Neuquén (EP) 14 de Mar. – Tanto petroleras y empresas de servicio como el Gobierno proponen distintas modificaciones para un decreto que reducirá la posición arancelaria que rige sobre la importación de equipos usados.

Tanto petroleras y empresas de servicio como el Gobierno proponen distintas modificaciones para un decreto que reducirá la posición arancelaria que rige sobre la importación de equipos usados.

En 2013, con el petróleo cerca de los 100 dólares y el shale norteamericano en el boom de su producción, las grandes empresas de servicios a nivel global no tenían equipos disponibles para traer a la Argentina y terminaron encareciendo la explotación de Vaca Muerta.

Hoy, las grandes petroleras que actúan en el mercado doméstico, el Gobierno y las empresas de servicio elaboran la presentación del decreto presidencial que reducirá los aranceles a la importación de equipos para la industria petrolera.

Para las petroleras, la baja de la carga impositiva que se cobra al ingreso de maquinaria y repuestos usados es uno de las patas fundamentales para motorizar el desarrollo de Vaca Muerta. Lo que sucede que es que el posible decreto favorecerá a las tres mayores empresas de servicios petroleros del mundo -Schlumberger, Hallliburton y Baker Hughes- que son las únicas que tienen equipos de completación en Estados Unidos, en donde manifiestan sobrantes por una común baja de la actividad.

El decreto en el que trabajan los Ministerios de Energía y Producción prevé una segmentación en tres grandes grupos de todos los equipos y repuestos alcanzados por posiciones arancelarias que precisa la industria petrolera. Las empresas de servicios podrán importar equipos usados pero, en caso de que exista fabricación argentina de esa maquinaria, deberán comprometer inversión a futuro para adquirir esa tecnología en el país. En ese sentido, las empresas petroleras deberán comprometer una suma equivalente a un porcentaje a definir del al monto total erogado para importar equipos usados, a la adquisición de bienes nuevos fabricados en el país. Respecto a las alícuotas y plazos involucrados, la discusión entre los privados y el Gobierno es relativa.

En la redacción del documento también está la Ceph, la cámara que nuclea a las empresas del sector, que había presentado a fines de junio una propuesta al Ejecutivo para modificar los artículos 6 y 7, piezas angulares del decreto, que tendrá vigencia hasta junio de 2019. El borrador establece que, para obtener el certificado de importación de equipos usados, las petroleras deberán conseguir primero el aval de la Subsecretaría de Industria del Ministerio de Producción, que tendrá 10 días para expedirse sobre la capacidad de provisión local de ese tipo de bienes.

La propuesta inicial de las petroleras era que sólo se acepte a los proveedores locales que sean capaces de ofrecer bienes fabricados en el país con un 80% de contenido argentino. A su vez, las empresas productoras quieren que el compromiso de inversión compensatorio por importar equipos usados empiece a regir recién al quinto año de entrada en vigencia del decreto. Es por eso quizás que aspiran a que, en una primera etapa, se extenderá entre 2022 y 2027, el compromiso de inversión sea equivalente al 20% del monto total involucrado en la importación. Después de 2027, proponen elevar ese guarismo hasta el 50%.

El principal fabricante local de equipos de perforación y completación de pozos es la compañía QM Equipment. La compañía tiene su fábrica en Mar del Plata y emplea a más de 230 trabajadores. Secco, por su parte, ensambla equipos para Halliburton. Y Palmero incursionó en la fabricación de fracturadores.

La gran discusión radica en Buenos Aires, en la posición arancelaria que recibirán los equipos que integran los sets de fractura, fundamentalmente por las bombas de alta potencia. Las petroleras y compañías de servicio pretenden que esa maquinaria integre un grupo o anexo reservado para los productos que no tienen fabricación local y que, por lo tanto, no exigen un compromiso de inversión compensatorio. Representantes del ámbito industrial se oponen en defensa de los establecimientos fabriles con capacidad de producción de esa tecnología.

En 2013, la capacidad de equipos de fractura instalada en el país era de 100.000 HHP. Hoy asciende a cerca de 600.000 HHP. Se espera que la versión definitiva de la norma se conozca en aproximadamente 15 días.

Gentileza Revista Petroquímica