Buenos Aires (EPatagonicas) 27 de Ene. – Ayer arrancó la ronda de reuniones entre gremios y operadoras. Sipetrol, PAE y Tecpetrol repasaron los números de la actividad en la última década. Hoy es el turno de YPF
Sin perder tiempo, las partes involucradas en el conflicto petrolero que sacude a la provincia de Chubut (y al negocio entero de exportación local de crudo) debido a la estrepitosa caída del precio internacional del barril ya comenzaron con las reuniones informales que mantendrán a lo largo de toda la semana. Ayer fue el turno de las operadoras Sipetrol, Pan American Energy (PAE) y Tecpetrol, cuyos CEOs por separado mantuvieron un encuentro con los referentes del Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, y del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, José Llugdar. Hoy, los sindicalistas se reunirán con el presidente de la estatizada YPF, Miguel Galuccio.
Según pudo saber El Cronista, en estos primeros contactos que tienen como objetivo terminar de limar diferencias para llegar listos a acordar una solución en la cumbre del lunes con las autoridades nacionales, las compañías le hicieron llegar a los líderes gremiales los números de la actividad en la última década. Se repasaron inversiones realizadas, las retenciones y diferentes impuestos y las ganancias finalmente alcanzadas que aparentemente no «serían tan voluptuosas como se dice».
En diálogo con este medio, Ávila reveló que «a lo largo de estos diez últimos años, el Estado recaudó vía exportaciones en la provincia de Chubut unos u$s 8700 millones». El monto fue lo que se le retuvo a la industria en épocas en las que el petróleo en el mundo cotizaba muy por encima de los alicaídos valores actuales por debajo de los u$s 30 el barril. La brutal caída (no hace mucho el crudo llegó a valer más de u$s 100) pone en jaque a la actividad exportadora, que en la Argentina se desarrolla en la cuenca del Golfo San Jorge (Chubut y Santa Cruz), porque deja a los productores locales con un cobro en torno a los u$s 20; niveles, advierten, muy inferiores a sus costos.
Para que la actividad se sostenga, en el sector aseguran que se necesitan unos u$s 500 millones. Es lo que el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y los sindicatos piden que el Estado nacional aporte, tras largos años de beneficiarse a través del negocio. La situación preocupa porque están en riesgo unos 5.000 puestos de trabajo. «Las empresas muestran voluntad y todo se puede hablar, incluso las paritarias. Pero reclamamos un trato igualitario en Chubut, donde además el precio del crudo interno se paga a u$s 55, mucho menos que Neuquén o Mendoza, que obtienen entre u$s 63 y u$s 67», lamentó Ávila.
La administración de Mauricio Macri ya dio a entender que está dispuesta a aportar fondos para sostener la actividad. A cambio, pide que las petroleras sigan invirtiendo y resignen algo de sus ganancias, mientras que los trabajadores acepten un plan con menos horas extra o retiros voluntarios. Lo que resta saber es cómo el Gobierno planea subsidiar el barril de exportación: si lo hará con fondos propios o vía suba de combustibles en las estaciones, como lo hace para el barril interno.
