Santa Cruz (EPatagonicas) 15 de Septiembre. – Minera Triton Argentina S.A. solicita el dictado de una medida cautelar de no innovar a los efectos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ordene a la provincia de Santa Cruz que se abstenga de liquidar, exigir, intimar o de cualquier forma le reclame el pago del Impuesto al Derecho Real de Propiedad Inmobiliaria Minera establecido por la ley provincial 3318 sobre el establecimiento Mina Manantial Espejo hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la demanda iniciada oportunamente.

Para la sociedad, la medida pedida es procedente porque se verifican los requisitos de ley (art. 230, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), a saber, por ser verosímil el derecho invocado y por existir peligro en la demora fundado en diversas circunstancias como, por ejemplo, la magnitud de la suma involucrada que surge de la Certificación Contable y demás documentación acompañada y la imposibilidad de afrontar el pago del gravamen pues compromete los medios afectados al desarrollo de sus actividades. A su vez, la potencial aplicación del impuesto impide obtener capitales necesarios para realizar las inversiones requeridas para el progreso del establecimiento minero. Advierte, además, que la deuda en cuestión está en condiciones de ser exigida mediante acciones ejecutivas, según lo anunció el gobernador provincial ante los medios de prensa en tanto que la Secretaría de Ingresos Públicos provincial ya le remitió a la actora una carta documento -que adjunta- por la cual la intima de pago, bajo apercibimiento de aplicar multas y eventualmente percibir su cobro por la vía de apremio.

La Corte Suprema recuerda que, en principio, medidas precautorias como las solicitadas no proceden respecto de actos administrativos o legislativos en razón de la presunción de validez que ostentan y que tal doctrina cede cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles (Fallos: 250: 154; 251: 336; 307: 1702 y sus citas; 314:696*). Los antecedentes agregados a la presente causa permiten tener por suficientemente acreditados los requisitos exigidos por las normas procesales (1) pues se comprueba la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por la actora y el peligro en la demora está configurado frente a las diversas consecuencias que podría generar la ejecución de la pretensión fiscal provincial. Este Alto Tribunal no puede soslayar la particular situación descripta en cuanto al monto e incidencia del tributo reclamado y los graves efectos patrimoniales que podría traer aparejada su ejecución, circunstancias contempladas en casos similares (Fallos: 247:181; 324:871, entre otros*). La suma involucrada adquiere entidad más que suficiente para considerar, en el limitado marco de conocimiento que ofrece una medida cautelar, que la ejecución puede generar consecuencias que, hasta tanto se dicte sentencia o se modifiquen las circunstancias tenidas en cuenta para resolver favorablemente el pedido, deben ser evitadas (Fallos 324:4025).

La Corte hace lugar a la medida cautelar de no innovar y le ordena a la provincia de Santa Cruz que se abstenga de reclamar administrativa o judicialmente las sumas que se hubieren devengado en concepto de Impuesto al Derecho Real de Propiedad Inmobiliaria Minera como así también las que se devenguen en el futuro, los intereses y las multas aplicadas respecto del establecimiento Mina Manantial Espejo. También dispone se abstenga de trabar cualquier medida cautelar administrativa o judicial sobre el patrimonio de la sociedad hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estas actuaciones.