Buenos Aires (EP) 17 de Dic. – Corría el año 1995 y muchos países de la región (Argentina, entre ellos) habían emprendido reformas tendientes a liberalizar sus economías para incentivar el crecimiento doméstico y atraer la inversión extranjera. En ese contexto, un trabajo del Banco Mundial se preguntaba cuáles eran las características de un régimen legal minero exitoso y respondía que tales regímenes minimizan el potencial para la corrupción y reducen la duración de los procesos al eliminar la discrecionalidad en la implementación de la ley. Agregaba que un régimen legal minero exitoso procura (i) la modernización del catastro minero, tendiente a la correcta identificación de los derechos mineros para minimizar los potenciales conflictos y disputas; y (ii) la transparencia y responsabilidad en el otorgamiento de derechos mineros, esto es, que la ley debe ser explícita acerca de los procedimientos para obtener, mantener y terminar los derechos mineros, especificando sus plazos.

El mismo trabajo respondía cuáles eran las características de un régimen de inversiones mineras exitoso y señalaba que existen dos condiciones esenciales para atraer inversiones de largo plazo: la libertad de exportar y vender los minerales a precios internacionales y el acceso al mercado libre de cambios. Por otro lado, los inversores también buscan un régimen tributario equitativo, que dé incentivos y premios a los inversores, a la vez que asegure adecuada compensación al país por los recursos extraídos. Agregaba que los países que imponen altas regalías, impuestos a la importación, a la producción u otro tipo de impuestos, se verán en una situación de desventaja competitiva al atraer inversiones comparados con países que no imponen dichas cargas.

El citado paper señalaba que Chile, México y Perú, hacia el año 1995, llevaron a cabo reformas estructurales en sus macroeconomías, que fueron seguidas por reformas en sus legislaciones mineras, resultando exitosos al atraer montos significativos de inversión en minería. Por su parte, señalaba que Argentina, Bolivia, Ecuador y Guyana implementaron reformas estructurales en sus macroeconomías seguidas por reformas en sus legislaciones mineras. Sin embargo, las reformas no fueron tan comprensivas como en Chile, México y Perú.

Así, en Argentina, el proceso de reformas fue complicado por las diferencias entre el gobierno federal y algunos gobiernos provinciales con relación a la titularidad de derechos y los tributos, agregando que, en 1995, estas cuestiones estaban siendo resueltas a través de una nueva ley minera y propiciando regulaciones que estaban  siendo redactadas.

Al día de hoy, persisten los problemas apuntados precedentemente y lo más preocupante es que aún no se han llevado adelante las reformas que permitan concluir que Argentina cuenta con un régimen legal y de inversiones mineras que tenga las características que aseguren su éxito.

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