San Juan (EP), 17 de junio \u201826. La iniciativa busca fortalecer la econom\u00eda sanjuanina al exigir mayor contrataci\u00f3n de trabajadores y compras a empresas locales en miner\u00eda.<\/p>\n
A las puertas de un ciclo de inversiones que promete ser hist\u00f3rico de la mano de los mega-proyectos de cobre (como Josemar\u00eda, Los Azules, El Pach\u00f3n y Altar) y bajo el paraguas normativo del R\u00e9gimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el Gobierno de San Juan decidi\u00f3 mover su pieza regulatoria m\u00e1s ambiciosa y sofisticada. El Poder Ejecutivo provincial envi\u00f3 a la C\u00e1mara de Diputados el texto definitivo del proyecto de ley de Proveedores Mineros. La iniciativa no es un simple enunciado de buenas intenciones pol\u00edticas: se trata de un andamiaje legal de precisi\u00f3n quir\u00fargica que busca obligar a las corporaciones multinacionales a volcar sus millonarios presupuestos de operaci\u00f3n y construcci\u00f3n dentro de las fronteras provinciales.<\/p>\n
El texto de la ley, al que accedi\u00f3 iProfesional en forma completa, se mete de lleno en la \u00abletra chica\u00bb de los contratos de locaci\u00f3n de obra, los pliegos de contrataci\u00f3n, las estructuras de capital de las pymes locales y hasta la radicaci\u00f3n fiscal de las flotas de camiones y camionetas. El objetivo de la administraci\u00f3n sanjuanina es claro: desactivar de ra\u00edz el temido \u00abefecto enclave\u00bb \u2014donde las mineras extraen el recurso natural pero contratan sus grandes obras civiles, ingenier\u00edas complejas y servicios industriales de alto valor agregado con proveedores de Buenos Aires, C\u00f3rdoba o el exterior\u2014. El Ejecutivo busca maximizar el impacto socioecon\u00f3mico local en un momento de fuerte recesi\u00f3n nacional y ca\u00edda de la obra p\u00fablica.<\/p>\n
Sin embargo, el proyecto asume un desaf\u00edo t\u00e9cnico monumental: \u00bfc\u00f3mo forzar un compre local agresivo sin espantar los capitales de Wall Street o Toronto y sin violar los principios de libre comercio consagrados en la Constituci\u00f3n Nacional? La respuesta oficial qued\u00f3 plasmada en una norma tan estricta en sus metas cuantitativas como flexible y blindada en sus aspectos interpretativos.<\/p>\n
El mapa del empleo: el piso del 80% y el \u00abcepo\u00bb del DNI por zona de influencia<\/p>\n
El T\u00edtulo II del proyecto introduce una de las mayores presiones operativas para las compa\u00f1\u00edas: el Plan de Desarrollo de Empleo Local. Seg\u00fan el art\u00edculo 5, las empresas mineras deber\u00e1n presentar, con car\u00e1cter de declaraci\u00f3n jurada, un plan adecuado a cada etapa del yacimiento (prospecci\u00f3n, exploraci\u00f3n, construcci\u00f3n, explotaci\u00f3n, cierre y post-cierre) cuyo objetivo central sea alcanzar una contrataci\u00f3n de Trabajadores Locales equivalente al 80%.<\/p>\n
La verdadera \u00abletra chica\u00bb del art\u00edculo radica en c\u00f3mo se calcula esta masa laboral. La norma establece que el 80% se medir\u00e1 sobre el total de la n\u00f3mina promedio anual de trabajadores vinculados al proyecto, computando de forma consolidada tanto los puestos directos de la empresa minera como los indirectos de todas sus contratistas y subcontratistas. Esto significa que las multinacionales ya no podr\u00e1n desligarse del empleo local delegando las grandes obras civiles en constructoras nacionales; la operadora principal ser\u00e1 la garante legal del cupo ante el Ministerio de Miner\u00eda.<\/p>\n
Para evitar las avivadas de trabajadores que mudan su domicilio fiscal de forma express atra\u00eddos por los altos sueldos mineros, el proyecto divide a los beneficiarios en dos categor\u00edas estrictas basadas en el domicilio real asentado en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y ratificado por certificaciones de autoridad competente o constancias de servicios p\u00fablicos activos:<\/p>\n
Trabajadores locales de comunidades de influencia: Son aquellos radicados en los departamentos donde se asienta el proyecto seg\u00fan lo aprobado en la Declaraci\u00f3n de Impacto Ambiental (DIA). Para ellos, se exige una antig\u00fcedad m\u00ednima de residencia continua de 24 meses.<\/p>\n
Trabajadores locales provinciales: Ubicados en el resto de los departamentos de San Juan, con una antig\u00fcedad m\u00ednima exigida de 12 meses.<\/p>\n
