Santa Cruz (EP), 12 de junio ‘26. Mientras la minería sostiene inversiones, exportaciones y empleo, crece la presión para que absorba una crisis que no generó.
La crisis que atraviesan otros sectores económicos en Santa Cruz, como el hidrocarburífero, construcción o la pesca, ha reabierto un debate que aparece cada vez con más fuerza en la agenda pública: ¿puede la minería convertirse en la solución para los trabajadores afectados por la caída de la actividad petrolera?
La pregunta parece razonable. Después de todo, la minería es hoy una de las pocas actividades económicas de la provincia que mantiene operaciones activas, exploración en marcha, inversiones sostenidas y niveles de exportación que continúan posicionando a Santa Cruz entre las principales jurisdicciones mineras del país.
Sin embargo, detrás de esa expectativa comienza a instalarse una idea que merece un análisis más profundo: la creencia de que las empresas mineras deberían absorber automáticamente a los trabajadores desplazados del petróleo u otras actividades.
El planteo parte de una preocupación legítima por el empleo, pero omite una realidad difícil de ignorar. Ninguna actividad económica puede incorporar personal masivamente por decisión política, sindical o mediática. Las contrataciones responden a necesidades operativas concretas y a proyectos específicos.
Durante años, la minería santacruceña incorporó trabajadores provenientes del sector petrolero. Mecánicos, electricistas, soldadores, operadores de equipos pesados, personal de mantenimiento y especialistas en seguridad industrial encontraron oportunidades dentro de la actividad minera gracias a competencias que resultan transferibles entre ambos sectores.
Por eso, el principal obstáculo no parece ser una supuesta incompatibilidad entre petroleros y mineros. La experiencia demuestra que esa transición es posible y que ya ocurrió en numerosas oportunidades.
El verdadero cuello de botella pasa por otro lado.
La minería no posee la capacidad estructural para absorber una crisis petrolera de gran escala. Si el sector hidrocarburífero pierde cientos o miles de puestos de trabajo, simplemente no existen cientos o miles de vacantes mineras disponibles para compensar automáticamente esa situación.
La diferencia es sustancial.
Mientras el debate público gira en torno a qué debería hacer la minería, pocas veces se discute por qué la provincia continúa dependiendo de tan pocas actividades productivas para sostener el empleo privado.
En ese contexto, resulta llamativo que sobre la única industria que actualmente mantiene producción, inversiones y exportaciones recaiga una creciente presión para resolver problemas que exceden ampliamente sus posibilidades.
La discusión se vuelve todavía más compleja cuando algunos sectores reclaman simultáneamente mayores aportes económicos, modificaciones en los esquemas de distribución de recursos, nuevas exigencias regulatorias y más responsabilidades para la actividad minera.
La contradicción es evidente: se le pide a la minería que genere más empleo, absorba trabajadores de otros sectores y sostenga la economía provincial, mientras al mismo tiempo se promueven medidas que podrían afectar su competitividad y su capacidad de inversión.
La situación obliga a formular una pregunta incómoda pero necesaria.
¿Es realmente la minería el cuello de botella del empleo en Santa Cruz o se le está exigiendo resolver una crisis que no generó?
Quizás la discusión de fondo no deba centrarse en cuánto más puede aportar la minería, sino en cómo construir una matriz productiva capaz de generar oportunidades más allá de una sola actividad.
Porque si cada crisis termina buscando refugio en el mismo sector, el problema probablemente no esté en la minería, sino en la ausencia de alternativas suficientes para acompañar el desarrollo de la provincia, lo que nos lleva al siguiente debate:
¿QUIÉN DECIDIÓ QUE LA MINERÍA DEBE SALVAR A TODA SANTA CRUZ?
La premisa parte de una preocupación legítima. La provincia atraviesa un escenario complejo marcado por la retracción de la actividad petrolera, la incertidumbre sobre el desarrollo de nuevos proyectos hidrocarburíferos, las dificultades que enfrenta la pesca y la fuerte desaceleración que golpea a la construcción. Sin embargo, detrás de esa expectativa aparece una pregunta que pocos parecen estar dispuestos a formular: ¿por qué la responsabilidad de absorber esa crisis recae exclusivamente sobre la minería?
Durante años, la actividad minera incorporó trabajadores provenientes de otros sectores. Mecánicos, electricistas, soldadores, operadores de equipos pesados, especialistas en mantenimiento y personal de seguridad industrial encontraron oportunidades laborales gracias a competencias que podían adaptarse a las necesidades de las operaciones mineras. La experiencia demuestra que la transición es posible y que ya ocurrió en numerosas ocasiones.
Pero una cosa es incorporar trabajadores cuando existen vacantes y necesidades operativas concretas, y otra muy distinta es pretender que una industria absorba por sí sola una crisis laboral provincial.
Sin embargo, reducir el problema únicamente a los trabajadores petroleros sería una simplificación que no refleja la realidad actual de Santa Cruz. Entre quienes buscan una oportunidad laboral en la minería también aparecen trabajadores de la construcción afectados por la paralización o desaceleración de obras, y empleados vinculados a la actividad pesquera, golpeada por la migración de los recursos, la caída de la rentabilidad y las dificultades que atraviesa el sector.
A esto se suma la compleja situación de los hidrocarburos, marcada por la salida de YPF de áreas maduras, la incertidumbre sobre la velocidad de desarrollo de Palermo Aike y la falta de inversiones capaces de compensar rápidamente esa retracción.
En ese contexto, la minería parece haberse transformado en el destino obligado para todos aquellos sectores que hoy enfrentan dificultades. Pero la actividad minera continúa desarrollándose bajo sus propios tiempos, con ciclos de inversión que suelen medirse en años, exigencias técnicas específicas, procesos de capacitación permanentes y necesidades operativas concretas.
El principal cuello de botella no parece ser la falta de voluntad de las empresas para contratar trabajadores provenientes de otros sectores. Tampoco una supuesta incompatibilidad entre petroleros, constructores, pescadores y la actividad minera. El verdadero límite está dado por una cuestión mucho más simple: la minería no tiene capacidad para absorber de manera inmediata y masiva todos los puestos de trabajo que otras actividades están perdiendo.
La paradoja es evidente. Mientras se le exige convertirse en la solución al desempleo provincial, la minería enfrenta simultáneamente presiones para incrementar aportes en regalías, responder a nuevas exigencias regulatorias y cumplir con los objetivos establecidos por el régimen de contratación local conocido como 90/10. Todo esto ocurre mientras el propio Estado continúa buscando respuestas para una problemática estructural que excede largamente a cualquier industria en particular.
Santa Cruz enfrenta hoy un desafío mucho más profundo que la reconversión de trabajadores de un sector hacia otro. Lo que está en discusión es la capacidad de la provincia para construir una matriz productiva diversificada que no dependa exclusivamente de una sola actividad cuando las demás atraviesan dificultades.
Porque si cada crisis termina buscando refugio en la minería, quizás la pregunta ya no sea cuánto más puede hacer la actividad minera, sino por qué el resto de la economía provincial no logra generar alternativas suficientes para acompañar el desarrollo y sostener el empleo de los santacruceños.
Gentileza https://extremominero.com.ar/