Buenos Aires (EPatagonicas) 23 de Nov. – Durante dos días se llevaron a cabo en Buenos Aires los análisis de la conveniencia o no de la realización del nuevo Acuerdo Federal Minero. Ya hubo voces discordantes que salieron a los medios a plantear las diferencias.

Hay quienes desean cambiar el Código de Minería para establecer otras escalas para el pago de regalía. Otros en cambio desean que la captación de impuestos que posee actualmente la Nación sea distribuida con las provincias que la generan. Esta negociación es compleja y se encuentra en una etapa experimental, ya que el verdadero debate se dará finalmente en cada jurisdicción tras su paso por el Congreso Nacional.

Los representantes de las 23 provincias congregados en el Consejo Federal de Minería (COFEMIN.) sesionaron en la Secretaría de Minería de la Nación para establecer las bases del documento que definiría la Política de Estado de la actividad minera que impulsa la gestión de Daniel Meilán.

Si bien no hubo declaraciones específicas sobre los contenidos que ya fueron abordados por los representantes, aparecieron en escena voces contrarias a las intenciones del gobierno nacional. Algunas llegaron desde los empresarios mineros, especialmente de los ejecutivos de las firmas nucleadas en la CAEM, pero estos lo hicieron saber mediante versiones periodísticas. Las otras, más directas, se refieren a las posturas de las provincias mineras, en este caso Santa Cruz. Siendo el mismo secretario de minería, de esta jurisdicción, Guillermo Bilardo, quien planteó las primeras diferencias y desacuerdos con las ideas reinantes en el equipo del gobierno nacional.

Si bien los colaboradores de los funcionarios nacionales calificaron estas apreciaciones de “fuego de artificio”, hay otros asesores de las provincias poderosas que prefieren especular que estas valoraciones de Bilardo son la punta del iceberg de lo que deberán acomodar con ésta y otras provincias tales como Catamarca, San Juan, Jujuy y Salta.

Entre los dichos de Bilardo hubo un párrafo tajante y de preciso veneno cuando expresó en los medios de su provincia que “El Acuerdo Minero que propone el Gobierno Nacional perjudica a las Provincias y el único beneficio sería para las empresas que verían, una vez más, aumentada su renta. Nosotros vamos a proponer su discusión en el ámbito de la Organización Federal de Estados Mineros de la que participan los Gobernadores”. Invocando a un invitado de piedra que no fue consultado, convocado, ni tenido en cuenta hasta ahora como es el sello de goma denominado OFEMI.

Para un ex funcionario del área, consultado por PGM, la ausencia de OFEMI, responde a que “todavía no hay cuestiones de peso para decidir ya que ellos habrán de reunirse ante una oferta concreta o cuando quieran presentarse para cumplir objetivos en común”. Vale aclarar que en la OFEMI se encuentran representadas 11 provincias, entre las que se halla la de mayor incidencia minera. En la misma línea el legendario exponente de la órbita oficial fue tajante “en el COFEMIN la mitad de sus componentes no conocen al gobernador de su provincia y sólo ven al ministro del área en dos o tres oportunidades al año”. Lo narrado, por cruel que parezca, es un dato de la realidad que, salvo excepciones como las provincias de Neuquén, Salta, San Juan, Santa Cruz, Catamarca y Córdoba, el resto ve a su gobernador sólo en la foto que cada uno posee en su despacho.

Es más, entre los funcionarios nacionales existirían dos posturas. Los que están en línea directa con Meilán para buscar un solo eje de cuestiones tendientes a una política de estado que englobe el “abc” del desarrollo, y por otro lado, se encuentran quienes sostienen que debe existir un marco acuerdo general, pero que a la hora de discutir negociaciones particulares, cada provincia se maneje en forma independiente. Respondiendo de esta forma a los planteos de Bilardo.

¿Qué dicen desde Santa Cruz? Guillermo Bilardo, se refirió a las modificaciones propuestas por el gobierno nacional sobre el Acuerdo Federal Minero en el marco del COFEMIN, que en la actualidad analiza las provincias y planea modificar aspectos inherentes a la que rige actualmente en esta actividad y data del año 1993.

Bilardo marcó como algo negativo, ya que a su entender “no se podrá establecer más como prioridad la contratación de trabajadores radicados o nacidos en Santa Cruz, al igual que para la provisión de bienes, servicios e insumos, ya que prohibirá la celebración de acuerdos o normas que apoyen esta política de Estado que desde el Gobierno Provincial estamos fuertemente impulsando, tanto a través de la Ley 3.141 como de la Mesa de Gestión Minera” dijo a la prensa de su provincia.

Bilardo resaltó que “si bien con estas modificaciones tienen en cuenta la necesidad de desarrollar proveedores de cada uno de los eslabones de la cadena de valor, perjudican al empresariado local al establecer que será sin priorizar a los proveedores santacruceños, a contramano de todos los esfuerzos que se están haciendo de manera conjunta con el sector nucleado en la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz o de la Federación Económica de Santa Cruz”. “En materia de Responsabilidad Social Empresaria, desde el Gobierno Nacional plantean dejar sin efecto la inversión que hoy las operadoras están realizando en Salud, Educación, Vivienda o Seguridad, vulnerando los acuerdos ya existentes entre el Estado Provincial, los municipios y las propias operadoras”, agregando luego que “sí habilita la posibilidad de crear un Fondo Minero de Desarrollo – que administrase la Secretaría de Minería de la Nación – con un porcentaje menor al que en la actualidad las operadoras aportan al Fideicomiso UNIRSE y desde donde se nvierte en estos sectores vitales para el Estado”.