El art\u00edculo 6 establece, adem\u00e1s, un estricto orden de prelaci\u00f3n para las b\u00fasquedas laborales. Las empresas deber\u00e1n priorizar en primer lugar al desocupado del departamento de influencia directa, luego al de influencia indirecta, en tercer t\u00e9rmino al habitante del resto de San Juan, dejando en los escalones finales al residente de otra provincia argentina y, por \u00faltimo, al extranjero.<\/p>\n
La barrera comercial: cuota del 60% de facturaci\u00f3n y el filtro del RE.PRO.MIN.<\/p>\n
Si el cap\u00edtulo laboral es exigente, el T\u00edtulo III \u2014enfocado en el desarrollo de proveedores locales\u2014 reconfigura por completo el mapa del negocio corporativo en la regi\u00f3n. El art\u00edculo 9 determina que las mineras deben estructurar un plan para alcanzar una participaci\u00f3n equivalente al 60% del monto total anual de adquisiciones y contrataciones del proyecto en manos de Proveedores Locales.<\/p>\n
Para que un d\u00f3lar gastado por la minera compute dentro de este cupo del 60%, el proveedor deber\u00e1 contar con una inscripci\u00f3n vigente en el Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN.), un registro p\u00fablico, \u00fanico y digital que funcionar\u00e1 bajo la \u00f3rbita del Ministerio de Miner\u00eda de la provincia.<\/p>\n
Los requisitos t\u00e9cnicos para ingresar al RE.PRO.MIN. (art\u00edculo 12) act\u00faan como un verdadero filtro dise\u00f1ado para desmantelar las llamadas \u00abempresas fantasma\u00bb o meras oficinas comerciales de papel instaladas en San Juan por grandes corporaciones porte\u00f1as:<\/p>\n
Control del Capital y Beneficiario Final: La pyme que busque el certificado de proveedor local debe demostrar que al menos el 51% de su capital social (o de los votos que forman la voluntad social) pertenece a personas humanas con domicilio legal y fiscal en San Juan. El texto va m\u00e1s all\u00e1 y exige que si los socios son personas jur\u00eddicas, se debe realizar el caminito de transparencia hasta acreditar la identidad de los \u00abbeneficiarios finales\u00bb de esos derechos societarios.<\/p>\n
Excepci\u00f3n por Inversi\u00f3n Real: El proyecto abre una ventana inteligente. Aquellas firmas de fuera de la provincia que no cumplan con el 51% de capital local podr\u00e1n registrarse \u00fanicamente si demuestran que su \u00abestablecimiento principal\u00bb \u2014donde se concentra la mayor parte de los procesos industriales de transformaci\u00f3n o n\u00facleo operativo\u2014 se encuentra f\u00edsicamente ubicado en San Juan, respaldado por una antig\u00fcedad de entre 12 y 24 meses de facturaci\u00f3n continua en la provincia, o mediante una inversi\u00f3n real comprobada y planes de transferencia tecnol\u00f3gica acordados con el Estado.<\/p>\n
Nacionalizaci\u00f3n de Patentes Vehiculares: En un fuerte gui\u00f1o a la recaudaci\u00f3n fiscal de los municipios y la provincia, el art\u00edculo 12, inciso 5, obliga a los proveedores a registrar y tributar el Impuesto Automotor en San Juan por la totalidad de los veh\u00edculos afectados al proyecto minero, ya sean propios, alquilados o contratados a terceros (con excepci\u00f3n de contratos de leasing).<\/p>\n
Los \u00abgrises\u00bb de la ley: competitividad frente al riesgo de cartelizaci\u00f3n<\/p>\n
Uno de los puntos que genera mayor debate y que las empresas mineras observan con recelo es el riesgo de que una exigencia de compre local obligatoria en porcentajes tan altos derive en una inflaci\u00f3n artificial de costos o en cuellos de botella operativos. Construir tres o cuatro mega-proyectos de cobre en simult\u00e1neo en la cordillera sanjuanina demandar\u00e1 vol\u00famenes de insumos, metalmec\u00e1nica pesada, servicios de alta complejidad y log\u00edstica que hoy exceden la capacidad instalada en la regi\u00f3n.<\/p>\n
El art\u00edculo 10, inciso 7, obliga a las mineras a ponderar las ofertas locales y a priorizar al proveedor industrial local (que agrega valor en talleres propios) por sobre el mero \u00abproveedor comercial\u00bb (un intermediario que compra fuera de la provincia y revende en San Juan).<\/p>\n
Frente al fantasma corporativo de la cartelizaci\u00f3n de precios internos, los redactores del proyecto introdujeron v\u00e1lvulas de escape t\u00e9cnicas muy precisas. El art\u00edculo 9 aclara expl\u00edcitamente que las mineras podr\u00e1n excluir de la base de c\u00e1lculo del 60% aquellas contrataciones respecto de las cuales \u00abno exista oferta local disponible en condiciones razonables de calidad, capacidad t\u00e9cnica, cantidad, oportunidad o precio de mercado\u00bb.<\/p>\n
