La Pampa (EP), 25 de febrero ‘26. El gobierno de la provincia de La Pampa dejó sentada su posición contraria a la Ley de Glaciares durante la 55° Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), el órgano que reúne a las máximas autoridades ambientales de todas las jurisdicciones argentinas y la Nación, y que funciona como espacio clave de coordinación de políticas públicas en materia ambiental en Argentina.
Como se preveía, nuestra provincia quedó enfrentada una vez más a su vecina Mendoza, que estuvo entre las que votó a favor de la ley que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei. Ambas provincias arrastran varios conflictos ambientales pero llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el conflicto por el río Atuel, por el cual el máximo organismo judicial ya falló dos veces en favor de la postura pampeana.
A favor y en contra.
La reunión del Cofema, realizada ayer, tuvo como eje central el tratamiento del proyecto de modificación de la Ley de Glaciares (Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial), así como el análisis del trabajo técnico previo desarrollado por la Comisión de Asesoramiento Legislativo del Consejo. Las 21 jurisdicciones que participaron evidenciaron fuertes diferencias políticas y técnicas en torno a la iniciativa.
La Pampa estuvo representada por la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso.
En un parte de prensa, el gobierno provincial informó que el resultado de la votación reflejó un escenario de paridad y fragmentación: “Ocho jurisdicciones votaron en contra: La Pampa, Buenos Aires, Santa Cruz, La Rioja, Jujuy, Córdoba, Formosa y Santa Fe; ocho a favor: Mendoza, San Juan, Chaco, Entre Ríos, Tucumán, Catamarca, Salta y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cinco se abstuvieron: Neuquén, Chubut, Misiones, Santiago del Estero y Corrientes y tres estuvieron ausentes: Río Negro, Tierra del Fuego y San Luis”.
“La división exacta entre votos afirmativos y negativos, sumada a un número significativo de abstenciones, evidencia la falta de consensos en torno a una norma que regula bienes ambientales críticos como el agua de origen glaciar”, sostuvieron.
El agua en riesgo.
La Pampa expresó una postura crítica frente al proyecto de reforma, advirtiendo que, bajo el argumento de fortalecer la autonomía provincial, se podría producir un debilitamiento efectivo de los presupuestos mínimos de protección ambiental establecidos a nivel nacional.
El gobierno de Sergio Ziliotto sustenta esa postura en una interpretación constitucional que articula el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias (artículo 124) con la responsabilidad indelegable del Estado nacional de fijar estándares mínimos de protección ambiental (artículo 41).
“Desde esta perspectiva, cualquier modificación que fragmente esos estándares podría derivar en asimetrías regulatorias y en una competencia entre jurisdicciones. En este sentido, desde la representación provincial se advirtió que ‘cualquier modificación al régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares debe preservar y fortalecer el carácter de los presupuestos mínimos ambientales, garantizar la gestión integral de cuencas interjurisdiccionales y asegurar que ninguna provincia vea comprometido su derecho a un ambiente sano por decisiones adoptadas fuera de su territorio’”.
¿Ríos contaminados?
La Pampa teme que los proyectos mineros de oro y cobre que el gobierno de
Mendoza impulsa en el Departamento de Malargüe tengan un impacto negativo en las aguas del río Grande, que es el principal afluente del río Colorado, el cual es utilizado en nuestro territorio tanto con fines productivos como proveedor de agua para consumo humano.
“La Pampa remarcó además su condición de provincia aguas abajo, cuya disponibilidad hídrica depende de cuencas interprovinciales como las de los ríos Colorado y Atuel. En este sentido, advirtió que decisiones adoptadas en territorios aguas arriba tienen impactos directos sobre su ambiente, su producción y su desarrollo social. El documento presentado subraya que la fragmentación de la evaluación de impacto ambiental y la ausencia de mecanismos federales robustos de coordinación pueden agravar conflictos interprovinciales y debilitar la gestión integral de cuencas. En esa línea, La Pampa hizo hincapié en que sin un Estado nacional fuerte que garantice reglas comunes, las provincias aguas abajo quedan en una situación de desventaja estructural frente a decisiones adoptadas fuera de su territorio”, explicaron.
Las autoridades pampeanas creen que lo ocurrido en la Asamblea del Cofema pone de relieve una discusión de fondo: el modelo de gobernanza ambiental en Argentina. “Para La Pampa, la protección de estos ecosistemas no puede quedar sujeta a decisiones unilaterales ni a enfoques fragmentados”, indicaron. Por el contrario, postularon que requiere una visión federal cooperativa, con reglas claras, homogéneas y un Estado nacional activo que garantice el interés ambiental común.
“Catástrofe ambiental”.
El senador nacional por La Pampa, Daniel Bensusán (PJ), expresó su preocupación ante la posibilidad de que el próximo jueves se modifique la Ley Nacional de Glaciares y advirtió que “cualquier flexibilización en la protección de estos ecosistemas tendría consecuencias directas y negativas para la provincia”.
“Este proyecto puede traer consecuencias catastróficas para el ambiente y el desarrollo productivo regional. En especial para La Pampa”, subrayó.
Y añadió: “Debemos pensar que las inversiones que fortalezcan a nuestras economías son bienvenidas, pero no a costa de la destrucción de nuestros recursos naturales. La actividad minera no debe transformarse en una condena a muerte para las riquezas de nuestro suelo, y menos perjudicando a los argentinos”.
En este sentido añadió que “puede parecer una discusión lejana, pero para La Pampa no lo es en absoluto. Los glaciares y los ambientes periglaciares son la fuente de los ríos Atuel y Colorado, cursos de agua interjurisdiccionales que resultan vitales para el desarrollo productivo, el consumo humano y el equilibrio ambiental pampeano”, sostuvo el legislador.
Bensusán remarcó que, aunque La Pampa no tiene glaciares en su territorio, depende directamente de ellos. “Cada decisión que se toma aguas arriba impacta aguas abajo. Y nuestra provincia ya tiene una larga historia de perjuicios por decisiones unilaterales, especialmente de Mendoza, que luego derivan en conflictos y judicializaciones”, señaló.
Alertó que delegar en las provincias la posibilidad de definir qué glaciares o ambientes periglaciares deben protegerse y cuáles no “debilita el carácter federal de la normativa ambiental y deja a provincias como La Pampa en una situación de extrema vulnerabilidad”.
“El agua no reconoce límites políticos. Por eso necesitamos reglas claras, criterios científicos y una mirada nacional que garantice la protección de un recurso estratégico para todos”, afirmó.
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Fotografía Municipalidad de Río Colorado