Santa Cruz (EP) 13 de Feb. – Desde el Diario La Nación indican que la desacertada designación de un funcionario al frente de un costoso e ineficiente proyecto revela falta de racionalidad, que solo premia la obediencia.

Se van acabando las sutilezas y parecieran ir definiéndose ciertos engranajes de inmoralidad. Se va perdiendo cierto equilibrio inestable del albertismo y avanza sin más eufemismos el cristinismo puro, aquel que premia la obediencia debida más allá de toda ética y racionalidad: Aníbal Fernández fue designado para dirigir Yacimientos Carboníferos Río Turbio ( YCRT), un emblema de la corrupción y otra de las tragedias kirchneristas.

El 14 de junio de 2004, la falta de inversión y el estado de desmantelamiento de la mina de carbón fueron noticia: un incendio causó la muerte de 14 mineros y, de inmediato, el entonces presidente Néstor Kirchner prometió un plan de inversión integral. Por hechos que sucedieron en aquel yacimiento se sustanció la causa que derivó en la detención de Julio De Vido, después de que sus propios compañeros del Congreso votaran el desafuero, en octubre de 2017. Desde entonces, el antes poderoso ministro de Planificación se encuentra detenido. Por desmanejos en la mina fueron también condenados el expresidente de la Unión Industrial Argentina Juan Lascurain y el interventor de YCRT durante el kirchnerismo, Atanasio Pérez Osuna, entre otros. El juez del caso dio por acreditado que se habían robado 176 millones de pesos y que se pagaron 443 millones por un tren turístico que nunca funcionó. No solo eso: durante la década kirchnerista, la producción cayó el 85%, pero el número de personal aumentó el 233%.

Se trata de un proyecto que no puede funcionar porque no produce el carbón que necesita. Es por esto que oportunamente se le pidió a la Casa Rosada que le permitiera funcionar a gas, un combustible distinto del que fue tenido en cuenta para diseñar y construir el proyecto. Ocurre que la empresa elabora alrededor de 100.000 toneladas de carbón por año, pero esa cantidad la necesita por mes para que las calderas produzcan al 100% de su capacidad instalada.

Del verborrágico Aníbal Fernández -a quien el presidente actual llamó «energúmeno verbal»- podrían escribirse interminables columnas. Basta recordar cuando, buscado por la Justicia, salió escondido en el baúl de un auto cuando era intendente de Quilmes, y que fue procesado por el tristemente recordado programa Fútbol para Todos, por el plan Qunita y por el tratamiento de una planta de residuos. Detalle significativo: a fines de 2007, el Congreso Nacional aprobó la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, que estableció un régimen de fomento destinado a compensar a quienes no pudieran utilizar su propiedad boscosa con algún objetivo productivo. Como lo recordó el exdiputado Miguel Bonasso, el entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández reasignó partidas por $144.209.091, que correspondían a la ley de protección de bosques, al programa Fútbol para Todos, perjudicando así la conservación de las masas boscosas del país.

Desde un punto de vista ambiental, promover la explotación en gran escala del carbón en la Argentina es un grave error, no solamente por la contaminación local que provoca su explotación, sino también porque el camino que se empieza a recorrer en el planeta es el opuesto. Es cierto que el carbón sigue ocupando una porción importante en la generación de electricidad en muchas partes del mundo, pero es el combustible prioritario por ser reemplazado por otras fuentes de energía. La razón fundamental es la urgente necesidad de reducir las emisiones de gases que provocan el fenómeno del calentamiento global, considerando, además, que la Argentina es reconocida internacionalmente como uno de los países con mayor potencial de desarrollo eólico.

Haber puesto a YCRT en manos de Aníbal Fernández y seguir con la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz demuestra una inusual vocación por lo irracional y la absoluta impunidad con la que se maneja parte del Gobierno. Hace unos días, la vicepresidenta Cristina Kirchner se mostró junto a los adjudicatarios de la construcción de las presas: Gerardo Ferreyra, de la empresa Electroingeniería (procesado por «haber pagado sobornos para la obtención de contratos con el Estado»), y representantes de la empresa China Gezhouba, en una visita a las obras. Electroingeniería, involucrada en varios escándalos de corrupción, comenzó construyendo tableros electrónicos en los años 80 para terminar participando de las grandes obras durante la gestión kirchnerista, como Atucha II. Gezhouba Group intervino en la construcción de la represa China Lasa Tres Gargantas, conocida por las desastrosas consecuencias ambientales que produjo en el río Yangtsé.

Se trata de una compañía sancionada por el Banco Mundial por «mala praxis» en proyectos sobre agua. Un dato que no es menor: el proceso licitatorio, que se realizó tres veces con irregularidades, estuvo a cargo de Julio De Vido y José López.

Teniendo en cuenta los compromisos de nuestro país y de la ciudadanía con la conservación del planeta, resulta lamentable que se invierta en un proyecto energético tan costoso, ineficiente y contaminante como el de Río Turbio pudiendo utilizarse todo el potencial que tiene la Patagonia para generar energía eólica, algo que contribuiría a que la Argentina alcanzara la meta fijada por ley y colaboraría con la lucha mundial contra el cambio climático. La designación de Aníbal Fernández debería preocuparnos a todos los argentinos.

Fuente La Nación