Neuquén (EPatagonicas) 30 de Septiembre. – Diputados de la comisión de Energía e Hidrocarburos trataron hoy aspectos vinculados al proyecto de exploración en la mina La Voluntad, cercano a vertientes del río Catan Lil. Lo hicieron con funcionarios del Ejecutivo provincial; Ricardo Esquivel, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia; Carlos Portilla, director de Minería; Miguel Ángel Bruna, el director General de Evaluación Ambiental de la Actividad Minera, quienes expusieron sobre el informe de impacto ambiental presentado por la empresa Southern Copper, referido a la etapa exploratoria de la mina. El debate giró en torno a utilización del agua proveniente de los arroyos Antonio y La Mina, y la reciente suspensión, por parte de la Justicia, de la audiencia pública que se iba a realizar en agosto de este año, ante la falta de información y cuestionamientos al lugar de reunión.

Al hablar, Esquivel manifestó que la provincia “tiene voluntad” de generar desarrollo a partir de la actividad minera, “pero con consenso social”. Agregó que en las audiencias públicas participan vecinos con interés “legítimo” y personas que están “por el no a los proyectos mineros de forma persistente y permanente”. A su turno, y ante la consulta de los diputados Beatriz Kreitman –CC ARI- y Raúl Podestá –FG NE-, Portilla afirmó que en términos de comunicación “se está cumpliendo lo pautado”; se realizaron charlas en escuelas, en el concejo y la radio de Las Coloradas, dijo, mientras que Bruna detalló que el lugar para la audiencia -puente del río Picún Leufú-, fue elegido por la empresa porque allí habitaban los pobladores más cercanos al emprendimiento, y era un punto de encuentro de los tres centros urbanos más poblados -Zapala, Las Coloradas y Aluminé-. El director de Minería cuestionó la valoración de términos como “megaminería” o “a cielo abierto”, para los cuales, dijo, “se ha instalado la moda de otorgarles mala fama”. Agregó que los proyectos no se encuentran es una zona periglacial.

Al respecto, el diputado Luis Sapag –MPN- consideró que es importante que la gente conozca su capital y sus recursos, aunque reconoció no ver futuro en este proyecto, no por motivos geológicos sino sociales, explicó. Por otro lado, Raúl Dobrusín –Upie-expresó que una parte de la sociedad desconfía de este tipo de actividades, debido a que “se han hecho muchos desastres”, en referencia a episodios de contaminación.

Durante la exposición, Portilla detalló que en la etapa exploratoria de la mina involucra la perforación de diez pozos a menos de 500 metros de profundidad, para comprobar que existan metales como el cobre. Informó que no está confirmado que la mina se explote, y de que sea a cielo abierto, hasta que no se garantice que existan yacimientos metalíferos durante esta etapa. Para la perforación, agregó, se tomarán 2.5 millones de m3 de agua de los arroyos Antonio y La mina –en un plazo de 40 días-, y el lodo de perforación extraído se llevará a lugares de deposición.

Esquivel explicó que existe una política de gobierno de no avanzar en proyectos que cuentan con una reacción negativa de la comunidad, aun cuando la actividad pueda generar mejores condiciones de vida, de desarrollo y de trabajo en esas regiones. Los funcionarios confirmaron, a su vez, que la empresa mexico-peruana contrató sociólogos para hacer comprender el emprendimiento ante la sociedad, y que ya se encuentran restablecidas las facultades para llamar a una nueva audiencia pública.

La comisión funcionó sin quórum y contó con la presencia de los diputados Luis Sapag, Raúl Podestá, Beatriz Kreitman, Elena Jara Sandoval, Raúl Dobrusin, Alejandro Vidal, Gabriela Suppicich, Edgardo Della Gáspera y Darío Mattio.