Buenos Aires (EPatagonicas) 05 de Julio. – El superintendente del área, Gustavo Morón, cuestionó la litigiosidad que «sólo beneficia a un grupo que vive de la industria del juicio. «Hay que ocuparse de disminuir la litigiosidad para que el sistema funcione de manera correcta», sostuvo

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, resaltó que en este período «el sistema le dio previsibilidad a los trabajadores, a los empresarios y al Estado», durante el acto desarrollado en el hotel Hilton.

El titular de la cartera laboral aseguró además que «es importante el rol de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, para que el sistema sea cada vez más federal», y destacó «la eficiencia y celeridad de las Comisiones Médicas».

Morón, por su parte, insistió en que «hay que ocuparse de disminuir la litigiosidad para que el sistema funcione de manera correcta».

En el primer panel de la actividad, el diputado José Ignacio de Mendiguren, titular de la comisión de Industria de la cámara baja, resaltó que la siniestralidad laboral «cayó 42% en los últimos 20 años, y ese descenso coincidió con un período de expansión de 30% del empleo en el sector fabril».

«Entre 1997 y 2015, la tasa de fallecimiento por accidentes laborales en la industria pasó de 133 a 42 por cada millón de trabajadores, es decir, un 68%», precisó.

De Mendiguren puntualizó además que la tasa de cobertura en la industria es «casi total», de 1,2 millón de trabajadores cubiertos por las ART.

La cuota promedio que pagan las empresas, agregó, promedia el 4,7% de la masa salarial, lo cual refleja una suba muy grande, del triple, si se compara con 1998, cuando era de 1,6%.

«La siniestralidad de la industria manufacturera se mantuvo casi el mismo nivel de 1997, mientras la cuota pactada creció 3.097% en ese mismo período», afirmó.

El diputado del Frente Renovador añadió que «la litigiosidad aumenta fuertemente a partir de 2004», al habilitarse tribunales laborales para realizar demandas.

«Aparece así una una clara contradicción: mientras la siniestralidad cae aumentan los juicios, lo cual tiene que ver con la doble vía; los trabajadores cobran indemnización y pueden ir luego a reclamar a la Justicia», dijo.

De Mendiguren mencionó en particular el impacto sobre las pequeñas y medianas empresas, que hoy «deben pagar mayores cuotas a las ART, mientras sufren la caída de la actividad, la suba de las tarifas, las tasas de interés y las importaciones».

Tras la intervención de Gerardo Martínez, titular del gremio de la construcción, quien sostuvo que «la cultura de la prevención debe ser parte relevante del sistema», el vicepresidente de la Unión Industrial, Daniel Funes de Rioja, coincidió en que «la prevención tiene que estar al tope de nuestras prioridades en el diálogo social entre trabajadores y empresarios».

Funes de Rioja cuestionó luego que la justicia objete la ley actual «en más de 40 puntos».

«Soy abogado y cuando los procesos se apartan de la ley, porque citan el preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos, yo digo: acá cuidado, si judicializamos todos, terminamos en la banquina», dijo el empresario.

«¿Qué previsibilidad puede haber cuando hay más poesía que matemática?», se preguntó para luego sostener que «si un sistema sólo se resuelve mediante conflictos judiciales, está mal el sistema, a partir de distintas decisiones judiciales».

Funes de Rioja señaló que «hay países que pagan de 0,3% hasta 1,5% de alícuota, en nuestro caso van desde 10 hasta 20%».

«Entre otras cosas -explicó- porque empezaron a decidir los jueces que en el caso de accidentes in itinere dicen que no hay responsabilidad objetiva sino subjetiva, porque hay daño moral; ¿de qué Código Civil salió esto si la ley dice exactamente lo contrario, si las decisiones judiciales asumen una idea de Justicia que van más allá de la ley».

Para el vice de la UIA, no se deben invocar principios superiores, que son muy respetables, pero que hacen inviable no sólo la actividad productiva sino el transporte o cualquier otra actividad.

Funes de Rioja instó en ese sentido a «volver al acuerdo marco de 1994, no prohibir la litigiosidad, pero sí evitarla», ya que «si se destruye la estructura del seguro lo que queda es la no cobertura de los trabajadores».

Según el dirigente, «se pueden discutir los factores endógenos, ver las enfermedades, los porcentajes, pero hay otras cuestiones que la justicia dejó flotando en el mar peligroso de la imprevisibilidad».

Fuente I Profesional