Buenos Aires (EPatagonicas) 12 de Oct. – El exsenador Rubén Giustiniani pudo analizar una copia completa del documento y explicó los lineamientos centrales de un vínculo polémico. Además, confirmó que en caso de controversia, el juicio se llevará a cabo en Nueva York o en París, bajo leyes extranjeras

Casi un año del fallo de la Corte Suprema que obligaba a YPF a hacer público con Chevron por la explotación de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento “Vaca Muerta”, en la provincia de Neuquén, se conocieron algunos aspectos centrales del acuerdo.

Se confirmó lo que muchos sospechaban: la firma norteamericana utilizó varias firmas offshore para cubrirse legalmente en eventuales litigios (en especial los vinculados a delitos ambientales) y cesión de la jurisdicción argentina, ya que si existe un conflicto entre YPF y Chrvron, el mismo debe dirimirse en los tribunales de Nueva York, bajo las leyes de ese Estado, o de París.

De acuerdo a lo explicado por el exsenador Rubén Giustiniani en una conferencia de prensa, recién se trató de una primera lectura de este documento, que solo se redactó en idioma inglés y que tras su análisis generará diversos interrogantes.

Uno de ellos será el de determinar si hay un perjuicio al fisco nacional por la no tributación de algunos impuestos.

Además, de acuerdo a lo relatado por Giustiniani, la firma norteamericana no realizó una inversión a riesgo sino un préstamo, que le garantizaba el retorno de su dinero sin importar si aparecía petróleo o gas. Es decir, se contemplaron distintos beneficios para Chevron, con montos por intereses, recargos por atrasos y participación de utilidades netas a partir del 50% de la concesión en Vaca Muerta.

El análisis de la documentación llevará bastante tiempo porque entre ambas compañías hay 26 contratos, 12 principales y 14 complementarios.

“No es lo que siempre se anunció y se quiso plantear como una operatoria natural. Estamos cumpliendo la primera parte, que es tener acceso al contrato, se entregará copia a la AGN, al Congreso y la Defensoría General de la Nación”, explicó el dirigente socialista.

Giustiniani también destacó que buscarán confirmar una comisión con especialistas en derecho a la información, ambientalistas, periodistas, para darle seguimiento y abrir a la comunidad el análisis de dicho acuerdo.

El senador Fernando “Pino” Solanas, quien también participó de la conferencia de prensa, remarcó que el contrato fue impulsado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kichner y el ex ministro de Economía, Axel Kicillof.

Para el cineasta, lo más grave del acuerdo es que “se borra toda responsabilidad ambiental por parte de Chevron, que actua como prestamista” y que el 50% de las utilidades será “de libre disponibilidad”, por lo que la empresa norteamericana “si quiere, se lo lleva” sin necesidad de dar razones o de reinvertir.

¿Por qué tanta demora en conocer el acuerdo?

Giustiniani recordó que el pedido surgió porque “se le estaba dando a Chevron en una contratación directa por 35 años una de las zonas más ricas de la Argentina, la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta en el mundo de petróleo no convencional, que es Vaca Muerta”.

“Como la empresa se negó, recurrí a la Justicia y después de dos años de juicio la Corte dijo que el derecho al acceso a la información era del pueblo de la Nación y no del Estado y ordenó a YPF darme una copia del contrato”, agregó.

“Después de 330 días de la ejecución del fallo y de las obstrucciones judiciales, me dieron la copia”, sostuvo apenas se hizo de la documentación.

Analizar el análisis del contrato no es un tema sencillo ya que aparece un entramado de empresas constituidas en Uruguay, Bermuda y Estados Unidos.

Según YPF, el objetivo era evitar el embargo de los miles de millones de dólares que la compañía extranjera debía invertir.

“Holdings Uruguay” y “Holdings Bermuda” son los nombres que se conocen ahora que figuraban en el acuerdo inicial que en julio de 2013 firmaron YPF y la empresa estadounidense. Esos holdings después se convirtieron en las sociedades off shore a través de las cuales llegaron los dólares para invertir en Vaca Muerta. Sus nombres habían sido tachados cuando la compañía entregó el acuerdo en la justicia, en febrero pasado.

¿Cómo funcionaba?  YPF creó una sociedad uruguaya: Wokler Investment SA, para poseer el 100% de una firma radicada en Bermudas: YPF Shale Oil Holding Ltd, que a su vez tiene 100% de otra radicada en Delaware: YPF Shale Oil Investment.

A partir de este entramado, los dólares transitan el siguiente recorrido: Chevron le gira el dinero a esta última empresa (YPF Shale Oil Investment), ubicada en el estado de Delaware. De ahí, los fondos se transfieren a la anterior (YPF Shale Holding), en Bermudas.

Esta última era la que invertía el dinero en Loma Campana, donde la firma estadounidense posee el 50% de la concesión.

“Chevron se esconde en el país a través de empresas creadas por la propia YPF. Además de las empresas offshore, que permiten eludir los impuestos que todos pagamos en Argentina, YPF crea la “Compañía de Hidrocarburos No Convencionales S RL” (CHNC), constituida en nuestro país en la misma dirección legal de la petrolera estatal”, explicó el senador.

Dos años y tres meses de incertidumbre

El 13 de julio del 2013 YPF y Chevron firmaron el acuerdo de proyecto de inversión para la explotación de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento “Vaca Muerta”, en la provincia de Neuquén. El convenio generó polémica por sus alcances y por un antecedente de daño ambiental que Chevron tuvo en Ecuador y que le valió una causa judicial.

El entonces senador Rubén Giustiniani inició una causa judicial porque YPF se negaba a dar a conocer el acuerdo. La empresa alegaba que el decreto 1172/2003 de acceso a la información pública no la alcanza y que su difusión podría violar acuerdos comerciales que se comprometió a mantener en secreto.

La confidencialidad fue avalada primero por el gobierno de Cristina Kirchner y luego por el de Mauricio Macri. “Hay secretos de tipo comercial, científico y tecnológico que deben ser resguardados para el desarrollo de este tipo de industria”, dijo la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, quien cambió de postura, ya que cuando era diputada de la oposición había criticado duramente la confidencialidad del acuerdo.

El caso llegó hasta la Corte Suprema, que en noviembre pasado ordenó a YPF que debía dar a conocer el acuerdo. La empresa entregó el contrato pero con tachaduras en lo que consideraba las partes más sensibles. Se volvió a discutir el caso y la semana pasada la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó que la empresa debe darle a Giustiniani el convenio. Eso recién se cumplió la semana pasada.

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