empresarios fue “hasta dónde sigue la cuerda”. Entre ellos parecían buscar la certeza de cuál será el alcance de la investigación y qué otros nombres pueden quedar involucrados. Ferreyra, un militante en Twitter, nunca participó de encuentros masivos de hombres de negocios.

En ejecución

Hace dos semanas, LA NACION recorrió los obradores de Cóndor Cliff, a 130 kilómetros de El Calafate, y comprobó el fuerte ritmo en las obras reiniciadas tras más de dos años de paralización. Hay 1400 de los 6000 empleos previstos para cuando los trabajos alcancen su máximo avance. Cuando las represas se terminen -se estima en seis años- tendrían una potencia instalada de 1310 megavatios, un 5% del máximo consumo nacional.

El proyecto lleva décadas de avances y retrocesos; en febrero de 2015, Cristina Kirchner celebró el inicio de las obras; con la llegada del macrismo y las dudas ambientales, que preveían impacto sobre los glaciares, el proyecto se reformuló: se bajó la potencia a 1310 megavatios y el costo (financiado por capitales chinos) cerró en US$4316 millones. El presupuesto es revisado por la Nación en el marco del ajuste del gasto público. El dato generó alarma en Santa Cruz por las fuertes expectativas de empleo que genera la obra.

En Córdoba, Electroingeniería, junto a Iecsa (ahora Sacde) y Odebrecht tenían repartida la construcción de los gasoductos provinciales; la cordobesa ejecutaría el 70% de la obra, pero el financiamiento prometido por los chinos se cayó. La provincia relicitó los trabajos y Electroingeniería solo ganó uno de los tramos (30% del total), por algo más de $1200 millones.

Además ejecuta la extensión de la vida útil de la Central Nuclear de Embalse, tendidos de líneas de alta tensión, algunas obras viales (como el mantenimiento de las rutas 15, 16 y 92), la instalación de un corredor de fibra óptica en el norte y la construcción de tres edificios en su parque industrial en la capital provincial.

Gentileza Ambito Financiero – La Nación