San Juan (EPatagonicas) 22 de Nov. – Está en discusión un nuevo acuerdo Federal Minero cuya redacción viene demorada y requeriría un debate más amplio, que supere el estricto ámbito gubernamental. De poco valdría un acuerdo de cúpulas, por consistente que fuera, si luego lo escrito no es aceptado por las comunidades en las que podrían desarrollarse los futuros proyectos. Aparentemente esto está siendo considerado por algunos responsables pese a que el tiempo que se han fijado es perentorio pues se aspira llegar a la próxima Feria Internacional de Toronto con un esquema legal claro y de respeto a largo plazo. Los recientes viajeros a Canadá, muchos de los cuales lo hacen con frecuencia anual, notaron que no ha sido suficiente el cambio de gobierno y de parámetros macroeconómicos para convencer a inversores amedrentados por los sucesivos virajes que diera el Gobierno anterior modificando reglas de juego de contratos en ejecución.

La Ley de Inversiones Mineras garantiza en su texto el mantenimiento de las condiciones impositivas para todo el lapso de un proyecto, no obstante lo cual se impusieron restricciones fuertes como, por ejemplo, la prohibición de girar dividendos al exterior, la obligación de liquidar el total de dólares de lo exportado en un Banco Central que imponía una tasa de cambio ficticia retrasada respecto de la real, devoluciones tardías de IVA a valores nominales con alta inflación, agregado de retenciones y una batería de modificaciones que hicieron caer o directamente desaparecer la rentabilidad de minas en explotación y desaparecer la exploración. Localmente también hubo innovaciones como “pedir” algún fideicomiso o modificar el cálculo de regalías.

¿Habrá certeza de que eso no vuelva a ocurrir? Evidentemente no basta con las ideas del Gobierno de turno sino también de los consensos con la oposición, al menos la parte de ella que pueda constituir en el futuro una mayoría estable. Esto es ni más ni menos que volver a trabajar en la consolidación de una política de Estado, que rigió varios años, desde la misma sanción de la Ley hasta la administración de Cristina, período en el que llegaron las inversiones directas más grandes de toda la historia minera de Argentina.

Otra cuestión es ver si el país podrá comportarse como tal y no como un conjunto anárquico de provincias y municipios en que cada cual actúa como le parece. Esta será la parte más difícil y es lo que más dudas origina afuera. Se tiene claro que, pese a una legislación general común, cada provincia, y hasta cada municipio se comportan como distritos autónomos no sujetos a una misma regla, por más que formalmente esa regla exista.

Así, no es lo mismo San Juan que Mendoza o Catamarca que La Rioja. Poblados pequeños como Andalgalá o Esquel tienen sus propias ideas y han mostrado más capacidad de llevarlas a la práctica que las autoridades nacionales. En algunos casos han sancionado prohibiciones sin la debida legitimación de jurisdicción, no admitiendo autoridad superior que la propia, un comportamiento tribal con caciques que no parecen provenir de la democracia ni de la república.

Capítulo separado y grave es el de la Ley de glaciares y su inconcluso inventario. Actualmente se toman como ciertos datos que no son precisos o que, para peor, son incorrectos, lo que está causando la interrupción de exploraciones previstas para este año que han debido diferirse hasta que la cosa aclare.

Las compañías disponen de un presupuesto para ejecución anual que los gerentes locales se niegan a ejecutar para evitar el riesgo de que los despidan por no advertir el peligro de que luego les aparezca un glaciar o que el sitio resulte dentro del ambiguo concepto del área periglacial. Estamos hablando en todos los casos de decenas de millones de dólares por cada caso. Sin ir más lejos, una situación así fue puesta sobre la mesa la semana pasada en un proyecto de cobre.

Como es sabido o debiera serlo, desde el momento en que se descubre un yacimiento hasta que se lo factibiliza para comenzar la explotación, previa construcción de las instalaciones para su procesamiento, transcurre un promedio de 25 años. Si no se dan seguridades jurídicas a esos plazos, seguirán pendientes inversiones que hoy se calculan en unos 20 mil millones de dólares o más, porque hay proyectos que ya están cubicados y falta solamente la decisión de explotar.

Otro ángulo que no es menor es nuestra baja calificación en el Veraz mundial. Argentina ocupa el primer lugar del ranking de países con litigios arbitrales en curso en el CIADI, organismo de resolución de conflictos económicos internacionales. Recientes procesos de expropiaciones y renacionalizaciones de activos de inversores extranjeros, como el caso de YPF, nos dejaron en el primer puesto cómodo seguidos por Venezuela.

Curiosamente el tercer lugar lo ocupa España con 19 demandas casi todos por cambios de reglas de juego en el campo energético por los gobiernos de Zapatero y Rajoy. Estamos ganando el campeonato mundial de la inseguridad jurídica y eso no se corrige con un simple cambio de gobierno. Pasará mucho tiempo hasta que el país recupere el prestigio perdido, sobre todo cuando en el sistema político permanecen en puestos de toma de decisión muchas de las mismas figuras que condujeron a esa situación.

En ese sentido no será neutral la forma en que se resuelva el conflicto entre Pelambres y Glencore por la radicación de la escombrera de Antofagasta Minerals. Es un tema delicado que, por su complejidad, hubiera merecido un tratamiento discreto, antes que el sensacionalismo de un prime time del domingo a la noche. No favorece a nadie que el mundo minero, fuente de abundantes recursos, que paga buenos sueldos y da trabajo por casi una centena de miles de personas en el país, aparezca siempre como centro de dramas y cosas negativas.

Fuente Diario de Cuyo