Eso s\u00ed: la minera no podr\u00e1 decidir la exclusi\u00f3n de forma unilateral o discrecional. Deber\u00e1 presentar una exhaustiva justificaci\u00f3n t\u00e9cnica ante la Autoridad de Aplicaci\u00f3n acompa\u00f1ada de un plan de acci\u00f3n para desarrollar a futuro a proveedores locales en ese rubro vacante, salvando los casos donde el producto o servicio sea t\u00e9cnica o econ\u00f3micamente imposible de producir en San Juan.<\/p>\n
El \u00abescudo legal\u00bb: c\u00f3mo el proyecto evita chocar con la Constituci\u00f3n<\/p>\n
Fuentes del \u00e1mbito del derecho minero corporativo consultadas por iProfesional destacaron la astucia legal con la que se redact\u00f3 el Art\u00edculo 2 de la norma, dedicado por entero a fijar los principios de interpretaci\u00f3n de la ley. Esta secci\u00f3n opera, en la pr\u00e1ctica, como un sofisticado escudo constitucional.<\/p>\n
Hist\u00f3ricamente, las leyes de compre local estrictas en las provincias mineras han caminado por la cuerda floja de la inconstitucionalidad, siendo vulnerables a planteos judiciales por violar el libre comercio interprovincial, discriminar a ciudadanos de otras regiones del pa\u00eds o establecer aduanas interiores encubiertas.<\/p>\n
Para neutralizar de antemano cualquier impugnaci\u00f3n ante la Corte Suprema de la Naci\u00f3n, el proyecto de ley de San Juan introduce taxativamente en su articulado el respeto absoluto por el Principio de libre competencia, el Principio de libertad de comercio y la Libertad de ejercer industria l\u00edcita, todos ellos garantizados por la Constituci\u00f3n Nacional.<\/p>\n
El texto deja en claro que el fomento de la industria sanjuanina \u00aben modo alguno debe implicar, significar, fomentar, facilitar o traer como consecuencia favorecer los acuerdos entre competidores o las concentraciones econ\u00f3micas\u00bb. Tampoco podr\u00e1 interpretarse como una \u00ablimitaci\u00f3n, menoscabo o perturbaci\u00f3n de la libertad de movimientos de los factores de producci\u00f3n\u00bb. El art\u00edculo cierra ordenando que toda la estructura regulatoria de la ley debe aplicarse bajo estrictos criterios de \u00abrazonabilidad y proporcionalidad\u00bb, desterrando la discrecionalidad administrativa del funcionario de turno.<\/p>\n
El nuevo escenario bienal y las sanciones en juego<\/p>\n
La ley obligar\u00e1 a las mineras a un ejercicio de planificaci\u00f3n a largo plazo. Los planes de empleo y de proveedores locales tendr\u00e1n un esquema de actualizaci\u00f3n e informe obligatorio cada dos a\u00f1os. En estas revisiones bienales, las compa\u00f1\u00edas mineras deber\u00e1n presentar sus reportes con car\u00e1cter de declaraci\u00f3n jurada, detallando los desv\u00edos en los porcentajes, las justificaciones t\u00e9cnicas de mercado y los indicadores de impacto y sostenibilidad de sus programas de desarrollo comunitario voluntario (regulados en el art\u00edculo 4).<\/p>\n
El cumplimiento de estos planes no ser\u00e1 optativo. Aunque el texto analizado resguarda los principios de libre comercio, el incumplimiento injustificado de las declaraciones juradas y de las metas progresivas acordadas con el Ministerio de Miner\u00eda expondr\u00e1 a las compa\u00f1\u00edas operadoras a penalidades severas que la reglamentaci\u00f3n terminar\u00e1 de pulir, y que podr\u00edan ir desde fuertes multas econ\u00f3micas asociadas al valor de los minerales extra\u00eddos hasta el congelamiento de su inscripci\u00f3n en el Registro de Productores Mineros, un paso administrativo previo indispensable para poder exportar y operar comercialmente.<\/p>\n
Con las cartas sobre la mesa, la Legislatura sanjuanina abre el debate de una de las normas m\u00e1s densas y cruciales para el futuro econ\u00f3mico de la regi\u00f3n. El desaf\u00edo pol\u00edtico de los diputados provinciales ser\u00e1 no alterar el fino equilibrio del texto original: mantener los \u00abdientes\u00bb necesarios para asegurar que los d\u00f3lares de la miner\u00eda de cobre irriguen con fuerza a las pymes y al trabajo local, sin transformar la ley en una traba burocr\u00e1tica r\u00edgida que termine enfriando los mismos proyectos que San Juan necesita para encender definitivamente su motor econ\u00f3mico.<\/p>\n
Gentileza https:\/\/www.iprofesional.com\/<\/p>\n
Fotograf\u00eda Diario de Cuyo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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