Buenos Aires (EPatagonicas) 20 de Mayo. – En los últimos dos meses, las grandes petroleras del país –YPF, Pan American Energy (PAE), Total, Wintershall y Petrolera Pampa, que acaba de comprar Petrobras Argentina- mantuvieron una dura –aunque silenciosa- negociación con el Gobierno para cobrar alrededor de US$ 1500 millones en concepto de subsidios atrasados a la producción de gas. Son subvenciones que las empresas deberían haber percibido el año pasado beneficiadas por el Programa de estímulo a la inyección adicional de gas (Plan Gas), que premia con un precio de US$ 7,50 por millón de BTU a la oferta nueva del fluido.

El Ejecutivo está dispuesto a cancelar esa deuda con títulos del Tesoro. Sobre ese punto hay acuerdo con las petroleras. El elemento de la discordia, sobre el que las partes tienen posiciones antagónicas, es el tipo de cambio que corresponde aplicar para pesificar la deuda. Las empresas –con YPF a la cabeza- querían que se tome un valor del dólar cercano al actual, en la banda de los 13-15 pesos. El Gobierno, en cambio, pretendía emplear el tipo de cambio vigente al momento de la inyección del gas al sistema durante 2015, con valores que van de 8,50 a 9,50 pesos por dólar. La visión de la Casa Rosada fue la que se impuso, no producto del consenso sino por una decisión unilateral de la administración de Mauricio Macri, que la semana pasada dio por terminada por negociación. “El Gobierno tiene voluntad de pagar pero alega que es una deuda heredada del kirchnerismo y no está dispuesto a pesificarla al tipo de cambio actual”, explicaron a El Inversor Online desde una petrolera.

En la práctica, los productores deberán absorber el impacto de la devaluación de la moneda, que de diciembre a la fecha se acerca al 50%. YPF, por ejemplo, que tiene acreencias a favor por alrededor de US$ 1300 millones terminará recibiendo una cifra pesificada –al tipo de cambio vigente en 2015- equivalente a US$ 950 millones. Es decir, 350 millones menos de lo que había incluido en sus balances. La francesa Total, segundo productor de gas del país, y la alemana Wintershall, socias en yacimientos de Neuquén y Tierra del Fuego, terminarán perdiendo en conjunto alrededor de US$ 150 millones, en tanto que PAE –de la británica BP, la china CNOOC y la familia Bulgheroni- dejará en el camino cerca de US$ 70 millones.

“El pago en bonos debería concretarse en algunas semanas, después de que salga la norma que autorice el pago”, explicó un ejecutivo del sector al tanto de las negociaciones. Sin embargo, el tema está lejos de estar concluido. Algunas empresas afectadas están analizando recurrir la decisión del Gobierno en vía administrativa o arbitral. En efecto, planean apelar al paraguas que ofrece la Ley de Protección de Inversiones Extranjeras, que habilita la posibilidad de apelar a un arbitraje internacional para definir un diferendo con el Estado.