Buenos Aires (EPatagonicas) 14 de Abril. – En medio del avance judicial sobre la ruta del dinero K y los coletazos de los “Panamá Papers”, el discurso macrista dejó al descubierto una marcada contradicción entre los anuncios del ministerio de Hacienda y Finanzas y el accionar de la cartera de Energía y Minería. Según La Política Online, casi al mismo tiempo en que el ministro Alfonso Prat-Gay salió a asegurar a los medios que “no habrá más aumentos en los servicios públicos durante este año”, algo que reiteró de modo enfático en Nueva York (“aumentos de tarifas ya no hay más”), su colega Juan José Aranguren decidió poner en marcha la denominada “Revisión Tarifaria Integral” (RTI) de Edenor y Edesur que derivará, indefectiblemente, en un nuevo ajuste de tarifas en los últimos meses de 2016. Frente a los cuestionamientos de los usuarios por la magnitud de las subas autorizadas para el gas, AySA, colectivos y trenes y el impacto en la inflación que se espera para abril y mayo; el titular de Hacienda y Finanzas buscó aportar algo de calma con la promesa de que éstos han sido los últimos aumentos de tarifas que tendrán los servicios públicos en el transcurso del año.

En el equipo económico de Prat Gay consideran que ya no hay más margen para seguir recortando el atraso tarifario heredado del anterior gobierno y que mantener los nuevos valores de los servicios hasta 2017 se torna clave para poder alinear las expectativas y las variables económicas en torno de una inflación mensual inferior al 2% a partir del segundo semestre del año.

En cambio, desde la óptica del ministerio de Energía los incrementos tarifarios que arrojarán las RTI de las distribuidoras eléctricas no deben soslayarse, ni demorarse más allá de diciembre de 2016 porque ha sido un compromiso asumido para restablecer el equilibrio del sector y poder concretar las inversiones necesarias para la mejora del servicio.