Sobre este Fondo Fiduciario en particular, abundó en que “se pretende dejarlo sin efecto en un plazo de 90 días, ya que plantean ‘evitar en lo sucesivo la creación de tributos, impuestos, contribuciones, tasas, derechos o cualquier otro tipo de aporte a ser aplicado en forma directa o indirecta al sector minero’, concentrando aún más la renta hacia este sector de la economía”, detalló.

Sobre lo que este nuevo acuerdo planifica en lo que respecta al rol de las empresas del Estado, como el caso de la santacruceña FOMICRUZ, Bilardo hizo hincapié en que “también nos perjudicará, junto al resto de las provincias, ya que nuestra empresa del Estado no podrá ser primera opción para adquirir derechos mineros de cualquier índole”.

Nadie salió a desdecir al patagónico Las afirmaciones del funcionario santacruceño calaron hondo. Otros pares de él, pasaron sus pensamientos por el maquillador antes de enfrentar los micrófonos y las cámaras. Pero desde la esfera nacional nadie levantó el guante a las tres o cuatro enrostradas que hizo el discordante. Hubiera sido interesante escuchar las explicaciones de quienes secundan a Meilán, tales son los casos de sus dos subsecretarios, Santiago Dondo y Mario Capello. Las apreciaciones de Bilardo no conocen todavía respuestas públicas de los subalternos políticos, las que no llegaron a ninguna redacción, por ahora.

Es raro que el más verborrágico de los funcionarios, caso Capello, no haya hecho saber su pensamiento sobre los dichos de Bilardo. Como todos saben, es quien está más en línea con el pensamiento de las empresas y posee casi nulo sentido del rol del Estado, por lo cual hubiera sido importante saber su interpretación ante las afirmaciones del santacruceño, las que a entender de los observadores, obligaban a concebir respuestas técnicas o políticas. También llamó la atención que Dondo, el más subordinado y componedor del equipo del gobierno, no haya hecho algún tipo de pronunciamiento o interpretación sobre las palabras de su par provincial.

Aquí radica la debilidad de Meilán. O si se prefiere del AFM versión siglo XXI.

Carece de voceros que defiendan su postura y la razón por la cual impulsa el AFM. A diez meses de gestión es imprescindible que sus allegados dejen aflorar sus convicciones para arremeter contra aquellos que operan desde las sombras o en los medios de comunicación. Deben existir respuestas, y éstas no poseen presencia.

Esto se potencializa al comunicar poco y mal. Los partes de prensa no transmiten convicciones ni matices, y lo que es determinante, no construyen el mensaje con claridad de lo que se anhela o propone como objetivo. Son meras esquelitas que se asemejan a simples producciones de talleres de poesías. Carecen de abordaje periodístico y de empatía para captar interés público.

Que alguien le avise a Meilán que en la era de la comunicación y las nuevas tecnologías, viene perdiendo por goleada y eso que ante tan ambicioso proyecto, ante tanta energía que él le imprime, no se quiera o no se den cuenta que su silencio exhibe estar fuera de foco, intangible o perdido, y esa situación es una picardía. Y basta con la sanata de decir por los pasillos a modo de lamento que “José (por el ministro Aranguren) no nos deja”.

Tampoco está bueno privatizar la noticia, el off de record, y menos, manipular demandas del mercado mediante fácticas decisiones. Todo se puede volver muy en contra, más cuando se boconea “ser trasparente” y existen actitudes, desde las segundas y terceras líneas, que distan mucho de serlo. Cuidado, este terreno es peligroso.

En esta “auto-patriada encarnada por Meilán”, el secretario no sólo debe convencer a ministros que lo miran de reojo por su convicción pro minera; debe arar en una tierra que él desconoce por ser un “ajeno” al color político, y como si fuera poco, debe lidiar con propios y ajenos para que comprendan su proyecto. Esta versión del Meilán siglo XXI está años luz de sus tiempos menemistas. Antes levantaba el teléfono y lograba el 100 % de sus inquietudes, ahora debe arremangarse, gestionar y sin resultados asegurados.

Nadie, en el sector privado minero y en el gobierno, le quitará el mérito de ser uno de los que más comprende la lógica minera del Estado y la política; del consenso y la racionalidad. Pero esto es un juego de intereses, es un negocio y como tal, cada uno buscará conveniencias. Es fundamental la fortaleza y la coherencia.

“Nos encontramos frente a una oportunidad histórica. Nos une la convicción de que la minería está llamada a ocupar un rol importante en la construcción de un país más justo, igualitario y descentralizado. Nuestro compromiso es establecer condiciones favorables a la inversión minera, que se traduzca en más trabajo y más oportunidades de desarrollo para toda la población, en especial aquella históricamente más relegada. Llegó el momento de pasar a la acción”, dijo Meilán refiriéndose al Acuerdo Federal Minero.

Para arribar al puerto que pretende el funcionario, todo el equipo de gobierno de la órbita minera, necesariamente deberá estar en sintonía con el pretendido nuevo Marco Federal Minero, si es que desean alcanzar el encuadre social, político y económico que dé racionalidad y mejores perspectivas al desarrollo minero en el país.

No es fácil consensuar y hacer tratados ante tantas necesidades. Algunos no comprenderán jamás aquello de “les hable con el corazón y me contestaron con el bolsillo”.

PGM