Buenos Aires (EP), 27 de octubre ‘25. El Gobierno argentino enfrentará este miércoles una audiencia decisiva ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, instancia en la que comenzará a definirse si el país deberá pagar los US$16.000 millones más intereses que le impuso la jueza Loretta Preska por la expropiación de YPF durante el kirchnerismo. Se trata de una de las causas financieras más importantes en la historia judicial internacional de la Argentina.
Durante la audiencia, los abogados del Estado argentino, de YPF y del fondo demandante Burford Capital presentarán sus argumentos orales. La estrategia oficial apunta a revertir la condena o, en su defecto, reducir sustancialmente el monto, que con los intereses acumulados podría superar los US$20.000 millones, una cifra similar al swap financiero acordado con Estados Unidos durante la administración de Donald Trump.
Un funcionario del Ministerio de Economía explicó que el objetivo principal es “demostrar que la decisión de Preska fue excesiva e injustificada y que la Argentina actuó dentro de sus facultades soberanas”. Además, el Gobierno buscará evitar que los demandantes puedan reclamar acciones de YPF como forma de pago, algo que pondría en riesgo el control estatal sobre la petrolera.
El tribunal que deberá analizar el caso está integrado por José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson, tres magistrados designados por gobiernos demócratas, cuya composición generó expectativas moderadas en el entorno argentino, que confía en una mirada más equilibrada del conflicto. “Será una audiencia crucial, pero no definitiva”, advirtieron fuentes de Cancillería, ya que los jueces podrían tardar varios meses en emitir su veredicto, que se espera recién para los primeros meses de 2026.
Desde Burford Capital, el fondo que compró los derechos del reclamo original de Petersen Energía, manifestaron que el proceso podría extenderse hasta 2027 y que una salida negociada no está descartada. “Como todo litigio, conlleva riesgos significativos de imprevisibilidad hasta su resolución definitiva, incluyendo el riesgo de pérdida total”, señalaron en un comunicado oficial.
En caso de que la Cámara confirme la sentencia, el Gobierno argentino anticipó que apelará ante la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que abriría una nueva y prolongada etapa judicial. Aunque las partes han evaluado la posibilidad de un acuerdo extrajudicial, las diferencias sobre los montos y las condiciones siguen siendo amplias.
El abogado internacional Sebastián Soler recordó que el juez José Cabranes “ya intervino en el litigio con los fondos buitre por los bonos del default de 2001”, lo que constituye un antecedente relevante para el contexto actual. Para los especialistas, su experiencia en casos de deuda soberana podría incidir en la lectura jurídica del caso YPF.
Los expertos en derecho financiero coinciden en que este proceso podría redefinir los límites entre la soberanía económica y la responsabilidad internacional de los Estados. Si la Argentina logra revertir parcialmente el fallo, podría sentar un precedente a favor de la autonomía de las decisiones estatales en materia de política energética. Pero si la condena se ratifica, el país enfrentará una obligación económica de magnitud histórica que podría condicionar las finanzas públicas durante años.
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