Neuquén (EPatagonicas) 13 de Agosto. – Integrantes del Grupo de Dialogo Neuquén expusieron ayer en la comisión de Hidrocarburos y Energía de la Cámara de Diputados de Neuquén, sobre la necesidad de generar políticas públicas para la construcción de consenso, prevención y transformación de conflictos sociales en relación al desarrollo de Vaca Muerta. El debate con los diputados estuvo focalizado en las deficiencias de la política de responsabilidad social empresaria, el control del Estado, los intereses de los actores sociales y la dificultad de planificar la provincia.

En otro orden, el cuerpo votó por unanimidad el despacho de comunicación que impulsa la sanción del proyecto que amplía la exención del impuesto a los combustibles líquidos y el gas natural en la región patagónica. Se trata del proyecto de ley nacional -expediente 1167/15-, con media sanción en la Cámara de Senadores.

Al hablar, Pablo Lumerman –coordinador de Dialogo Neuquén junto a Javier Van Houte- detalló que la conformación del grupo tuvo sus fundamentos en el interés de distintas personas de vivir en una provincia “pacífica y sustentable” frente al impacto social que genera la explotación del yacimiento de shale Vaca Muerta. De la comisión participaron además Gustavo Nagel -representante neuquino en el directorio de YPF- Ramón Martinez Guarino y Cecilia Ines Barrera –Grupo escenarios- Francisco Mantilaro -Fundación Otras Voces- el profesor Silvio Winderbaum, Diego Manfio, Nicacio Antinao, y el jefe de noticias Canal 7, Ignacio Fabricio González, integrantes del grupo.

Entre los temas abordados, se discutió el rol social de las grandes empresas operadoras y el control del Estado. En este sentido, Luis Sapag –MPN-, presidente del cuerpo, se refirió a las deficiencias de la responsabilidad social empresaria –RSE- y afirmó que “así como está planteado, es una cuestión interna de la empresa”. El diputado explicó que el año pasado se presentó un proyecto que regula la responsabilidad social, ambiental y comunitaria e incorpora el concepto el “valor compartido”, el cual establece un compromiso de la empresa con proyectos para la sociedad. Mencionó que la iniciativa no contó con el beneplácito de las grandes operadoras. En este sentido, Nagel manifestó que el Estado tiene las herramientas para ejercer el poder sobre las empresas pero no lo hace y detalló que la responsabilidad social empresaria bien ejercida tiene recursos “incalculables” y están mal aplicados.

En otro momento, Martínez Guarino expresó que el impacto social de Vaca Muerta es “más importante” que el impacto ambiental, ya que la ruptura del entramado social “es muy difícil de mitigar”. Por su parte, el diputado Alejandro Vidal –UCR- opinó que existe una predisposición del Estado, las empresas y los vecinos “a estar en veredas opuestas,” y mencionó que la falta de planes urbanos ambientales en los municipios conlleva a una convivencia “sin reglas”. Beatriz Kreitman –CC ARI-, asimismo, dijo que el panorama para la provincia hoy es “negro,” y cuestionó la política de responsabilidad social empresaria; “es el Estado quien debe cobrarle a las empresas y planificar de acuerdo a las necesidades de la gente,” afirmó. En igual sentido, José Rioseco –FPN- opinó que es difícil creer las declaraciones juradas de las empresas y que en una sociedad seria, “la empresa paga y el Estado planifica”.

Estuvieron presentes los diputados Luis Sapag, Sergio Gallia, Beatriz Kreitman, Elena Jara Sandoval, Edgardo Della Gáspera, José Rioseco, Alejandro Vidal, Raúl Podestá, Eduardo Enríquez, Darío Lucca y Raúl Béttiga.