Santa Cruz (EPatagonicas) 06 de Dic. – El ministro de la Producción aseveró que la norma que el Gobierno busca aprobar impediría la continuidad del programa UNIRSE, que este año recaudó $ 400 millones, además de la ley de compre local o de protección al trabajo santacruceño.

También recordó que la recaudación impositiva del sector queda en casi un 80% en la Nación.

Leonardo Alvarez realizó una suerte de análisis de la realidad del sector minero en Santa Cruz y la relación planteada por la actual gestión de Gobierno con el sector. Aclaró que desde que asumió “y por pedido de la gobernadora, planteamos una agenda de trabajo en cada una de las actividades económicas que tienen relevancia en la provincia, y en el caso de la minería eso significó, fundamentalmente, hablar el cuidado del empleo santacruceño, que hoy está protegido por una ley provincial (3.141) que prevé el 70% del empleo para personas radicadas en nuestro territorio, con preeminencia de contratación a proveedores santacruceños respecto de otros radicados fuera de la provincia”.

También valoró la constitución de un fideicomiso de responsabilidad social empresaria, “habida cuenta de que el Gobierno Nacional había decidido eliminar las retenciones a la minería y es un aporte equivalente al 2% de sus ventas brutas, que permitirá que Santa Cruz recaude este año cerca de 400 millones de pesos por ese concepto, que están siendo utilizados para apuntalar el sistema de salud pública y para diversos programas de Desarrollo Social y de incentivo a la producción”.

Alvarez, en declaraciones a LU 12 Radio Río Gallegos, señaló que también se avanzó “en tratar de darle valor al producto”, para lo cual se está realizando un estudio de factibilidad “para ver si se puede avanzar en la instalación de una refinería en nuestra provincia. Son todos puntos que fuimos trabajando con la industria y con buen resultado”.

Acuerdo Federal

Luego sostuvo que todos esos avances podrán verse perjudicados por el intento del Gobierno Nacional de “aprobar contrarreloj un Acuerdo Federal que de alguna manera vulnera todas esas conquistas que logramos en esta relación con el sector en el último año”.

Santa Cruz se opuso a la firma del acuerdo y propuso “analizar cómo se compone hoy la renta minera y quién es el principal beneficiario de la misma, porque de cada peso que hoy tributa la actividad, el 78% queda en manos de la Nación”. Además se planteó discutir en base a qué valor se liquidan las regalías provinciales, “hoy es a valor boca de mina, que es el valor de venta menos los costos logísticos y procesamiento del material, es decir un 30 a 40% menos. Nosotros pretendemos que el 3% de regalías se liquide a valor venta”.

Para ratificar su mirada positiva sobre lo logrado con el sector minero, Alvarez indicó que Santa Cruz durante 2015 recaudó 302 millones de pesos por todo concepto de la minería, siendo que este año el presupuesto de recaudación para Santa Cruz es de más de 1.000 millones, incluyendo el fideicomiso Unirse y los certificados de origen por puertos patagónicos”.

Un mismo funcionario

Volviendo al tema del Acuerdo Minero, Alvarez recordó que el actual secretario de Minería, Daniel Melián, ocupaba dicho cargo en la gestión de Carlos Menem cuando se aprobó la ley de estabilidad fiscal para el sector “y es el mismo que ahora impulsa este acuerdo federal contrarreloj, que parece más bien escrito por los gerentes de las empresas más que por funcionarios de Nación o de Provincia”, soltó.

Criticó uno de los puntos del acuerdo que señala que no pueden ser utilizados los fondos de responsabilidad social empresaria para suplir obligaciones del Estado en concepto de salud, infraestructura y vivienda. Pero la realidad es que la instalación de un proyecto minero provoca en un poblado una explosión demográfica que implica una sobredemanda en estos conceptos, entonces se pregunta el funcionario “¿cómo hace el Estado para correr de atrás de forma permanente a la industria, que es bienvenida, pero entendemos que esas explosiones demográficas que generan no puede ser cubiertas sólo por el Estado, sino que aquel que viene por una renta extraordinaria que genera este recurso no renovable tiene, sin ningún tipo de dudas, responsabilidad para con el lugar donde está enclavado y además tiene la responsabilidad de dejar a ese lugar mejor que cuando lo encontró”, sostuvo.

“Esa es la posición que tenemos desde el Gobierno de la provincia y estamos trabajando con el resto de las autoridades de las provincias mineras para generar un acuerdo sin tantas presiones de tiempo, que esté realmente a favor de la gente y no sólo del sector”, confiando que existen objetivos y necesidades comunes, por lo que “no nos está siendo difícil poder ponernos de acuerdo en este sentido”, concluyó.

Fuente La Opinión Austral