Mendoza (EP) 31 Oct. – Como resultado de las distintas opiniones de los sindicatos que se escucharon este jueves en el Senado, surgieron propuestas para darle una mayor potestad a las comunas en los controles de la actividad y a los trabajadores del sector.

En medio de la discusión por los cambios en la Ley 7.722 que pone límites a la minería metalífera en la provincia, este jueves en el Senado se escucharon las opiniones de los sindicatos vinculados al sector, quienes pusieron de manifiesto otorgarle mayor competencia a los municipios para la realización de los controles, pero también de darle un rol de protagonismo a los empleados de la minería, como auditores de ese proceso.

Otros gremios, como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) y aquellos vinculados a la producción agropecuaria rechazaron de plano hacer modificaciones al texto de la normativa.

Esta legislación que regula la actividad desde el 2007, prohíbe el uso de sustancias químicas como el cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en los procesos mineros.

Uno de los sectores que se manifestó en contra estuvo representado por la gremialista Raquel Blas, actual secretaria general de la CTA en Mendoza.

Las exposiciones se realizaron en el marco de una reunión conjunta entre las comisiones de Ambiente, Legislación y Asuntos Constitucionales en el Senado, como también la de Minería e Hidrocarburos y contó con la presencia de los legisladores justicialistas Juan Agulles y Alejandro Abraham, ambos autores de dos textos que buscan habilitar la minería metalífera en la provincia.

«Fue muy positivo escuchar los distintos análisis, sobre todo aquellos que plantean darle una mayor competencia a los municipios para los controles. Ahora, lamento que desde los gremios que están en contra se opongan por oponerse sin haber leído el proyecto», sostuvo Abraham al término de las exposiciones.

Por otro lado, destacó que «al darle un reconocimiento a las comunas donde se realizará la minería, estamos enriqueciendo su autonomía, el planteo fue interesante y lo podemos llegar a incorporar».

«Estamos abiertos a tomar nota de todo lo que están planteando. Hemos permitido que todos los sectores involucrados puedan hacer sus aportes. Ahora, quienes rechazan el proyecto no han hecho ninguna consideración que enriquezca el debate», afirmó, por su parte Agulles.

Entre los modelos que se buscan replicar en la provincia, se citaron las experiencias de Chile y de Canadá, donde según aseguraron los controles son efectivos.

Sin embargo, a nivel regional también se mencionaron las situaciones de contaminación, como las que se produjeron en San Juan, en donde se detectaron sustancias cianuradas en el río Jáchal.

Posturas a favor

Desde la Asociación Sindical del Personal Jerárquico y Técnico de la Actividad Minera (ASIJEMIN), Marcelo Mena Muñoz afirmó que «si se pudiera avanzar con un método de gran escala, estamos hablando de que se podrían generar unos 20.000 puestos de trabajo».

Mena recalcó que «Mendoza tiene una riqueza minera muy importante, pero se deberían incorporar controles estrictos que tienen que ser ejercidos por el mismo trabajador y el gobierno».

Por su parte, el productor e integrante de la Sociedad Rural en el Valle de Uco, Martín Garboide expuso su visión en contra de la modificación de la norma.

«Pertenezco a un movimiento que defiende a los trabajadores, ustedes no los están protegiendo, los ponen como mascarón de proa para disminuir los costos que requiere la minería seria y de la remediación para que el ambiente quede tal cual como estaba», disparó.

Las claves

– Ambos proyectos buscan flexibilizar la letra de la ley y permitir la minería metalífera.

– La iniciativa del senador Abraham elimina la obligatoriedad de que la Legislatura avale la declaración de impacto ambiental.

– Mientras que el de Agülles habla de fijar controles a la actividad, a través del concepto «parques mineros controlados».

– La próxima semana se espera la intervención de uno de los sectores más reactivos, las asambleas por el agua pura.

– Los proyectos podrían llegar a tratarse a mediados de noviembre, cuando se haya escuchado a todos los actores, como también, a los funcionarios del gobierno provincial.

Gentileza El Sol