Neuquén (EPatagonicas) 28 de Ene. – Cuando el escenario petrolero parecía recuperar cierta normalización con la solución del conflicto en Chubut por la caída del precio del crudo que se exporta –el arreglo entre las partes podría materializarse el próximo lunes-, un nuevo frente de tormenta amenaza con afectar la paz social del sector. El epicentro es Neuquén, donde las empresas de servicios –que en los hechos son las que tienen contratado a la mayoría del personal empleado en la industria- iniciaron un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Gobierno nacional para suspender a 10 mil trabajadores petroleros. La cifra no es para nada menor: representa alrededor de un 20% del universo de operarios encuadrados en la actividad. El Inversor Online accedió al pedido presentado por la Ceope –la cámara que nuclea a las compañías de servicios- el 21 de enero pasado en mesa de entradas del Ministerio de Trabajo que dirige Jorge Triaca. La nota también fue enviada al Ministerio de Energía y Minería que dirige Juan José Aranguren.

En los hechos, Julián De Diego, apoderado de la entidad, alega que a raíz de la crisis internacional del crudo, evidenciada por el desplome de los precios internacionales de los 30 dólares, se registraron 350 mil despidos a nivel mundial en los últimos 12 meses. “En la Argentina esta crisis podría generar la afectación de aproximadamente 10 mil puestos de trabajo en las dotaciones actuales de las operadoras y compañías de servicios”, advierte el letrado en el texto. Fuentes cercanas a la Ceope aclararon que el PPC iniciado contempla la suspensión de alrededor de 5 mil operarios de empresas de servicios, entre las que figuran Schlumberge, Halliburton, Weatherford, San Antonio, Bolland, Baker Hughes y DLS, entre otras. El resto de las suspensiones correría por cuenta de las operadoras, que en Neuquén son lideradas por YPF, Petrobras, Total y Pluspetrol, entre otras.

Las empresas de servicios denunciaron que, aunque el Gobierno renovó un acuerdo con las productores para mantener un precio sostén para el petróleo en el mercado interno, el desarrollo de varios campos hidrocarburíferos no es rentable por los altos costos laborales. “Nuestro pedido se fundamenta en la imposibilidad de continuar sosteniendo una estructura de costos sobredimensionada para el actual nivel de actividad y elevado en dólares respecto de valores históricos y en términos internacionales”, cuestionó la Ceope.

La cartera que dirige Triaca deberá ahora responder si avala el PPC solicitado por las compañías de servicios, previsto en la Ley de Contrato de Trabajo. Si la respuesta es afirmativa, las compañías procederán a suspender a los operarios afectados. Eso implica pagar sólo el salario básico a los trabajadores, que permanecerán en sus casas sin realizar actividad alguna. En la práctica, los operarios dejarán de recibir ingresos complementarios como horas extras, adicional por vianda, zona geográfica de trabajo y horas de traslado hasta el yacimiento, conocidas como ‘horas taxi’. Se calcula que los trabajadores afectados pasarán a cobrar, un promedio, un 60% de la remuneración total que venían percibiendo. Las empresas, por su parte, dejarán de pagar cargas sociales –jubilación y obra social, entre otras-, que representan cerca de un 40% del costo laboral total. Tampoco pagarán cargos salariales extras.

“Es una medida intermedia que busca evitar que se produzcan despidos masivos en el sector. Como resultado de la baja de la inversión de los productores en la cuenca Neuquina, no hay actividad suficiente para bancar tantos puestos de trabajo. Eso es una realidad”, enfatizaron allegados a Ceope.

Otras fuentes de la industria intentaron reducir el alcance de la iniciativa. Advierten que, al final de cuentas, lo que buscan las empresas de servicios es iniciar una negociación con el Sindicato de Petróleo y Gas Privados de la cuenca Neuquina que dirige Guillermo Pereyra desde una posición de fortaleza. “En concreto, lo que buscan las empresas es discutir la eliminación de las ‘horas taxi’ y al mismo tiempo, armar una mesa seria para avanzar sobre la mejora de la productividad; pedidos a los que Pereyra se opone. Por eso tomaron esta medida. Para negociar desde un lugar de poder”, analizó el vicepresidente de una de las grandes productores de la cuenca.