Buenos Aires (EP) 02 de Abr. – Dará luz verde al pedido de las provincias productoras. Habrá retenciones móviles. El eje de la disputa es el valor que tendrá el barril en el mercado interno. Buscan proteger el empleo.

Las provincias petroleras piden que el barril cotice 54 dólares.

El gobierno nacional está decido a implementar un precio diferencial del barril de petróleo en el mercado interno, tal como reclaman las provincias productoras y las compañías petroleras para sostener la actividad tras el derrumbe de la cotizaron internacional.

Además, tal como propuso la Provincia de Neuquén, se establecerá un esquema de retenciones a las exportaciones cuya alícuota sería del 0% para los precios actuales. La gran cuestión a resolver será el precio que tendrá el barril. Las provincias de la Ofephi proponen que se establezca en 54 dólares, mientras que en Nación consideran que debe ser bastante menor. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, mantiene contactos con toda la cadena de la industria para alcanzar un acuerdo.

El nuevo esquema será temporal y no significará el aporte de subsidios del Estado, sino una transferencia de los consumidores al sector. El objetivo es sostener el empleo en la industria petrolera, por un lado, y por otro sostener la producción de petróleo y gas para no tener que acudir a importaciones en tiempos donde los dólares escasean. También buscará que las petroleras mantengan sus planes en el país, fundamentalmente en el desarrollo de Vaca Muerta. El tema a más delicado del asunto es qué precios en los surtidores podrán soportan los consumidores, en tiempos de profunda crisis económica.

El escenario es complejo. Debido al confinamiento por la crisis del coronavirus, bajó un 80% la venta de naftas en el país, y las refinerías funcionan al mínimo.

El miércoles próximo se actualizarán los impuestos a los combustibles, lo que implicará unos tres pesos por litro. Sin embargo, la suba no llegará a los surtidores porque la absorberán las refinadoras como parte del acuerdo que se negocia para el precio sostén del crudo.

El escenario es complejo. Debido al confinamiento por la crisis del coronavirus, bajó un 80% la venta de naftas en el país, y las refinerías funcionan al mínimo. Las productoras están acopiando crudo y si la caída de la demanda de petróleo se sostiene en el tiempo, las empresas deberán exportar en momentos en que la cotización internacional toca su piso más bajo en los últimos 18 años. Las actividades de perforación y completación de pozos están paralizadas.

Por esa situación, Neuquén pide a la Nación que libere la exportación del excedente de petróleo que no demanda el mercado interno. Además, propone un esquema variable de derechos de exportación en función del precio internacional. Hasta los 35 dólares, la alícuota es cero. Entre lo 35 y 40 dólares del 1%; entre los 40 y 45 dólares del 2%; entre los 45 a 50 dólares del 3%; entre los 50 y 60 dólares del 4%; entre los 60 y 65 dólares del 5%; entre los 65 y 70 dólares del 6%; y cuando el barril supere los 70 dólares el arancel crecerá al techo del 8%.

La situación de los trabajadores

“Estos no son subsidios, son acuerdos que tiene que haber entre las productoras y las refinadoras. Si logramos que se instale el barril criollo, lentamente vamos a ir recuperando la actividad en la medida que se termine esta pandemia y se pueda empezar, puedan empezar a volar nuevamente los aviones y haya un mayor consumo. Entonces de esta manera nosotros vamos a ir recuperando, esperemos que en cinco o seis meses podamos estar recuperando la actividad”, indicó el secretario general de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, a Radio Nacional Neuquén.

El miércoles próximo las cámaras empresariales presentarán en el Ministerio de Trabajo el pedido de procedimiento preventivo de crisis (PPC) porque las actividades en los yacimientos están paralizadas para cumplir con el aislamiento social obligatorio para evitar el contagio masivo de coronavirus.

La semana pasada la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE) propuso al sindicato abonar al universo de trabajadores afectados una suma no remunerativa por cada mes o fracción menor en que no hayan prestado tareas por las medidas de emergencia que se debieron tomar para prevenir la propagación del coronavirus.

Ese valor será equivalente al 50% del monto neto que hubiera percibido el trabajador en concepto de salario básico más zona, turno, antigüedad, presentismo, bono de paz social, y en los casos que corresponda por la especificidad de sus tareas, bono torre.

El gremialista dijo que no permitirá despidos y que buscará “que los compañeros sigan manteniendo su nomina salarial, obra social, medicamentos”. Además pedirá a las empresas que incorporen a sus nominas hasta el 31 de diciembre a los trabajadores que tenían contratos eventuales o a plazo y que no fueron renovados.

Consideró que “la situación es muy compleja porque con la caída del vínculo laboral perdieron todos los beneficios sociales y médicos. Entendemos que en este momento complejo nuestra obligación es encontrar las herramientas para que tengan un trabajo y sus beneficios asociados”.

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