Catamarca (EP), 13 de Abril 2021. Grupos que se oponen a la actividad minera se manifestaron frente a las oficinas de la empresa y la destruyeron. También atacaron la sede del Partido Justicialista y la oficina del senador.

Nuevamente Andalgalá vivió momentos de extrema tensión y violencia debido al conflicto minero que día a día cobra más fuerza.

Otra vez las oficinas de la empresa minera Agua Rica fueron el objetivo de un ataque de grupos antimineros que se oponen al inicio de las operaciones por parte de la ahora Minera Agua Rica-Alumbrera (MARA). Los manifestantes rompieron los portones de ingreso al predio de la firma y destrozaron todo lo que había en el lugar. Por la gravedad del hecho debió intervenir una dotación de bomberos voluntarios para apagar el fuego que produjeron los antimineros adentro del edificio. Al cierre de esta edición, los bomberos seguían intentando controlar el incendio que consumió hasta los vehículos de la empresa y de empleados que había en el lugar.

La Policía, por su parte, custodiaba toda la zona para evitar el ingreso de personas y estaba analizando evacuar a los vecinos del predio de la empresa por temor a derrumbes. Pero recién actuó cuando lo peor ya había pasado.

Cuando fue el ataque había dentro de las oficinas una persona que trabaja como sereno y que logró escapar del lugar en medio de los desmanes, gracias a la intervención de vecinos que observaban azorados el desenfreno de los manifestantes. En esas oficinas trabajan cerca de 80 personas de lunes a viernes.

Pero el edificio de la empresa no fue el único objetivo de los revoltosos. La sede del Partido Justicialista y la oficina del senador departamental, Horacio Gutiérrez, también fueron destruidos. Es que los antimineros acusan al Gobierno de autorizar los trabajos de la minera y encontraron en estos dos lugares la forma de expresar su malestar con la gestión provincial.

Tras los graves incidentes, el Gobierno provincial decidió enviar al ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Jorge Moreno, y al titular de la cartera de Seguridad, Gustavo Aguirre, para tratar de calmar los ánimos. Los funcionarios buscarán dialogar con las partes para evitar nuevos enfrentamientos (Ver aparte). También están camino a la ciudad grupos especiales de la Policía para reforzar la seguridad.

Este ataque fue la culminación de una de las varias marchas que los grupos antimineros realizan por la ciudad en contra de la actividad de Agua Rica. La última fue el viernes en la Capital, donde por la lluvia no se hizo la sentada pero sí un despliegue de carteles en el Ministerio de Minería en repudio del inicio de la exploración en el yacimiento. Desde hace varias semanas la situación en la ciudad de Andalgalá por el tema minero era complicada y un ataque de este tipo estaba latente.

Esto se hacía notar con los cortes selectivos por parte de la Asamblea El Algarrobo en los caminos que conducen a la zona de explotación del proyecto minero. Posteriormente, el panorama se enrareció aún más con el incremento de la presencia policial enviada por el Gobierno para controlar el movimiento de la gente y de esta forma reducir el avance del coronavirus.L

a situación terminó de empeorar, cuando los antimineros denunciaron que camiones de la empresa se dirigían a inmediaciones de la mina para comenzar las perforaciones. “Nos cuidemos entre todos, que va a ser más efectivo que nos cuide la Policía o Gendarmería; ellos vienen a cuidar otros intereses que nada tienen que ver con los nuestros. Fuera las mineras, que del COVID-19 y el cumplimiento de los protocolos también nos ocupamos nosotros”, planteaba la Asamblea El Algarrobo en su cuenta de Facebook para convocar a la marcha

A pesar de los destrozos y de algunos enfrentamientos entre antimineros y vecinos que están a favor de la actividad, no hubo detenidos. Pero en las próximas horas podrían salir las primeras citaciones a los violentos por parte de la Justicia.

Funcionario en la marcha

Una de las cosas más llamativas de la marcha fue la presencia de un funcionario del intendente Eduardo Córdoba. Se trata del actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad, Oscar Horacio Martiarene, quien además es sargento primero retirado.

Previo a la protesta y en diálogo con la prensa, Martiarene expresaba su malestar por el inicio de los trabajos de Agua Rica y afirmaba que el intendente iba “a poner su cuerpo en resguardo de nuestra comunidad y nuestros recursos”. “Estoy muy enfadado con esto porque se le está faltando el respeto a la ciudadanía de Andalgalá, más cuando se está gestando un conflicto social”, había advertido.

Una historia que se repite

El ataque contra las oficinas de Agua Rica no es el primero. En 2010, cuando José Perea era intendente y Eduardo Brizuela del Moral gobernador, se produjo el mayor conflicto que no solo terminó con el predio de la empresa destruido, sino con ataques al edificio de la Municipalidad.

Ese día hubo enfrentamientos entre la Policía y antimineros que denunciaron una fuerte represión por parte de los uniformados. También, hubo locales comerciales destruidos, vehículos incendiados y más de 40 personas detenidas.

Si bien las manifestaciones a la sede de la empresa continuaron, ninguno tuvo la gravedad y la violencia del que ocurrió el 15 de febrero de 2010. A 11 años de ese acontecimiento, los andalgalenses recuerdan ese día como el que marcó un antes y un después en el conflicto minero. A partir de ese momento, se paralizaron las actividades de Agua Rica y la discusión minera pasó a ámbitos administrativos y de la Justicia.

El enfrentamiento se produjo luego del desalojo del bloqueo antiminero que se había instalado en el camino comunero Chaquiago- El Potrerillo, vía de acceso al yacimiento de Agua Rica. Ese bloque había empezado en diciembre de 2009.

El desalojo no solo indignó a los sectores que se oponen a la minería, sino también a varios vecinos que repudiaron el accionar de la Policía. Estas personas se manifestaron en la plaza principal y una nueva intervención de las fuerzas de seguridad terminó de empeorar el panorama.

Años después, en la gestión de Lucía Corpacci en la Provincia y de Alejandro Páez en el municipio, se produjo otro conflicto. Esta vez enfrente del edificio del Centro de Control Minero que había instalado la Provincia en la ciudad. Los desmanes se produjeron en 2012.

Fuente El Ancasti