Río Negro (EP), 6 de febrero ‘26. Un pedido de informes al Ejecutivo rionegrino exige precisiones sobre autorizaciones, impacto ambiental, beneficios fiscales y empleo local en los proyectos eólicos y de hidrógeno verde que avanzan en El Cuy y la Región Sur
Los proyectos eólicos y el Plan de Hidrógeno Verde que avanzan en el departamento de El Cuy y en la Región Sur de Río Negro quedaron en el centro de la polémica tras la presentación de un pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial. La iniciativa apunta a que la Secretaría de Energía y Ambiente, la Dirección de Tierras y la Agencia de Recaudación Tributaria detallen cuál es la situación real de estas iniciativas, qué empresas están involucradas y qué beneficios concretos dejan en la provincia y en las comunidades locales.
El planteo busca despejar interrogantes sobre el modelo de desarrollo energético que se impulsa en una de las zonas más postergadas de Río Negro. Entre los ejes centrales, se reclama información sobre las autorizaciones otorgadas, el impacto ambiental y territorial de los emprendimientos, el uso de tierras fiscales y privadas, y la existencia, si la hay, de una planificación estratégica provincial, frente a lo que se advierte como un esquema de habilitaciones aisladas a empresas privadas.
Desde la Legislatura se advirtió que el discurso oficial de desarrollo y transición energética no siempre se condice con datos claros y accesibles. En ese sentido, se cuestionó la falta de precisiones sobre quiénes aprobaron los proyectos, bajo qué condiciones y cuál es el retorno real para la provincia. El reclamo también pone el foco en la necesidad de garantizar controles efectivos, consulta a las comunidades y beneficios tangibles para la población local.
El pedido de informes incluye, entre otros puntos, el estado actual del proyecto de Hidrógeno Verde y la situación de la empresa Fortescue en Sierra Grande; el detalle de los parques eólicos aprobados o en trámite en El Cuy y la Región Sur; los contratos firmados con superficiarios y sobre tierras fiscales; el rol de Eólica Rionegrina S.A. y los cánones percibidos por la provincia.
Asimismo, se solicita información sobre el cumplimiento de la Consulta Libre, Previa e Informada a comunidades y pobladores, las Declaraciones de Impacto Ambiental, los estudios hídricos y de fauna, y los planes de remediación y cierre de los parques una vez finalizada su vida útil. Otro eje clave es el impacto fiscal: beneficios impositivos otorgados, recaudación efectiva y generación de empleo real para mano de obra local.
La iniciativa advierte que la instalación de aerogeneradores no puede presentarse como sinónimo automático de desarrollo si no existen reglas claras, control ambiental, transparencia y una distribución justa de los beneficios. En ese marco, se plantea la necesidad de asegurar compensaciones para las comisiones de fomento y los pobladores de la Región Sur.
El objetivo final del pedido es determinar si estos proyectos energéticos contribuyen efectivamente al desarrollo de Río Negro o si, por el contrario, reproducen un esquema extractivo en el que las ganancias se concentran fuera de la provincia, dejando pasivos ambientales y territoriales. La demanda de informes busca, en ese sentido, fortalecer la transparencia, la soberanía territorial y la justicia económica en una región históricamente relegada.
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Fotografía El Universal