Buenos Aires (EP) 20 de Sept. – El Gobierno modificó el marco regulatorio del programa Energía Plus, lanzado a mediados de la década pasada para incentivar la inversión en el parque termoeléctrico. Desde este lunes Cammesa dejó de reconocer el precio del gas establecido en los contratos de abastecimiento entre eléctricas y petroleras. Quieren que los privados renegocien contratos vigentes para bajar subsidios.

El Ejecutivo informó a las principales compañías del sector de generación de electricidad de un cambio regulatorio en el funcionamiento del programa Energía Plus, lanzado a mediados de la década pasada para incentivar la inversión en el parque termoeléctrico. La semana pasada directivos de Cammesa advirtieron a representantes privados que deberán readecuar los contratos de suministro de gas para las centrales que están alcanzadas por la iniciativa, que contempla el pago de un precio más alto para la energía generada en esas plantas. Lo que está en juego, en definitiva, es lograr una baja de subsidios para el sector eléctrico.

En rigor, por instrucción de la Secretaría de Energía, que dirige Javier Iguacel, desde el lunes Cammesa dejó de reconocer el precio del gas establecido en los contratos de abastecimiento firmados entre eléctricas y petroleras o comercializadoras, según aseguraron a EconoJournal fuentes del mercado eléctrico.

La decisión del gobierno afectó a Pampa Energía, la generadora del holding homónimo que encabeza Marcelo Mindlin; Central Puerto, controlada por el ex accionista Sadesa Guillermo Reca; la norteamericana AES, y a la local Albanesi. Son las propietarias de las centrales con contratos de Energía Plus que, en total, inyectan unos 700 megawatt (Mw) de energía al sistema.

¿Cómo funciona el programa? La resolución 1281/06 de la Secretaría de Energía, por entonces dirigida Daniel Cameron, permitió que aquellas generadoras con proyectos de ampliación del parque de generación accedan a precios diferenciales de la energía, que rondan los US$ 70 por megawatt por hora (MWh) producido. La norma buscó traccionar los desembolsos privados en tiempos en que el congelamiento de tarifas y la intervención del mercado ayuhentaban la inversión. La mayoría de las centrales que se construyeron o ampliaron bajo el paraguas del plan fueron usinas térmicas alimentadas con gas natural. Las empresas debían conseguir por su cuenta el abastecimiento del fluido para las centrales. Para eso, firmaron contratos con petroleras o comercializadoras a un precio cercano a los US$ 5 por millón de BTU o incluso más alto.

Cambio sobre la marcha

La regulación establecía que las generadoras presentaban luego ese contrato en Cammesa, que en ese momento —y hoy lo sigue haciendo— monopolizaba el suministro de combustibles, para que se les reconozca a los privados ese costo en la remuneración final por la energía generada. Eso fue lo que cambió a partir de esta semana. A partir del lunes el Ejecutivo dejó de reconocer el precio del gas incluido en los contratos. Informó que sólo pagará el precio del fluido que resultó de la licitación realizada hace 10 días en el MEGSA (Mercado Electrónico del Gas) en la que Cammesa adquirió en una subasta pública gas interrumpible para las centrales térmicas para el período septiembre-diciembre de este año. Las ofertas recibidas promediaron un precio del gas de US$ 3,40 por MMBTU a nivel nacional. Es decir, hasta un 40% menos que los precios fijados entre generadoras y petroleras. Esa diferencia terminaba siendo un costo para el Estado que traccionaba los millonarios subsidios para el sector energético.

Para las empresas eléctricas, la medida del gobierno fue un problema, principalmente por la forma y el plano en que se comunicó. “Nos informaron un jueves que al lunes siguiente, o sea, tres días más tarde, dejarían de reconocer los contratos de gas firmados. Casi no hubo tiempo para buscar una readecuación con las petroleras. Tenemos contratos de take or pay vigentes (la mayoría vence en 2019), por lo que si no pagamos, el productor de gas está en condiciones de exigirnos ese dinero”, se lamentó el gerente de una empresa eléctrica, que incluso dejó entrever que por el ruido generado podría demorar el inicio de la construcción de un parque de energía renovable. Otras empresas como Pampa Energía, que cuenta con el respaldo de ser además una productora de gas, cuentan con mayor maniobrabilidad para enfrentar el cambio regulatorio. “Las más afectadas son algunas comercializadoras de gas, que tendrán que renegociar a dos puntas, con los productores y las generadoras”, explicaron desde otra empresa.

Gentileza Econojournal