Buenos Aires (EP), 14 de agosto ‘25. El Instituto Argentino de Estudios Técnicos Económicos y Sociales (IAETES) alertó que el decreto de Milei que impulsa la reprivatización de las represas El Chocón, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados significa la pérdida de control soberano sobre activos estratégicos que generan energía limpia y barata para millones de argentinos. La medida, afirman, encarecerá tarifas, reducirá beneficios para Neuquén y Río Negro y debilitará la planificación energética del país.
El Instituto Argentino de Estudios Técnicos Económicos y Sociales del Sector Energético (IAETES) advirtió que el Decreto N.º 564/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, que impulsa la reprivatización de las represas El Chocón, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados, significa la entrega de un activo estratégico y un claro retroceso en la soberanía energética de nuestro país.
«El proceso de reprivatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue constituye una pérdida de control soberano sobre activos estratégicos que garantizan energía limpia, barata y estable para millones de argentinos. Lejos de ser una medida técnica neutra, representa una decisión política que condicionará, nuevamente, por décadas, la estructura de costos y la capacidad de planificación del sistema eléctrico», señalaron desde IAETES.
Tal como destacaron los especialistas del Instituto, las represas mencionadas, que fueron construidas con inversión estatal, aportan alrededor del 7 por ciento de la electricidad nacional y generan energía limpia y barata, clave para la competitividad y la seguridad energética.
Asimismo, el organismo remarcó que la medida impulsada por el gobierno de Javier Milei, no solo representará «la pérdida de control sobre la regulación de caudales y reserva estratégica de energía», si no que tendrá fuertes impactos negativos en materia energética, económica y federal, ya que generará «posibles aumentos en el costo de la electricidad por orientación privada hacia la rentabilidad, encareciendo tarifas para hogares, comercios e industrias», además de una «menor participación y beneficio para las provincias de Neuquén y Río Negro, dueñas de los recursos hídricos».
El IAETES también alertó sobre el costo social que implica el decreto privatizador de Milei – que por otra parte «presenta falta de transparencia y planificación, con cambios y prórrogas que dificultan el debate público» – dado que reducirá la posibilidad de aplicar tarifas sociales o priorizar objetivos productivos.
Por último, el Instituto recomendó «suspender el proceso, abrir un debate plural y priorizar un modelo de gestión que resguarde el interés nacional, la soberanía energética y el bienestar de la población».
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