Chubut (EP), 9 de julio ‘26. Sólo 293 pozos fueron abandonados en Campamento Central durante los últimos 20 años. Los datos permiten poner en perspectiva el debate por los 25 millones de dólares, la indemnidad otorgada a YPF y un problema que durante décadas casi no ocupó la agenda pública.
Mientras oficialismo y oposición discutieron el alcance de la cláusula de indemnidad incorporada al acuerdo aprobado por la Legislatura, los registros históricos de la actividad petrolera permiten sumar otra mirada: cuántos pozos fueron realmente abandonados en las últimas dos décadas, qué diferencia existe entre un pozo inactivo y uno abandonado y por qué esa discusión recién ahora comenzó a formar parte de la agenda pública.
Durante el debate por el acuerdo entre la Provincia e YPF, la oposición cuestionó que el convenio implique liberar de responsabilidades a la operadora, a cambio de 25 millones de dólares, mientras el oficialismo sostuvo que la responsabilidad por daños al ambiente continuará recayendo sobre los nuevos operadores.
Detrás de esa discusión jurídica existe una realidad mucho más amplia. Comodoro Rivadavia convive desde hace más de un siglo con miles de perforaciones petroleras distribuidas dentro y fuera del ejido urbano. Si pudiera observarse el subsuelo desde el aire, buena parte de la ciudad se parecería a un enorme queso gruyere.
El pasivo ambiental comprende distintos tipos de daños que deja la actividad petrolera: suelos contaminados, antiguas piletas, instalaciones fuera de servicio, cañerías y también pozos que deben ser correctamente abandonados cuando dejan de producir. En el caso de Comodoro, este último aspecto explica buena parte de la preocupación.
LOS 1.700 POZOS QUE SIGUEN ABIERTOS
El relevamiento que lleva adelante la Municipalidad identificó, hasta finales del año pasado, alrededor de 1.700 pozos ‘inactivos’ dentro del ejido urbano. La calificación no significa que estén ‘abandonados’.
La diferencia técnica es importante. Un pozo abandonado fue sellado conforme a procedimientos establecidos por la normativa nacional. En cambio, un pozo inactivo permanece técnicamente abierto: el reservorio continúa comunicado con la superficie y, según sus condiciones, puede presentar riesgos de surgencias de gas o petróleo.
El estudio municipal también detectó más de 150 pozos cuya ubicación exacta todavía no pudo determinarse por diferencias entre antiguos sistemas de coordenadas y los actuales. En algunos casos, incluso, las perforaciones quedaron dentro de terrenos hoy ocupados por viviendas.
QUÉ SE DEBE HACER CON LOS POZOS ‘INACTIVOS’
Como nueva operadora del área Campamento Central, que es la coincide con el ejido urbano, la compañía PECOM debe evaluar cuántos de esos pozos podrían ser puestos nuevamente en producción. Y cuántos no serán viables, para proceder a los trabajos de abandono, según la normativa de seguridad vigente.
Es decir que los pozos inactivos aún no se catalogan como ‘pasivos ambientales’. Según se precisó desde la Subsecretaría de Ambiente del municipio, están en una ‘zona gris’, porque de hecho formaron parte del valor de la compañía al momento de la transferencia, por su potencial productivo.
Sin embargo, hay otras instalaciones, con alrededor de 4.000 pozos en todo el ejido urbano de la ciudad, entre activos, inactivos y abandonados, que pueden transformarse en daño ambiental, sobre todo si los que fueron abandonados con técnicas anteriores a las vigentes desde el año 1996, presentan inconvenientes.
CUÁL ES LA CONSECUENCIA DE LA LEY APROBADA EL JUEVES
Si en el futuro se detectara un daño vinculado con un pasivo ambiental preexistente comprendido en el acuerdo, la Provincia renunció a formular reclamos contra YPF por esos conceptos. Según el Gobierno provincial, la obligación de remediación pasa al nuevo operador. La oposición sostiene que esa cláusula implica una liberación de responsabilidad que no debió otorgarse.
