Buenos Aires (EP) 01 Mar. – “Las decisiones estatales de los últimos tres años han ampliado el universo de pobres energéticos, en vez de reducirlo”. Así lo expresó la defensora Adriana Santagati como representante de las Defensorías del Pueblo de la Región Patagónica, en oportunidad de brindar su exposición en la audiencia pública por la tarifa de gas llevada a cabo, durante la mañana de ayer, en el Centro Metropolitano de Diseño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“El nuevo cuadro de la pobreza energética se caracteriza por la incorporación de los usuarios formales y la profundización de las dificultades de los informales para procurarse fuentes de abastecimiento. Sin dudas, ha sido la falta de acatamiento de los principios de gradualidad y razonabilidad en la transición de un modelo a otro lo que explica esta lamentable regresión: en vez de achicar la cantidad de pobres energéticos y lograr esquemas más igualitarios, la hemos ampliado, profundizando las brechas de desigualdad que carga nuestro país desde hace varias décadas”, remarcó Santagati.

Señalo que “las autoridades deben acatar los principios regulatorios imperantes en nuestro país, los derechos fundamentales de los usuarios y las directivas internacionales en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

Indicó además que “hace al menos cien años que esos principios han sido gestados, precisamente, para marcar límites al mercado” y resaltó que “desconocerlos evidencia una profunda ignorancia del derecho y la historia, no sólo de Argentina, sino de occidente”.

Avanzada su alocución, Santagati exigió en representación de todos los defensores del pueblo de la Región Patagónica que “el ENARGAS cumpla con el deber de ¨Proteger adecuadamente los derechos de los consumidores¨ que le impone la Ley 24.076, teniendo en cuenta para ello que los consumidores tienen derecho a la prestación de este servicio a precios que resulten ¨justos¨”.

“Los aumentos en el PIST generados a través de la modalidad fijada por laSecretaría de Energía ocasionarán graves e ilegítimos perjuicios a los usuarios, ya que la dolarización del precio en la adquisición del gas y el traslado de su costo a la tarifa final de manera semestral contradicen los principios de ¨razonabilidad, gradualidad y racionalidad de las tarifas de servicios públicos¨ que están en la base del marco jurídico de la actividad”, expresó Santagati.

“También solicitamos al ENARGAS la revisión de la Resolución N° 1700/2002 que autoriza a las empresas prestatarias del ¨servicio público¨, a trasladar en forma directa el costo del ¨Impuesto a los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente¨, determinado en la Ley 25.413, a pesar de que la propia norma determine que dicho impuesto corresponde únicamente a los titulares de las cuentas bancarias”.

La defensora aseguró que “este tributo que se aplica a la tarifa de los usuarios resulta directamente ¨ilegal¨, ¨arbitrario¨ e ¨irrazonable¨, por cuanto, si bien el Estado en su relación con las empresas prestatarios del servicio público, por un lado resuelve la aplicación de un nuevo tributo; por el otro, autoriza a estas mismas empresas su traslado y costo directo –vía tarifa- a los usuarios, los que en definitiva resultan ajenos y terceros privilegiados de dicha relación tributaria, obviamente no así en su abono”.

Por último, la defensora del pueblo de Río Negro manifestó: “Desde la Región Patagónica requerimos al ENARGAS la atención diferenciada, ratificando el carácter de los servicios públicos como servicios esenciales y recordando que un servicio público esencial surge de las condiciones de tiempo y lugar de una sociedad determinada. Esto significa que, en la aprobación del cuadro tarifario para la Patagonia por parte del ENARGAS se deberá tener especial atención, ya que la restricción del servicio de gas por una tarifa desmesurada o irrazonable, atenta contra la integridad física y la supervivencia de las personas”.

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