Neuquén (EP) 25 de Ene. – Las cámaras CEIPA y CAPESPE manifestaron su preocupación ante la difícil situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas de servicios en Vaca Muerta. Las consecuencias del decreto 566/19, el atraso en los pagos y la dificultad para trabajar con las grandes empresas en igualdad de oportunidades.

La Cámara Empresarial Industrial Petrolera y Afines (CEIPA) y la Cámara Patagónica de Empresas de Servicios Petroleros (CAPESPE) manifestaron en un reciente comunicado su preocupación respecto de la situación de las PYMES en Vaca Muerta.

En un escenario de fuerte caída de la actividad, amenazas de paro y movilizaciones por parte del sindicato de petroleros y una creciente inestabilidad laboral por la cual cerca de 2000 trabajadores están al borde del despido, desde las cámaras definieron el estado de situación como “una tormenta de múltiples factores”.

En principio, de cara al diálogo que está llevando a cabo el Gobierno de Alberto Fernández con los representantes de la industria petrolera, el comunicado destaca que “las Pymes de la provincia de Neuquén vinculadas al sector hidrocarburífero siguen estando fuera de la mesa de diálogo y ninguno de los grandes títulos que se tocan aborda su problemática”.

Asimismo, el texto señaló el impacto que sufrieron las pequeñas y medianas empresas como consecuencia del congelamiento del precio del barril determinado por Macri tras su derrota en las PASO: “Desde el decreto 566/19 la actividad se redujo al mínimo nivel visto desde 2014 afectando al 90% de las Pymes. Y la realidad es que, algunas empresas, en particular las relacionadas con las actividades del upstream –donde la cantidad de equipos de perforación en actividad se redujo al 50%– sufrieron reducciones de hasta el 90% en el nivel de actividad”.

Al respecto, el secretario de Relaciones Institucionales de CEIPA, Gonzalo Echegaray, explicó que “pocas veces tuvimos una crisis generada cien por ciento autónomamente de manera interna. Las crisis 2008/2009 y 2014/2015 tenían correlación con situaciones internacionales del movimiento del precio de los barriles o con conflictos bélicos en Medio Oriente”.

“Esta vez un decreto fue el desencadenante de una crisis basada en la imposibilidad de respetar acuerdos. Por eso necesitamos pensar a Vaca Muerta como un proyecto de escala mundial y hay que formalizar un espacio de diálogo con las Pymes que no requieren repatriar capital hacia el exterior porque los dólares son argentinos para argentinos”.

Pagos atrasados

Otra cuestión no menos problemática tiene que ver con el atraso en la cadena de pagos de la industria. Según el comunicado, “de los 30 y 60 días de uso y costumbre, hoy los pagos a las Pymes se están realizando a 60, 90 y hasta 120 días”.

“El tiempo corre y a esta altura de los acontecimientos, una gran cantidad de empresas pequeñas se encuentra pagando sueldos y gastos corrientes, con los recursos que fueron solicitados para realizar inversiones de mediano y largo plazo; mientras que otras que ya vendieron sus cheques y cedieron sus facturas a cobrar, están acudiendo a los descubiertos bancarios teniendo que pagar tasas muchas veces superiores a la propia rentabilidad”.

Si bien las Pymes de Neuquén abonaron los sueldos con sus respectivos aumentos, en la mayoría de los casos, las grandes operadoras no actualizaron los valores de los contratos para contemplar el 4,2% de aumento salarial otorgado en el mes de octubre y, por ende, se espera que se demoren en el ya acordado 9% que se espera a partir de enero. Así, nuevamente son las Pymes las que realizan el esfuerzo que implica un grave costo financiero.

Gonzalo Echegaray definió las calificaciones de proveedores como “procedimientos administrativos que constituyen trabas indirectas para postergar los pagos. Porque cuando una Pyme tiene una deuda fiscal o sindical se generan retenciones que a veces superan el monto de la deuda. Además, el control documental tiene un tratado vip para las grandes empresas. A las operadoras de peso se las controla cada seis meses, mientras que las Pymes son evaluadas todos los meses”.

En síntesis, el objetivo es que todas las empresas de la provincia de Neuquén sean calificadas e invitadas a participar de las licitaciones correspondientes en una condición de igualdad de oportunidades.

Otra política que aún no se concretó del todo, pero podría afectar a las Pymes a futuro tiene que ver con los contratos integrados. Siguiendo el documento elaborado por las cámaras empresariales: “son contratos que incluyen una gran cantidad de servicios que solo pueden ser ofrecidos por algunas grandes empresas (como AESA, u otras que son subsidiarias de las mismas operadoras) en detrimento de las PYMES que no cuentan con todos los servicios”.

“Las Cámaras de la provincia reconocen que Vaca Muerta tiene que bajar los costos, que hay una competencia de recursos internacionales. Sabemos que lo que no se invierta en Argentina se va a invertir en otro país”, subrayó el secretario de CEIPA y agregó: “No queremos aumentar los costos porque entendemos que hay que ser competitivos, pero nadie nos demostró que esos contratos integrados ayudaron a reducir los costos o a mejorar la competitividad”.

En conclusión, el reclamo de las Pymes neuquinas pretende poner fin a los abusos de posición dominante. “Son las Pymes, y no solo las grandes empresas, las que generan trabajo, las que conocen el territorio, las que invierten en la provincia y las que han colaborado fuertemente para tener una Vaca Muerta cada vez más competitiva, sustentable y segura”, advierte el comunicado.

Por último, Echegaray planteó a este medio la necesidad de obtener información clara y transparente sobre los planes de inversión de las grandes empresas. “Para invertir en una máquina tenemos que saber qué tecnologías se van a usar dentro de cinco años y quienes tienen esa información son las operadoras. Por otro lado, aquel que no gana una licitación debería poder saber si no la ganó por el precio, por una cuestión técnica o una financiera. ¿Cómo va a mejorar la empresa si nadie le dice por qué perdió?”.

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