Si en el futuro apareciera una contingencia ambiental vinculada con instalaciones comprendidas en el acuerdo aprobado por la Legislatura, la Provincia ya no podrá formular reclamos contra YPF por esos pasivos.
Según el esquema aprobado, las tareas de remediación quedarán a cargo del nuevo operador. En cambio, cuando se trate de instalaciones originadas antes de 1991 -es decir, anteriores a la transformación de YPF en sociedad anónima- la eventual responsabilidad continúa alcanzando al Estado nacional, conforme al régimen legal vigente.
Ese dato ayuda a entender por qué todavía hoy se registran surgencias en distintos puntos de la ciudad. Muchos de los pozos fueron abandonados cuando aún no regían los procedimientos técnicos establecidos por la Resolución 5/96, mientras que la determinación de las responsabilidades jurídicas depende, además, de si esas instalaciones son anteriores o posteriores a la transformación de YPF en sociedad anónima, en 1991.
LOS NÚMEROS QUE CASI NUNCA FUERON NOTICIA: CUÁNTOS POZOS SE ABANDONARON EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS
Los registros históricos de la Secretaría de Energía permiten poner el debate en perspectiva.
En enero del año 2005, Campamento Central registraba 1.695 pozos abandonados. Veinte años después, en enero de 2025, la cifra ascendía a 1.988. Es decir, en dos décadas se sellaron con normas de seguridad, en el ejido urbano comodorense, apenas 293 pozos.
Dentro de esa evolución aparece un período particularmente significativo. Cuando la Provincia prorrogó la concesión de YPF en 2013, contabilizaba 1.759 pozos abandonados. Cinco años después, al concluir el programa ambiental previsto en aquel acuerdo, el número había crecido hasta 1.872. Fueron 113 abandonos adicionales registrados entre 2013 y 2018.
El dato cobra relevancia porque durante el debate legislativo tanto el vicegobernador Gustavo Menna como el exministro de Hidrocarburos Ezequiel Cufré recordaron que aquella renegociación contempló alrededor de 20 millones de dólares destinados a obras ambientales.
El vicegobernador sumó ese antecedente para comparar con el monto acordado en el nuevo acuerdo, por valor de 25 millones de dólares. El actual concejal, sin embargo, le recordó que en aquel convenio no se le entregó un “finiquito” sobre la responsabilidad ambiental a la operadora, como sí ocurrió en el nuevo convenio.
Para el Gobierno provincial, esa cláusula no implica que desaparezcan las obligaciones ambientales, sino que pasan a recaer sobre el nuevo operador de las áreas. La oposición interpreta que, en los hechos, YPF queda desligada de responsabilidades que debería conservar.
Los registros oficiales muestran que durante el programa ejecutado entre 2013 y 2018 aumentó la cantidad de pozos abandonados, aunque no es posible atribuir ese resultado exclusivamente a aquellos fondos. El plan también financió otras tareas de saneamiento y la liberación de tierras de los antiguos talleres de Kilómetro 5, donde luego se desarrollaron nuevos emprendimientos urbanos, como recordó esta semana el intendente Othar Macharashvili.
UN ANTECEDENTE QUE VOLVIÓ AL DEBATE
Durante la discusión también reapareció otro episodio poco recordado.
Algunos legisladores del oficialismo señalaron que en 2017, cuando Sinopec dejó el área Bella Vista Oeste -luego transferida a CAPSA-, no existió una auditoría ambiental de cierre ni una compensación económica específica comparable con la acordada ahora para la salida de YPF.
El argumento buscó responder a quienes califican el convenio actual como un antecedente inédito. Para el oficialismo, el retiro de operadoras de áreas maduras ya tuvo antecedentes en la cuenca y, en aquel momento, la discusión ambiental prácticamente no ocupó el centro de la escena pública.
Se trata de un área chica, de menor volumen, que no resulta comparable a lo que deja hoy YPF, pero que tampoco puede minimizarse.
En todo caso, el antecedente refleja que el debate ambiental no siempre ocupa un lugar prioritario en la agenda pública. El sayo de la responsabilidad le cabe a más de un sector político.
Gentileza https://www.adnsur.com.ar/