Chubut (EP), 14 de abril ‘26. La energía en Chubut ya tiene una nueva pieza central y no se limita a mover papeles dentro del Estado. La provincia puso en marcha Energía Pública del Chubut S.A.U. (EPECH) con un capital inicial de 1.000.000.000 de pesos y con una estructura que combina cuadros técnicos con funcionarios de fuerte cercanía al gobernador Ignacio Torres. Detrás de la formalización aparece una señal más amplia: el Gobierno quiere intervenir de manera directa en un negocio estratégico y, al mismo tiempo, dejar abierta la puerta para futuros inversores.
La nueva empresa quedó diseñada con base en Rawson, aunque su radio de acción promete llegar bastante más lejos que la capital provincial. El esquema societario reserva para el Estado el 60 por ciento de las acciones y deja el 40 por ciento restante para una eventual oferta pública. Ese reparto no solo marca quién manda desde el arranque, también muestra que la provincia busca una herramienta propia para operar en el mercado energético sin cerrar del todo el ingreso de capitales externos.
La elección de las autoridades confirma que la empresa no nace como una oficina técnica aislada del poder político. Al frente quedó Carlos Fabián Piguala, ingeniero mecánico de Comodoro Rivadavia, con paso por firmas privadas y también por la Sociedad Cooperativa Popular Limitada. Su perfil aparece atado a una necesidad concreta: darle conducción operativa a un actor que deberá moverse dentro del Mercado Eléctrico Mayorista del Chubut (MEMCH), uno de los espacios donde la provincia quiere ganar peso propio.
A su lado se acomodó una conducción que mezcla perfiles profesionales con nombres del núcleo duro de la gestión. La vicepresidencia quedó para el ingeniero civil José Manuel González Alvado, vinculado al área de infraestructura provincial. Entre los directores titulares figuran Macarena Ayelén Acuipil, actual secretaria general de Gobierno, además de Ramiro Daniel Outeda y Fernando Nicolás Fantín, dos nombres ligados a la comunicación pública y a la gestión política del gabinete.
Ese reparto interno deja ver que la empresa no se pensó únicamente para administrar energía en sentido clásico. También se diseñó como una estructura de conducción con terminales directas en el oficialismo, algo que le da volumen político pero también la obliga a rendir resultados en un terreno sensible. Cuando una firma estatal nace con semejante respaldo, lo que se pone en juego no es solo su funcionamiento administrativo, sino la capacidad real de transformar esa arquitectura en decisiones concretas dentro del mercado.
La vigilancia sobre esa operatoria quedó en manos de una Comisión Fiscalizadora que suma nombres del mundo jurídico y del propio Estado provincial. Los síndicos titulares serán el abogado José Manuel Pendón y Rodrigo Mariano Miquelarena, actual subsecretario de Justicia. Como síndica suplente fue designada la abogada Viviana Caren Lloyd, que también cumple funciones en la Subsecretaría de Trabajo.
La presencia de funcionarios y exintegrantes de áreas sensibles del Estado en los organismos de control confirma que el Gobierno busca mantener cerca cada movimiento de la flamante sociedad. Miquelarena, por ejemplo, llega a ese rol después de integrar la Fiscalía de Estado, un recorrido que refuerza el carácter político e institucional del armado. En ese punto, EPECH no solo aparece como una empresa con capacidad operativa, sino como una herramienta que el Ejecutivo quiere seguir de cerca en cada tramo de su funcionamiento.
El dato más fuerte, sin embargo, está en el alcance que le dieron al objeto social. EPECH no se limitará a distribuir o administrar electricidad, porque el estatuto la habilita a investigar y explotar recursos renovables con foco en el hidrógeno. Esa amplitud la coloca en un terreno mucho más ambicioso, donde la provincia intenta posicionarse frente a negocios de mediano y largo plazo que hoy despiertan interés económico y expectativa política.
La expansión no termina ahí. La nueva sociedad también podrá intervenir en el mercado de las comunicaciones y telecomunicaciones, un detalle que cambia por completo la dimensión del proyecto. Con esa habilitación, el Gobierno provincial suma una estructura capaz de intervenir tanto en temas energéticos como en áreas vinculadas con la conectividad, un cruce que abre margen para disputar presencia en sectores clave del entramado productivo chubutense.
Con ese tablero ya definido, la empresa estatal empieza su recorrido con una conducción cerrada, un capital fuerte para el punto de partida y una hoja de ruta mucho más amplia que la de una operadora eléctrica tradicional. La discusión de fondo ya no pasa solo por su creación formal, sino por el uso que hará el Gobierno de esta herramienta en un mercado donde conviven intereses públicos, negocios privados y decisiones que impactan sobre toda la provincia. En esa tensión empezará a medirse el verdadero peso de EPECH.
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Fotografía Primera Hora